Uno de los reclamos más frecuentes tanto de contribuyentes como de los colegios de contadores están vinculados a los exiguos plazos que existen entre la publicación de las resoluciones de la AFIP y los vencimientos efectivos. Otro reclamo muy frecuente es la relación con la página web, medio por el cual se cumplen con las obligaciones formales con el organismo. 

Para resolver estas cuestiones vinculadas a los derechos de los contribuyentes, diputados de JXC encabezados por Mariana Stilman, de la Coalición Cívica, presentaron un proyecto de ley que propone crear un Defensor Federal del Contribuyente, algo así como un "OMBUDSMAN" de los contribuyentes que pueda defender los derechos de los ciudadanos en materia fiscal. 

Defensor de contribuyentes: la iniciativa de Juntos por el Cambio

La idea es crear una nueva figura que, así como el Defensor del Pueblo o el de los Niños, Niñas y Adolescentes, pueda ejercer un control independiente de los entes de administración tributaria y cumpla un efectivo rol de observancia de las resoluciones y normas emanadas de la AFIP que eventualmente puedan perjudicar a los contribuyentes. 

"Hay una insuficiente representación política en los aspectos que hacen a la defensa y protección de las garantías fiscales de los habitantes de nuestro país. Es necesario saldar esta deuda de representación, creando una figura que sea la encargada de velar de manera idónea y profesional por los derechos en materia fiscal de los contribuyentes", aseguró Stilman, de la Coalición Cívica. 

Para la diputada, la AFIP "muchas veces tiene una tarea persecutoria por un lado pero relaja los controles por el otro lado" y explicó que el Defensor del Contribuyente podría actuar "cuando el organismo fiscal emita resoluciones que perjudiquen a los contribuyentes y actúe en defensa de sus derechos". 

"Que sea una piedra en el zapato y ejerza realmente ese control que necesitan los contribuyentes para que puedan reclamar y resolver una cuestión colectiva", precisa Stilman, quien consideró que sería fundamental en el caso de las importaciones para destrabar algunas situaciones y para que se pueda importar sin tantas vueltas. "Sería muy útil para estos casos".

El proyecto busca afianzar una nueva cultura tributaria, incentivando el cumplimiento voluntario a través de una relación de confianza mutua entre el Estado y el contribuyente, fortaleciendo la educación fiscal y la comunicación institucional abierta y transparente del Organismo recaudador. 

Según esta iniciativa, "el poder que el Estado ejerce, en la forma de establecer y cobrar tributos, no puede ni debe ser ilimitado. Es de necesidad radical establecer mecanismos de control y representación que aseguren el respeto hacia el sujeto más débil en esta relación de Estado-contribuyente, que sin dudas es el sufrido contribuyente argentino". 

Si bien actualmente dentro de la AFIP existe un Programa de Asistencia al Ciudadano, que puede receptar denuncias o reclamos, esa dependencia funciona dentro del ente fiscal y aunque cuenta con personal especializado, en general no resuelve el problema. 

Diversos tributaristas destacaron que para producir una verdadera mejora institucional entre el órgano administrador y los contribuyentes se debe dotar a través de un Organismo ad hoc un control independiente de los entes de administración tributaria para cumplir un efectivo rol de observancia de las resoluciones y normas dispuestas por la AFIP. 

Un Ombudsman para contribuyentes de AFIP 

Una especie de defensor del pueblo, pero para temas impositivos, previsionales y aduaneros, tal como existe en otras partes del mundo y así proteger los derechos de quiénes pagan sus impuestos. 

El Defensor Federal del Contribuyente durará 8 años en su cargo y deberá ser abogado o contador y tener experiencia en materia fiscal, por lo menos de 5 años anteriores a su designación. Entre los requisitos para su designación se establece que no debe haber ocupado cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, ni haber sido funcionario de la Administración de Ingresos Públicos, (AFIP), en los últimos tres años previos a su nombramiento. 

Para decenas de contadores, el plazo entre las resoluciones y los vencimientos de AFIP son insuficientes.

Para lograr mayor independencia, su designación será similar a la del titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), conforme lo establecido en el artículo 85 de la Constitución Nacional y podrá ser destituído por Juicio político. Es decir, que será designado a propuesta del partido político de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. 

El Defensor estará acompañado por seis consejeros independientes. Tres serán elegidos por votación de los Colegios Públicos de Abogados de todo el país y 3 elegidos por todos los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de toda la República.  

Aunque sus informes o pronunciamientos pueden carecer de fuerza vinculante, no dejan de constituir un freno para eventuales abusos contra los contribuyentes. 

A través de esta nueva figura lo que se busca es "garantizar el derecho de los contribuyentes en materia fiscal en el orden federal, mediante la asesoría, representación y defensa, recepción de quejas y emisión de recomendaciones". 

La iniciativa establece que se tratará de un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y presupuesto propio, con autonomía técnica, funcional y de gestión.  

Fija además que el presupuesto para su funcionamiento será elaborado por la propia Defensoría, con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley Presupuesto y será enviado a la Secretaría de Hacienda para su incorporación, en los términos de los criterios generales de política económica, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado Nacional.  

Aunque AFIP cuenta con un área para atender reclamos de usuarios, la oposición quiere crear un organismo independiente.

Defensor de contribuyentes: multas y funciones

Los servicios que prestará la Defensoría se otorgarán exclusivamente a petición de parte interesada, por el Defensor Federal del Contribuyente, y por los Delegados Regionales, debiendo contar mínimamente con un Representante y el personal jurídico y administrativo necesario por cada Delegación Regional. 

Para canalizar los reclamos, el ombudsman del contribuyente podrá solicitar a las autoridades o agentes públicos a quiénes se les imputen violaciones de derechos de los contribuyentes, la presentación de un informe, así como otra documentación que considere necesaria para acreditar el reclamo. 

Dentro de los cinco días, este funcionario realizará una recomendación analizando los hechos para determinar su las autoridades o los agentes violaron los derechos de los contribuyentes. 

Los agentes públicos de las autoridades Tributarias Nacionales podrán ser sancionados con una suma de entre cinco y diez salarios mínimos vitales y móviles, cuando no entreguen la documentación requerida y se los sancionará cuando se nieguen a cumplir con la recomendación que se les realice cuando el problema planteado sea anulado con una resolución definitiva. 

En caso de que no se comprueben las irregularidades imputadas, la Defensoría en el término de cinco días, después de recepcionado el informe de las autoridades responsables, dictará resolución desestimando el reclamo.