Este lunes se confirmó la intervención estatal del la distribuidora eléctrica Edesur, operada actualmente por la italiana ENEL. La firma cierra así un verano ruinoso: a la ola de cortes en el área metropolitana, que también desnudó las falencias que tiene Edenor, se sumaron denuncias penales de distintos municipios. También hay un plan del ENRE para que el Congreso analice quitarle la concesión y ahora se sumó otra denuncia, muy poco conocida, que podría implicar un desembolso reparatorio de 7.000 pesos para cada usuario residencial. El caso está desde hace años en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.  

La controversia gira en torno a la readecuación de la concesión que firmaron las distribuidoras en 2006 y se reactivó con el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui y su par de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico de la Nación, Juan Antonio Garade. La denuncia contra ellos, a la que accedió iProfesional, fue presentada por el diputado nacional Rodolfo Tailhade del Frente de Todos. Es titular de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja y representante en el Consejo de la Magistratura. Con ese rol, el legislador es uno de los más rechazados y temidos por sus pares de Juntos por el Cambio.

El kirchnerismo denunció a exfuncionarios macristas

En este caso, Taihlade denunció a Lopetegui y Garade por considerarlos "partícipes y  encubridores" por "los delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad". Así se metió en dos temas sensibles para la principal coalición opositora, pero en especial para el PRO. Cuestionó a Capuchetti por tener esa investigación "pisada" desde hace tres años y recordó el incumpliento de una adecuación de la concesión que debería haber derivado en resarcimientos para todos los usuarios, porque las distribuidoras no habían cumplido con la calidad acordada del servicio eléctrico.

El origen de la disputa está en las "Actas Acuerdo de Renegociación Contractual", firmadas hace 17 años que establecieron con retroactividad "un período de transición de la concesión entre el 6 de enero de 2002 y el 31 de julio de 2006 para EDENOR S.A. y 1° de julio de 2006 para EDESUR S.A". Ese plazo fue prorrogado al año siguiente por la secretaría de Energía en 2007, que estableció que sería aplicable hasta que se implementara la "Revisión Técnica Integral". Finalmente ese cuadro tarifario entró en vigencia diez años después, a partir del 1° de febrero de 2017, cuando el entonces presidente Mauricio Macri puso en marcha el descongelamiento de las tarifas de servicios públicos.

La clave de las tensiones entre el Estado y las dos distribuidoras pasa por dos zonas sensibles. El apartado 5.2 y el 5.4 de las actas acuerdo. En el primero "se estableció un régimen de calidad para la prestación del servicio, y se determinó una calidad media de referencia consistente en el promedio de los índices de calidad de prestación del servicio registrados durante el período de los años 2000 – 2003, expresado por los indicadores de frecuencia y duración de interrupciones".

En el 5.4 también "se estableció que los montos de las sanciones podrían ser destinados por el concesionario a la ejecución de inversiones adicionales a las previstas". Esa posibilidad sólo podría ser ejecutable "siempre y cuando el concesionario hubiera logrado mantener una calidad de servicio semestral, medida por indicadores de frecuencia y duración de interrupciones, superior a los índices de la calidad media de referencia".

Si eso no sucedía, entonces "las sanciones debían ser abonadas de acuerdo al régimen establecido en el contrato de concesión, es decir acreditándose esas sumas en las cuentas de los usuarios".

Ofensiva contra Edesur: ¿qué plantea la denuncia de Tailhade?

La denuncia recuerda que "EDENOR S.A. sólo ha cumplimentado con los parámetros de calidad en el semestre vigésimo de la concesión (período comprendido entre marzo a agosto 2006) y en el semestre vigésimo segundo (marzo a agosto 2007), mientras que "EDESUR S.A. sólo ha cumplimentado con los parámetros de calidad en el semestre vigésimo (marzo a agosto 2006)".

Con tan pocos períodos de cumplimiento de la media de calidad acordada "los montos de las multas deberían haber sido abonados a los usuarios perjudicados por el accionar de las concesionarias". Para el denunciante, "el total actualizado de las multas ascendería a 35 mil millones de pesos (...) que significaría una acreditación de 7 mil pesos por usuario. Sin embargo, al parecer se ha reconocido por parte del Gobierno –se reitera, sin la intervención del ENRE- la suma de 7 mil millones de pesos en concepto de deuda por multas de ambas concesionarias. Es decir, mil doscientos pesos por usuario aproximadamente", resumió Tailhade en el escrito.

Las actas de acuerdo se activaron a partir del 28 de febrero de 2019, cuando la Nación les transfirió el control jurisdiccional del servicio eléctrico a la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

Fue firmado por el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta. En el "Acuerdo para la transferencia de jurisdicción del servicio público de distribución eléctrica", los tres firmantes consideraron "necesario que, en el marco de dicha transferencia, se dé una solución integral a los reclamos pendientes entre el Estado Nacional y las concesionarias".

Según el denunciante actuaron "con la finalidad de beneficiar de manera ilegítima a las empresas" y modificaron "unilateralmente el destino de las multas que corresponden ser acreditadas en la cuenta de los usuarios individuales, sin que tuviera competencia para ello".

Tailhade hizo eco de su denuncia a través de un video. "Una estafa a los usuarios con la complicidad de Macri", escribió.

Para Tailhade "la magnitud del abuso de poder se revela claramente si se analiza que una herramienta como las multas, que, según las previsiones del Contrato de Concesión, tenía un fin específico que era el de orientar las inversiones en beneficio de los usuarios, termina transformándose en un premio a las empresas al ser condonadas de su pago con la excusa de que serán destinadas –justamente- a inversiones". Son  las que debió haber realizado con anterioridad e independientemente de la sanción aplicada, por tratarse de una de sus obligaciones primordiales y a las que se comprometió al suscribir dicho Contrato", sostiene la denuncia que está en el juzgado de Capuchetti e interviene el fiscal federal Franco Picardi.