Casí un año después de la presentación del proyecto por parte del ministerio de Economía, y que fue impulsada el marco de cumplimientos de acuerdos internacionales, este martes quedó todo listo para tratar en el recinto la modificación de la Ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, iniciativa que se debatirá en la sesión de este miércoles en el Congreso Nacional, al igual que otros temas consensuados entre oficialismo y oposición.

Recordemos que la solicitud para reformar la Ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo fue presentada en mayo del 2022 por el titular de Economía de ese momento, Martín Guzmán. La solicitud del Gobierno se realizó después de 11 años de última modificación de la norma original, debido a que en el 2024 habrá una revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que -entre otras cosas- le pidieron a la Argentina que actualizara su legislación a las nuevas normas de la entidad.

Lavado de activos: el proyecto en el que coinciden oficialismo y oposición

En ese sentido, luego de 11 meses reposando en el Congreso Nacional y tras solo un breve tratamiento en noviembre del año pasado, un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, finalmente emitió dictamen para reformar el proyecto clave que el Gobierno espera aprobar en la sesión convocada por el jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez.

Sin embargo, el dictamen no fue uno solo. La interna en la oposición parece que perforó en el Congreso y los diputados de esa coalición votaron divididos. Si bien el de mayoría se alcanzó con las firmas del oficialismo y de los diputados del PRO, que firmaron con disidencias, hubo otros dictámenes propios que podrían llegar a concluir uno en conjunto. Por un lado uno de la Coalición Cívica, que acompañaron los radicales, y otro del Interbloque Federal.

De todos modos, hay diputados del PRO que no quisieron "quedar atados" a ningún dictamen, aunque admitieron que con o sin modificaciones, el partido macrista votará a favor de que se apruebe el proyecto en el recinto, porque entienden que el Estado argentino debe cumplir con la revisión del año que viene, un 2024 en el que entienden que serán ellos Gobierno.

"Yo no firmé ninguno de los dos porque el interbloque había acordado acompañar con disidencias para seguir pidiendo por modificaciones, excepto la Coalición Cívica que planteaba directamente el tema de la autonomía, pero cuando estábamos en la Comisión, el radicalismo planteó que iba a acompañar el dictamen de minoría", dijo la diputada Germana Figueroa Casas a iProfesional, en un claro ejemplo de los desencuentros que tiene y sostienen, ahora en diputados, los diversos partidos de la coalición JxC.

El oficialismo y la oposición buscarán aprobar mañana un proyecto para mejorar la prevención ante el lavado de activos.

"No quería atarme a la posibilidad de acompañar mañana el dictamen de minoría, pero tampoco quise firmar el de minoría porque si no junta los votos nosotros queremos que la ley salga igual, porque es superadora a la que está hoy", explicó la diputada del PRO.

A su vez, describió a iProfesional que a las 18 horas el PRO tendrá una reunión de bloque para definir los pasos a seguir, "pero no queremos cerrar el camino de que por qué no salga una ley completa, nos perdamos de tener una ley mejor... Esperemos a ver si el FDT afloja con alguno de los pedidos de toda la oposición... nosotros no queremos votar en contra, por eso muchos del PRO firmaron pero en disidencia", añadió.

A su vez, rescató que el FDT tomó casi todas las modificaciones que se plantearon en las reuniones, y que la ley es "mucho mejor de lo que está", reiteró. Y reafirmó: "En principio lo que se habló en el PRO es que es mejor esto a que no haya modificación de la ley".

Plenario de Comisiones: qué se dijo en la reunión sobre el lavado de activos

El encuentro entre los legisladores de la cámara baja arrancó pasadas las 11.30 horas de este martes, en el que realizó la primera intervención la diputada del Frente de Todos, Mónica Litza, quien destacó que el debate y la aprobación de la norma es "es y será importante para la Argentina y no para un Gobierno" y que se ha analizado el proyecto enviado por el Ejecutivo "gracias al fruto de un trabajo colectivo", para posteriormente leer las modificaciones y acuerdos del dictamen que se conformó en el trabajo de Comisiones.

Posteriormente, el diputado nacional Pablo Tonelli (PRO) tomó la palabra, quien antes de adentrarse al tema de lavado de activos hizo referencia a la presidenta de la comisión de Legislación Penal, la diputada María Luján Rey, "que está atravesando una situación difícil de salud... así que comienzo por mandarle los mejores deseos y pronta recuperación", afirmó.

En lo que respecta al tema en debate, Tonelli destacó que los representantes de todos los bloques pudieron "trabajar y discutir" el proyecto del Ejecutivo. "Nos satisface, porque no siempre podemos discutir los proyectos y proponer modificaciones", expresó. Y añadió: "Hay que destacar que encontramos receptividad en el oficialismo y la mayor parte de nuestras sugerencias fueron aceptadas e incorporadas al proyecto; creemos que eso mejora al proyecto y lo hace más eficiente".

De todos modos, aclaró que quedaron "algunas disidencias" con el oficialismo sobre el proyecto y reiteró que la oposición "va a insistir en el debate en el pleno con esos puntos". En ese sentido, los desacuerdos de JxC son:

• Mejorar la ubicación institucional y la calidad de la tarea de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y dotarla de una autonomía plena y amplia. "Nosotros hemos propiciado dotar al organismo de mayor autonomía y sobre todo propiciar el procedimiento para la designación del titular de la UIF, de manera que sea un procedimiento más abierto, más público y más transparente", argumentó el legislador del PRO.
• Incorporar entre las atribuciones y facultades de la UIF la facultad de querellar en causas penales que se inicien como consecuencia de investigaciones realizadas por el propio organismo. "El tema es que la ley actual nada dice de esta facultad y la UIF si bien se suele presentar como querellante en las causas, algunos jueces la admiten y otras no, por el hecho precisamente de que no está previsto en la ley".
• Modificaciones en el artículo 24 del proyecto. "El texto del proyecto incluye recomendar sanciones; y nos parece que esa recomendación es excesiva, porque se trata de recomendaciones ante organismos autónomos que ejercen el control disciplinario... nos parece que con la atribución de denunciar es más que suficiente".

Tras desarrollar los puntos en desacuerdo, el legislador macrista aclaró: "Pero en lo demás estamos de acuerdo con el proyecto y lo vamos acompañar".

Por su parte, la diputada nacional de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, también tocó el punto de la autonomía del organismo. "Desde el primer momento planteamos que tenía que ser una Unidad que tuviera la suficiente libertad, porque precisamente las recomendaciones de los grupos de unidades financieras lo planteaban como una de las alternativas que teníamos que explorar", dijo.

Además del lavado de activos, este miércoles se debatirá el respaldo a estudiantes y personas con síndrome de down.

Y reflexionó: "El tema de la autonomía es un tema que venimos tocando cada vez que una ley intenta mejorar el funcionamiento de la UIF, pero lamentablemente cada vez que planteamos esto de alguna manera se cumple el teorema de Baglini: quien está en el Gobierno no quiere darle la autonomía y quienes son la oposición la reclaman... Yo como siempre soy oposición, voy a seguir reclamando la autonomía".

"Lamento mucho no acompañar el proyecto y no se trata de disidencias, se trata de una gran diferencia respecto a lo que pienso que tiene que ser esta Unidad de Investigación Financiera en el contexto de lo que es la administración pública de nuestro país", reiteró Camaño.

Lavado de activos: dictamen de minoría por la autonomía de la UIF

En consonancia con Graciela Camaño, la diputada nacional Mónica Frade anunció que debido a objeciones que tiene parte de la oposición, la Coalición Cívica presentaba un dictamen de propio "porque, aunque destacando el diálogo, esas pequeñas diferencias son 'las diferencias' entre dos modelos de organismo: uno que se va a mantener -aún con las modificaciones- como un brazo de los Gobiernos, de este del anterior y del que venga, y nosotros lo que queremos es que con esta oportunidad histórica, esta organización conduzca a la reformulación de un organismo que quede exactamente en línea con las exigencias del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)".

En ese sentido, consideró que el organismo no es estrictamente técnico, sino que es un organismo politizado. "Tenemos que repensar el organismo, al que joda que joda, hoy será a ustedes, mañana será a nosotros y al Gobierno que venga... Tenemos que colocarnos seriamente en materia de autonomía en las líneas internacionales, porque esto nos va a llevar a elevar la calidad y autonomía en materia institucional".

En esa misma línea, el diputado de Evolución Radical, Alejandro Cacace, coincidió con el tema de la autonomía del organismo, en el que el oficialismo y la oposición no se pusieron de acuerdo, por lo que su espacio adhirió a ese dictamen de minoría de la CC.

El Frente de Todos advierte por sanciones

Tras la intervención de varios diputados, el presidente del bloque del FDT, Germán Martínez advirtió que "va a haber evaluaciones que no le hacen al Gobierno, sino al Estado argentino alrededor de esto".

???? | "Estamos hablando de temas muy sensibles para el mundo, como el financiamiento del terrorismo, las armas de destrucción masiva, el narcotráfico", expresó @monicalitza (FdT), sobre el proyecto de ley de prevención de lavado de activos.#DTVPrimeraMañana pic.twitter.com/0pVM5Of4SB — DTV - Diputados Televisión (@DiputadosTV) April 18, 2023

"Este proyecto se puso en consideración y lo trabajamos muchísimo... yo pensé sinceramente que lo íbamos a trabajar en la prórroga de extraordinarias en diciembre, pero no se quiso o no se pudo", reflexionó Martínez, al tiempo que añadió que a pesar de tener "miradas distintas" sobre la parálisis del Congreso a finales de año, "no se trabajó para avanzar y consolidar este tema (sobre el lavado de activos)".

"Prácticamente no hay tema que el Ejecutivo haya planteado en su proyecto original que hoy sea tema de gran controversia; sí, lo que hay son cosas que no se incluyeron en el texto original y que hay diputados y diputadas que consideran que se habían podido agregar", argumentó Martínez.

Y siguió: "La diferencia la tenemos en temas no ingresados, que no estuvieron presentes a lo largo de todo esto y que a mi criterio merecen abordajes en los cuales nosotros también nos podemos comprometer a trabajar".

Qué modificaciones pidió el Gobierno

El proyecto que presentó Martín Guzmán en 2021 se centra en tres ejes fundamentales y tienen como objetivo "mejorar el cumplimiento técnico y la efectividad del sistema PLA/CFT" de la Argentina. En ese contexto, las reformas que propone son:

1. Modificaciones al Código Penal
2. Reforma de la Ley N° 25.246
3. Creación de un registro centralizado de Beneficiarios Finales

A su vez, uno de los ítems más sobresalientes de la reforma es que convierte a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional con total autonomía. "Incorporación a la UIF de la autarquía funcional, administrativa y económica, además de la financiera", describe la propuesta.

La prevención contra el lavado de activos es uno de los pocos proyectos en los que coinciden el FdT y JxC.

"El carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF (Unidad de Información Financiera) herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con los estándares internacionales vigentes", reza en los fundamentos del proyecto.

Por otro lado, y respecto al Registro de Beneficiarios Finales, propone la creación de un registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación sea la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Según describió el Gobierno, hoy en día los organismos públicos poseen información respecto a los beneficiarios finales, pero no existe un registro centralizado al que las autoridades competentes puedan obtener, o al cual puedan acceder de manera rápida y eficiente.

Por último, y sobre las modificaciones al Código Penal, la propuesta presentada por el Gobierno establece:

1. Incorporación de verbos típicos al tipo penal de lavado de activos (art. 303 del CP).
2. Incorporación de los combatientes terroristas extranjeros e inclusión de "fondos u otros activos" al tipo penal de financiación del terrorismo (art. 306 del CP).
3. Y la incorporación de tipos penales previstos en convenciones internacionales vigentes en el país al tipo penal de terrorismo (art. 41 quinquies del CP).