Con el objetivo de evitar conductas anticompetitivas en el mercado, un diputado del oficialismo impulsa un proyecto de ley que propone crear una Defensoría de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), la cual funcionaría en el ámbito del Congreso y sería dirigida por un ómbudsman designado por mayoría simple en una comisión bicameral.

El cordobés Eduardo Fernández, del bloque Frente de Todos, expresó en diálogo con iProfesional que la iniciativa se presentó tras "escuchar el reclamo de los dirigentes MiPyMes" y "teniendo en cuenta la realidad argentina". "Además, hay ejemplos mundiales que hemos tomado y numerosos antecedentes tanto en Europa como Estados Unidos", agregó.

Asimismo, destacó que, según la iniciativa, los propios legisladores nacionales podrán "viabilizar denuncias que les puedan llegar", como por ejemplo en el caso de "acciones u omisiones del Estado, en función de leyes de promoción" o como puede ser la del Régimen de Compre Nacional.

"Las acciones monopólicas constituyen un serio riesgo para las PyMEs", advirtió el diputado a iProfesional y, por otro lado, subrayó que el nombramiento del funcionario no se vería obstaculizado por las mayorías o minorías que un gobierno pueda tener en el Parlamento, dado el mecanismo que se propone para su designación.

La Defensoría tendrá como misión la protección y promoción de los derechos de las MiPyMEs frente a "actos administrativos, hechos y omisiones de la Administración Pública y sus agentes o de personas jurídicas, públicas o privadas que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, que puedan generar perjuicios sobre el interés económico general". Dentro quedan comprendidos también "los actos de naturaleza administrativa de los poderes Judicial, Legislativo y de los Órganos de Control".

En los argumentos del texto, Eduardo Fernández señaló que "el acceso al mercado es un bien jurídicamente protegible, y en esa virtud los agentes deben actuar en forma respetuosa y leal hacia competidores, contratantes y clientes, desalentando posiciones privilegiadas en el mercado".

Impulsan un proyecto de ley que propone crear una Defensoría de MiPyMEs

"Sobre estos elementos debe velar el Estado, detectando monopolios, posiciones de dominio o acuerdos que anulen o deterioren la competencia, en la inteligencia que el mercado se rige también en algunos aspectos como el sistema democrático en el que debe haber libre ingreso y participación, ausencia de discriminación e igualdad de oportunidades, todos valores de raigambre constitucional. La falta de libertad de mercado trae aparejadas una serie de consecuencias negativas para los consumidores", añadió.

Defensoría de MiPyMEs: antecedentes en el mundo

En los fundamentos de su propuesta, el diputado cordobés mencionó que en Estados Unidos, la Oficina del Ombudsman Nacional (ONO) de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) se creó como parte de la Ley de Equidad en el Cumplimiento Normativo de las Pequeñas Empresas (SBREFA) de 1996.

En tanto, en septiembre de 2015 el Parlamento de Australia promulgó la Ley del Ombudsman de Pequeñas Empresas y Empresas Familiares; en 2018 en Polonia se creó la Defensoría del Pequeño y Mediano Empresario; y, a partir de 2019, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cuenta con el Servicio del Defensor del Pueblo Financiero para las Pequeñas Empresas.

"La evidencia internacional demuestra que los defensores de las PyMEs más fuertes son aquellos que tienen un estatus legal claro, a través de una ley parlamentaria", remarcó sobre la importancia de crear la figura a través de una ley.

El proceso de designación del Defensor de MiPyMEs

De acuerdo al proyecto, el Defensor de MiPyMEs será elegido por una bicameral especial del Congreso, integrada por siete senadores y siete diputados. Esta comisión "tendrá a su cargo la evaluación de la designación, que se llevará a cabo mediante concurso público de antecedentes". También estima que en un plazo no mayor de 90 días desde su conformación, la bicameral deberá proponer a las Cámaras de uno a cuatro candidatos. Todas las decisiones de este cuerpo se podrán adoptar por mayoría simple, lo que facilitaría el trámite.

El funcionario durará en su cargo cinco años, pudiendo ser reelegido por una sola vez en forma consecutiva, y su remuneración será la que "establezca el Congreso de la Nación por resolución conjunta de los presidentes de ambas cámaras".

El organismo funcionaría bajo la órbita del Congreso, que también sería el encargado de designar al ómbudsman

El cargo resultará "incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional a excepción de la docencia, estándole vedada, asimismo, la actividad política partidaria mientras se desempeñe" como defensor; y además "deberá acreditar la ausencia de conflictos de interés" que pudiera vincularlo a grandes empresas o grupos económicos.

Otro de los artículos determina que el defensor "dará cuenta anualmente ante cada Cámara del Congreso Nacional de la labor realizada, en un informe que les presentará antes del 31 de mayo de cada año" a los legisladores; mientras que "cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un informe especial".

"La actividad de la Defensoría no se interrumpe en el período de receso del Congreso y se deberá garantizar el funcionamiento permanente del organismo", aclara la iniciativa.

Cuáles serán las competencias del Defensor

• Defender los derechos subjetivos, de incidencia colectiva e intereses individuales homogéneos, frente a actos, hechos u omisiones de la Administración Nacional, de las personas humanas o jurídicas que generen conflictos con ellas en defensa de las MiPyMEs.
• Interponer acciones para la protección de los derechos de las MiPyMEs en cualquier juicio, instancia o tribunal.
• Proponer el dictado de la reglamentación de la ley y elaborar políticas tendientes a la defensa de las MiPyMEs.
• Promover acciones para la protección de los intereses difusos o colectivos.
• Llevar a cabo investigaciones y estudios sobre la legislación, las políticas y las prácticas que afectan a las MiPyMEs y proponer la modificación, sustitución o derogación de normas y procedimientos para garantizar la plena vigencia de sus derechos.
• Emitir recomendaciones sobre proyectos normativos relativos a los intereses de las MiPyMEs y las normas para emprender, realizar o garantizar la sustentabilidad de la actividad empresarial en el territorio de la República Argentina.

Las MiPyMES concentraron el 49% de la masa salarial

• Recibir todo tipo de reclamo formulado, debiéndose dar curso inmediato al requerimiento de que se trate, canalizándolo a través del organismo competente.
• Requerir al organismo competente que realice inspecciones, verificaciones y, en general, determinar la producción de toda otra medida probatoria conducente al esclarecimiento de la investigación.
• Asegurar que las MiPyMEs reciban un trato preferencial en el proceso de Compras y Contrataciones Públicas.
• Proporcionar asesoramiento sobre derechos, beneficios, prestaciones, recursos y normativa.
• Realizar toda otra acción conducente al mejor ejercicio de sus funciones, y efectivo cumplimiento de los derechos de las MiPyMEs.

Según datos oficiales de la Secretaría de Industria, las micro, pequeñas y medianas empresas presentaron en 2021 el 61% del empleo asalariado registrado privado, dividido entre las micro (19,1%), las pequeñas (21,2%) y las medianas empresas (22,2%).

Asimismo, las MiPyMES concentraron el 49% de la masa salarial, siendo las grandes firmas las responsables del 51% restante. El 9,49% le corresponde a las micro, el 18,07% a las pequeñas y el 21,84% a las medianas.

Las MiPyMES concentraron el 46% de la facturación y el 16% del total de monto exportado.