Ya se puede hablar de un "efecto Morena" en el cierre de la campaña electoral. La agenda nacional, hasta la mañana del miércoles completamente dominada por la inflación y el dólar blue, súbitamente cambió de foco como consecuencia del crimen de la niña de 11 años a la que motochorros robaron y golpearon mientras iba a su escuela en Lanús.

La conmoción quedó evidenciada de inmediato: mientras en los medios de comunicación y redes sociales se debatía con intensidad sobre la nueva tragedia, todos los partidos políticos comunicaron que suspenderían sus actos de cierre de campaña.

En parte, se trató de un gesto de acompañamiento al dolor de toda una sociedad. Pero, además, hubo mucho de cálculo político: un acto de cierre campaña, aun cuando el candidato se dedique exclusivamente a hablar sobre el tema de la seguridad y a la necesidad de más "mano dura" en la represión del delito, nunca está exento del "efecto boomerang".

Ha ocurrido en otras ocasiones que quienes levantaron el perfil en medio de situaciones trágicas han sido acusados de querer sacar rédito político de un hecho desgraciado. Por lo tanto, en una clase política a la que le cuesta encontrar consensos, apareció una coincidencia espontánea: la de quedarse en un segundo plano ante la exposición cruda del drama social argentino.

Era una actitud que, por otra parte resultaba inevitable, porque lo ocurrido afecta indirectamente a todos: al peronismo, por su política nacional de seguridad con foco "garantista", al gobernador Axel Kicillof, porque una vez más se pone de manifiesto el miedo cotidiano de quienes habitan un conurbano dominado por el narco y el robo, y también al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que se postula a la gobernación provincial en la lista de Patricia Bullrich.

Es probable, por lo tanto, que contra todo pronóstico los últimos cuatro días antes de la elección estén centrado en este hecho policial, con una cobertura mediática a tiempo completo sobre el dolor de la familia y vecinos de Lanús. Y que los debates sobre si hay el cepo cambiario debe ser desarmado de golpe o gradualmente dejen paso a la discusión sobre cómo abordar el problema del delito y de la juventud "ni-ni".

Todos los candidatos presidenciales suspendieron sus actos de cierre de campaña, ante la conmoción social generada por el crimen de Morena

Bullrich, en el foco

De hecho, Patricia Bullrich, que prefirió suspender su acto partidario en Córdoba y focalizarse en dar un mensaje televisado, repasó su propuesta en materia de seguridad, incluyendo la restauración de su "servicio cívico" para los jóvenes, que en su momento había levantado polvareda porque desde el kirchnerismo se lo asimiló a un servicio militar obligatorio.

Ese protagonismo de Bullrich, que ha hecho de la "mano dura" una de sus banderas de campaña, era una consecuencia previsible tras la noticia del crimen.

En cambio, una protagonista involuntaria de la jornada fue la "diputada cartonera" Natalia Zaracho, militante del sector que postula a Juan Grabois a la presidencia. La diputada, en febrero pasado, fue noticia por haber defendido a un menor de 14 años que estaba siendo golpeado por policías, que acababan de detenerlo. A primera hora, ese menor fue mencionado como sospechoso del crimen de Morena.

Luego se confirmó que no tenía vínculo con el crimen, pero ya había quedado instalado el debate entre los "zaffaronistas" que priorizan las garantías de los adolescentes delincuentes y los defensores de la mano dura que propugnan la baja en la edad de imputabilidad.

La diputada se vio obligada a aclarar explícitamente que condenaba el crimen. "Lamento profundamente la muerte de Morena y abrazo fuerte a su familia. Exigimos justicia y que los responsables materiales y políticos se hagan cargo de lo que les toca. Es de cobardes hacer operaciones para desviar responsabilidades en un momento tan delicado", publicó en las redes sociales.

A esa hora, los canales de televisión transmitían en vivo los intentos de los vecinos por tomar la comisaría de Lanús, defendida por gendarmes que trataban de detener las pedradas con sus escudos.

Crímenes en campaña electoral

En semejante cuadro de conmoción, se impone la pregunta sobre si el humor social cambiará lo suficiente como para alterar la intención de voto, y que se pueda hablar de un "cisne negro" en el final de la campaña.

Desde ya, es algo imposible de predecir, pero si hubiera que guiarse por los antecedentes históricos, se podría pensar que los cambios que pueda haber a la hora de votar serán marginales.

No es la primera vez que en vísperas de una elección ocurre un hecho policial conmocionante. Por caso, en agosto de 2011, a pocas semanas de la elección, ocurrió un crimen aberrante en Hurlingham: Candela Sol Rodríguez, una niña de 11 años, fue secuestrada y apareció muerta días después en un basural. De inmediato surgieron pistas en el sentido de que se trataba de un crimen mafioso vinculado al accionar de los "piratas del asfalto", como se denomina a las bandas que roban cargamentos de mercadería en las rutas y las distribuyen en circuitos comerciales informales.

El caso conmovió al país, al punto que, mientras la niña estuvo secuestrada, se convocó a celebrities para que, desde la TV, convocaran a que quien tuviera información, ayudara a ubicar el paradero de la niña. Esa situación abrió todo un debate sobre si con esas medidas se ayudaba a la policía o si se entorpecía su labor.

Durante todo el caso, el gobernador Daniel Scioli mantuvo un alto nivel de exposición, que incluyó su presencia en el basural donde apareció la niña, cuyo cuerpo fue reconocido por su madre ante las cámaras de TV.

Su contendor de ese momento, Francisco de Narváez, lo criticó con dureza. Las encuestas mostraban en ese momento que la inseguridad estaba al tope de la preocupación social, por lo que el candidato opositor hizo de ese tema su leit motiv. Pero dos meses después, Scioli arrasó en las urnas con un 55% de los votos, contra un 15% de De Narváez.

En 2011, dos meses después de un crimen aberrante que lo tuvo en el centro de las críticas, Daniel Scioli logró una reelección por una mayoría abrumadora

Más cerca en el tiempo, otro caso que conmovió a la opinión pública en la víspera de una elección fue el crimen de Roberto Sabo, un kioskero de Ramos Mejía, muerto a balazos en un intento de robo. Era noviembre de 2021, una semana antes de las elecciones legislativas, y el tema ocupó toda la atención mediática en ese final de campaña.

Dos figuras políticas quedaron en la mira: el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y el gobernador Axel Kicillof, que poco antes había sido beneficiado con un punto adicional en el reparto de la coparticipación, precisamente con el argumento de que debía mejorar su presupuesto en seguridad.

En aquel momento, quien tomó la voz en defensa del gobierno fue el polémico ministro Sergio Berni, quien detalló que la mejora presupuestaria había sido utilizada en la compra de 2.600 móviles policiales, de los cuales La Matanza había recibido 250. Y contestó con estadísticas, que marcaban que en el mayor distrito del conurbano la criminalidad caía a una tasa de 14%.

Esos argumentos no fueron suficientes para acallar la crítica de la oposición y los medios, que machacaban con los problemas de la política se seguridad. Kicillof venía de sufrir una huelga policial, mientras las peleas públicas entre Berni y la ministra nacional, Sabina Frederic, se tornaban indisimulables.

Aun así, el Frente de Todos tuvo un resultado mucho mejor al esperado: con 38,6% de los votos, mejoró en más de tres puntos su performance previa de las PASO y estuvo a punto de arrebatarle la victoria a Juntos por el Cambio.

Debates que afirman prejuicios

¿Significan estos antecedentes que un crimen aberrante no tenga ninguna consecuencia política? Claro que no, una situación de conmoción social siempre termina impactando, pero lo que hacen estos casos es poner una cuota de cautela respecto de cuáles son las formas en que la sociedad hace saber su descontento.

Como ya estudiaron los politólogos, muchas veces estas situaciones suelen reafirmar las posiciones y preconceptos que los votantes ya tenían: hacen más duros a los partidarios de los "mano dura" y hacen más partidarios de atender el desamparo social a los militantes "progresistas".

De hecho, hay una larga lista de casos que así lo confirman. El caso Santiago Maldonado, en la previa de las elecciones legislativas de 2017, confirmaron a parte de la sociedad de que Patricia Bullrich había avalado y encubierto la brutalidad policial mientras otra parte la consideró un ejemplo de defensa de las fuerzas del orden.

En la misma línea se inscribe el "caso Chocobar" de diciembre de 2017. El policía, que estaba de civil y fuera de su horario de servicio, mató por la espalda a un delincuente que acababa de acuchillar a un turista extranjero en La Boca. La entonces ministra Bullrich condecoró a Chocobar y puso al Estado a cargo de su defensa judicial, originando un instantáneo debate nacional.

El policía fue finalmente condenado a dos años de prisión por exceso en el uso de la fuerza: ni los partidarios de Bullrich consideran que haya actuado mal, ni los defensores del "garantismo" creen que Chocobar haya merecido una condecoración por acto heroico.

El policía Luis Chocobar recibe el saludo del entonces presidente Mauricio Macri

La lista puede seguir hasta el infinito. El caso del policía apuñalado por un desequilibrado mental en 2020 le dio pie a Bullrich para reflotar la defensa de las pistolas Taser.

Y el asesinato del joven Lucas González -a manos de policías de la Ciudad vestidos de civil- cuando volvía de un entrenamiento de fútbol, dio lugar otra vez al debate sobre los límites en el accionar policial. Era noviembre de 2021, pocos días después de la elección donde JxC se había impuesto con 47% en la Ciudad. La polémica generada por ese hecho -que derivó en la prisión de nueve efectivos policiales- no llevó a que ningún funcionario de la Ciudad tuviera que pagar un "costo político".

¿Margen para un voto castigo?

¿Qué ocurrirá ahora tras la nueva conmoción por el crimen de Morena? Los analistas creen que, para quien tiene una postura política ya definida, este tipo de hecho no hace cambiar el voto. En el caso específico del oficialista Sergio Massa, nunca fue un defensor de la postura "garantista", por lo cual su exposición a una pérdida de votos es menor que la que podría tener un candidato más cercano al kirchnerismo duro.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta no es una elección tradicional: se llega con la expectativa de un alto grado de abstención. Las encuestas registran una intención de voto en blanco inusualmente elevada, en torno al 10%, algo que triplica la media histórica.

Y, como los politólogos han notado en las entrevistas presenciales, se percibe un clima de hastío y rechazo hacia todo el sistema político, algo que podría generar conductas diferentes a las habituales en estos casos.

Es por eso que, ante un hecho policial de alto impacto, pueda haber allí una posibilidad de manifestación electoral del enojo social. El caso Morena podría ser el factor que determine que los indecisos o los indiferentes a la elección decidan dejar un "voto castigo".