Después de las elecciones presidenciales del próximo domingo se definirán dos aspectos determinantes para el Congreso que se viene a mediano e inmediato plazo. Más allá de las posibilidades de un eventual balotaje, el 22 de octubre las urnas delinearán la futura composición del Senado, que renueva un tercio y de la Cámara de Diputados, que recambia la mitad. El veredicto de la voluntad popular se ejecutará a partir del 10 de diciembre, pero desde este lunes se activará el acuerdo entre Sergio Massa y Javier Milei para que el proyecto del Prespuesto 2024 comience a tratarse después de las generales y no luego de su presentación, que se concretó el 15 de septiembre. 

Hasta que cambie la composición de ambas cámaras podría acelerarse el trámite del texto, pero también es posible la especulación que se respira en Juntos por el Cambio. Tanto macristas como radicales opinan que es papel mojado y que el verdadero Presupuesto se conocerá cuando asuma la próxima administración. Sin embargo, en la ley de leyes Massa volvió a incluir el detalle de los gastos tributarios, es decir, de los impuestos que el fisco deja de cobrar por exenciones y regímenes de promoción de distintas actividades. 

Para el año que viene el Presupuesto establece 3.664.761 millones de pesos para ambos ejes, es decir, el 2,49% del Producto Bruto Interno. Las exenciones impositivas implicarán 2.669.761 millones de pesos. La cifra implica el 1,81 del PBI y llega al 2,49% con los 995.057 millones de pesos para los regímenes de promoción económica que reciben el 0,68% del PBI. 

El detalle incluído en el Presupuesto, en forma de "separata", es una forma de cumplir con un pedido explícito del Fondo Monetario Internacional de poner en discusión esos números.

Este año el tratamiento del Presupuesto podría concluir recién a fin de año, después del proceso electoral

También encierra una ventana para reducir los beneficios de esos regímenes o reorientarlos. En ese abanico aparecen los recursos del estado para el subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, el financiamiento de los beneficios de la ley de inversiones mineras y también las exenciones que fija la ley de Economías del Conocimiento, entre otros. Hay otro capítulo sobre el impacto de bienes personales y ganancias, donde también aparece el beneficio de que los jueces no paguen ese impuesto. 

En cada mecanismo de beneficios industriales está concentrada la atención de las empresas ante la preocupación de perderlos, lo mismo pasa con las provincias involucradas, como en el caso de Tierra del Fuego, donde advierten que se viene un segundo round sobre la vigencia del subrégimen creado por la ley 19.640, que fue renovado por 15 años con opción a otros 15, pero que puede ser reformado si hay una decisión del Congreso sobre esas partidas presupuestarias.

¿Quién agarra la papa caliente de reducir los beneficios fiscales?

El tema está instalado y su importancia dependerá del arranque del trámite legislativo para el Presupuesto a partir de la semana que viene. ¿Qué lugar tendrá la separata? Dependerá de la voluntad del oficialismo y de la fuerza que resulte favorecida en las generales, aunque el Gobierno ya anticipó por donde buscará amortiguar el impacto de los gastos tributarios. La idea es impulsar un Impuesto Mínimo para Grandes Empresas del 15% que se calculará sobre el resultado contable de las empresas. Podría incrementar la recaudación y sumar 1 billón de pesos.

Los números que aparecen en la separata no terminan de reflejar la complejidad tributaria de los beneficios y mucho menos a las empresas que han sido beneficiadas. El tema fue parte del panel que debatió los gastos tributarios en el marco de la 9a Semana de Presupuesto, organizada anualmente por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para analizar el envio del plan de cuentas nacionales. Este año tuvo un capítulo dedicado a las exenciones impositivas y los invitados coincidieron en la falta de información sobre el alcance de estos beneficios.

Malena Vivanco de ACIJ recalcó que no hay información de los gastos tributarios como sí la hay respecto de los gastos directos. Consideró que el nivel de transparencia debería ser el mismo para ambos, sin perder de vista que estos beneficios fiscales no son buenos ni malos por si mismos, pero no hay información suficiente para saber si son buenos o malos, en un contexto donde hay muchos que no están en la separata, como los beneficios para la minería. La expositora consideró que también hay una dificultad por el secreto fiscal que aplica AFIP como garantía para los contribuyentes que impide saber quiénes son los beneficiarios.

La aplicación de la ley de inversiones mineras n° 24.196 también es otra ventana inexplorada sobre el alcance de los gastos tributarios

El tema minero es otro de los enigmas de la famosa separata. Ariel Slipak de la Fundación Ambientes Recursos Naturales (FARN) aseguró que el gasto tributario de la minería es opaco y va más allá de lo que se puede ver en el presupuesto. Además consideró que el régimen de la ley 24.196 tiene contradicciones fácilmente comprobables en la práctica porque exige a las mineras pagar el 3% del valor en boca de mina, que surge del precio del mineralrecién extraído, menos los costos que declaran las empresas que es siempre del 60%. Por lo tanto, lo que se tributa por el litio en Argentina es el 1% de la facturación (que lo pagan las mineras a las provincias), pero las regalías terminan saliendo lo mismo que lo que se reintegra por las exportaciones a las mineras: primero las mineras pagan el 1% a las provincias, que son las mismas que les devuelven el 1% por exportar.

Los gastos tributarios de la industria minera son sólo un aspecto de la ausencia de información disponible para debatir la separata. El otro tiene que ver con Tierra del Fuego y el recrudecimiento de un debate que ya puso a la provincia austral en estado de alerta, por segundo año consecutivo.