Es lo que tienen las campañas electorales: hay candidatos que, en afán de conseguir votos, no tienen inconveniente en hacer promesas que contradicen sus políticas o que ponen en riesgo su capacidad de gestión. Algo de esto le está pasando a Sergio Massa en la zona agrícola pampeana, donde en su afán por reconciliar al peronismo con el campo llegó a prometer una revisión de las retenciones a la exportación, una de las "vacas sagradas" en el ideario kirchnerista.

Está claro que no es una promesa que a Massa le vaya a traer problemas con sus socios dentro de la coalición Unión por la Patria, que a esta altura ya le perdonaron los "sapos" que significaron todas las versiones del "dólar soja", algo que desde el punto de vista de la militancia K equivalía a una claudicación.

Pero, en cambio, la promesa de revisar el irritante tema de las retenciones supone un fuerte riesgo en el frente fiscal, justo cuando Massa está pronosticando que el año próximo el país pasará a tener un superávit de 1% en las cuentas. Y esa proyección fiscal, que ya de por sí ha sido recibida con escepticismo por parte de los analistas, directamente caería en el descrédito si Massa se resignara a perder un rubro de ingresos impositivos que el año pasado significó un 9% del total de la torta tributaria.

Sin embargo, el ministro/candidato está dispuesto a hacer todos los gestos que sean necesarios, como dejó en claro en su reciente visita a Córdoba, la provincia más díscola para con el peronismo. Allí, Massa quedó en cuarto lugar con apenas un 13% de los sufragios, y quiere congraciarse con los votantes de Juan Schiaretti, que sacó un 29% de los votos.

Y, por eso, no se limitó a repetir que se habían eliminado las retenciones de las economías regionales, sino que aludió directamente a los grandes cultivos que sufren el peso de la presión tributaria.

"Tenemos que pensar juntos, cuando termine la elección, para que no digan que hago anuncios de campaña, en la obligación de bajar retenciones al trigo, al maíz y la soja como forma de aumentar nuestro volumen exportador, como una forma aumentar nuestra competitividad productiva, el trabajo y la generación de valor de nuestro campo", prometió Massa al encabezar un acto en la planta Bio4, en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

Sergio Massa intentó una reconciliación con los productores a través de los programas de incentivo exportador

Y llevó un mensaje similar a Santa Fe, una provincia que también le dio la espalda en la primera vuelta, relegándolo a la segunda posición con un 29% de los votos.

Lo cierto es que la seducción a esas provincias fuertemente ligadas a la producción agrícola se transformó para Massa en una necesidad urgente. Incluso en Entre Ríos y en La Pampa, donde históricamente el peronismo ha obtenido buenos resultados, este año el porcentaje obtenido descendió más de 10 puntos respecto de la elección anterior.

Resentimientos todavía frescos

Pero, más allá de las fórmulas para aliviar el peso impositivo sobre el campo, el mensaje político que Massa quiere dejar en la zona núcleo de la producción agrícola es la del fin de la grieta. Que en esas provincias significa el fin de la forma kirchnerista de ver al campo: un sector privilegiado que siempre está en condiciones de hacer un aporte mayor para financiar a otras zonas del país o para subsidiar a industrias poco eficientes.

Por eso se comprometió a "revertir la idea de que el Estado funciona como pata en la cabeza del campo".

Massa ya comprobó en persona lo difícil de su misión: el propio Schiaretti lo recibió con una declaración hostil, asociándolo con el kirchnerismo en la política de hostigamiento a la Corte Suprema de Justicia.

Pero, sobre todo, lo que está fresco en la memoria es que los cuatro gobernadores de esa región se habían opuesto a las medidas más polémicas de política agropecuaria, como el cupo de la exportación vacuna -una medida que no sólo no logró su objetivo de hacer caer el precio doméstico sino que, para colmo, generó problemas de empleo en los frigoríficos exportadores.

Massa puede argumentar que eso ocurrió antes de su asunción como ministro. Pero lo cierto es que también durante su gestión hubo choques con el campo. El ejemplo más reciente -y que le generó más críticas- fue el de la "devaluación fiscal" de julio pasado.

El establecimiento del dólar maíz a mediados de año determinó una suba en los costos de la producción cárnica y lechera

En aquella ocasión se aplicó el impuesto PAIS a las importaciones, y se estableció el régimen preferencial del "dólar maíz". Y las opiniones de las gremiales productoras fueron lapidarias: las consecuencias de esa medida, tomada por un objetivo de mejora en la recaudación fiscal, sería que varios rubros quedarían al borde de la quiebra.

La queja consistía en que se encarecería un insumo fundamental -el maíz- para sectores como el tambero, el aviar y el porcino, mientras se generaría una nueva distorsión cambiaria. Un repaso a las noticias de aquel momento deja ver una larga lista de quejas entre los directivos de los sectores productivos: "Nos están hundiendo", afirmaba Adolfo Franke, dirigente de la Federación Porcina. "Esto va a ser más distorsivo que el dólar soja", señalaba Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria. "Por más planes de impulso que nos presenten, con estas medidas nos dejaron al borde del nocaut", decía Fernando Córdoba, directivo de los productores lácteos. "Se pone a toda la cadena al borde del quebranto", advertía el comunicado de la Mesa Nacional de Carnes que coordina Dardo Chiesa.

Y todos pronosticaban que, como resultado directo de las medidas de Massa -que en el campo eran calificadas como "parche"- habría un aumento de costos que repercutiría inexorablemente en la inflación. Cuatro meses después, los números parecen darles la razón: no solamente el IPC se duplicó desde un 6% hasta un 12,7% sino que, además, el rubro de alimentos fue el que lideró los aumentos, con una inflación anual de 150% contra un IPC promedio de 138%.

¿Retenciones convertidas en crédito fiscal?

¿Cuál será el argumento de Massa para que en el sector agrícola cambie esa percepción de hostilidad? Todavía no dio detalles, pero dejó algunas pistas: que empezará por ser más concesivo con las exportaciones a las que considere con mayor valor agregado.

Actualmente, la soja tributa un 33% mientras los subproductos industrializados lo hacen al 31%. Fue un pequeño gesto por parte el ministro, que volvió a los niveles originales, después de que a comienzos de 2022 la industria sojera fuera castigada con un aumento de dos puntos.

Pero está claro que, para ser tomado en serio por los productores, Massa debe estar dispuesto a escuchar propuestas más radicales. Hasta ahora, el antecedente más concreto sobre este punto fue el que se hizo a mediados de año por parte de instituciones ligadas al agro, que proponía la transformación de las retenciones en crédito fiscal.

La transformación de las retenciones a la soja en crédito fiscal es una de las propuestas impulsadas desde el campo

El trabajo más concreto en ese sentido fue el presentado por la fundación FADA ante la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados, a la cual asistieron legisladores de todos los bloques. Los representantes del agro expusieron una proyección que prevé un aumento de más de 50% en la producción de granos y de un millón de toneladas de carne bovina en caso de que remuevan los factores que hoy actúan como desincentivos.

Para apoyar el argumento, se recordó que cuando el maíz y el trigo tuvieron retenciones cero, en la gestión macrista, se registraron aumentos en las respectivas cosechas por 68% y 40%.

Y el punto central de ese trabajo era la eliminación de las retenciones, a excepción de la soja, que pasaría del actual 33% a un nivel inicial de 21%. Esa retención, que se consideraría justificada por una situación de emergencia fiscal, ya no sería considerada como un derecho de exportación sino como un crédito fiscal que los productores pudieran usar en un futuro para saldar obligaciones con la AFIP.

En su momento, legisladores de todos los partidos participaron en foros sobre este tema, analizaron casos internacionales y lo consideraron digno de estudio. De hecho, cuando se realizó la tradicional exposición rural de Palermo, esta propuesta fue adoptada y defendida por la entonces candidata Patricia Bullrich.

Los autores de la iniciativa plantearon que el impacto inicial que tendría la AFIP al ver disminuido su ingreso por retenciones -estiman u$s11.100 millones en cuatro años- se vería compensado por un crecimiento de la producción agrícola por más de u$s30.000 millones.

Un desafío al pragmatismo de Massa

Hasta ahora, Massa ha evitado entrar en detalles sobre cómo piensa llevar a cabo su alivio impositivo para el campo. Pero lo cierto es que tiene algunos argumentos como para defender su voluntad de incentivar a los exportadores: después de todo, en lo que constituye una verdadera devaluación indirecta del 45%, extendió a toda la exportación el incentivo cambiario que permite liquidar un 30% en el mercado "contado con liqui".

Esto implica que el tipo de cambio para los exportadores es, en los hechos, de $510. Para un productor sojero, esto implica que -una vez descontadas las retenciones y convertido todo a dólar- cada tonelada que exporta le deja u$s200, un precio interesante en comparación con los u$s135 que le quedarían si no existiera el programa de incentivo. Pero, de todas formas, sigue siendo apenas un 40% de los u$s494 que embolsan los productores de los demás países, que cobran a pleno el precio del mercado internacional.

En definitiva, la reconciliación de Massa con el campo no resultará fácil, porque no sólo tiene las limitantes fiscales que le impiden una mayor generosidad en su propuesta sectorial, sino porque hay además una larga lista de situaciones que llevaron a la clase media rural a ver amenazado su propio estilo de vida. Después de todo, fue en Santa Fe donde nació el movimiento de los "banderazos" como repudio al intento de estatización de Vicentin.

Y luego hubo una sucesión de incidentes y desencuentros, como la suba de retenciones, el cierre temporario de la exportación de maíz y la intervención que impuso subsidios cruzados en el sector aceitero. Pero además hubo señales políticas que exacerbaron los ánimos, como los sospechosos ataques a los silobolsas, ocupaciones de terrenos -entre las que sobresale el recordado experimento de Juan Grabois en un predio de la familia Etchevehere, en Entre Ríos- y todo matizado con frases ambiguas del Presidente sobre el respeto a la propiedad privada de la tierra.

Massa tiene, pese a todo, un argumento en su favor: fue justo en el momento de mayor tensión -cuando los productores realizaban "tractorazos" de protesta y Cristina Kirchner pedía una suba de retenciones por decreto- que Massa, recién asumido, hizo gala de su reconocido pragmatismo, con la aplicación del primer "dólar soja". Lo criticaron desde ambos lados de la grieta, pero los productores sacaron su soja de los silobolsas todos le terminaron reconociendo que logró dólares para salir de la emergencia de reservas.