La sentencia por la expropiación de YPF tuvo esta semana un nuevo capítulo cuando la jueza que lleva adelante el juicio, Loretta Preska, eximió a la Argentina de depositar los u$s16 mil millones que le exige, pero solicitó que ponga bienes en garantía para frenar los embargos. El país tiene plazo hasta el 5 de diciembre para contestar.

A cinco días de la asunción de Javier Milei como nuevo presidente, el Estado argentino deberá resolver si continúa con la apelación o presenta activos como garantía para evitar que los acreedores procedan al embargo de bienes.

La solicitud de Argentina para no hacer el millonario pago que establece la sentencia había sido realizada hace un mes cuando se conoció el fallo desfavorable para el país, en el marco del juicio que ya lleva 7 años en la Justicia estadounidense por la expropiación del 51% de las acciones de YPF.

Juicio por YPF: Argentina sigue en proceso de apelación

Sebastián Maril, especialista en deuda soberana y director de LATAM Advisor, comentó que desde entonces "Argentina está ejerciendo su derecho legal de pedirle a Preska que elimine la obligación de depositar algo en garantía, mientras apela el fallo".

En paralelo, los acreedores solicitaron a la magistrada que se considere la posibilidad de incluir como garantes los ingresos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), las acciones de YPF que le corresponden al Estado nacional o los pagos acordados con Paraguay por Yaciretá.

"La jueza rechazó el fondo de ANSES porque es de los jubilados, pero aceptó que pueda depositar acciones de YPF", agregó Maril. En este sentido, la aclaración fue que se tomarían como válidas las acciones pertenecientes al Estado nacional -es decir el 26% de ese 51-, ya que el 25 restante le corresponde a las 10 provincias que conforman la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi).

El gobierno argentino tiene 11 días para resolver el próximo paso a seguir en el marco del juicio por la estatización de YPF.

"Durante el período de presentaciones, la jueza también mostró los acuerdos binacionales con Paraguay por Yaciretá, que a partir de 2028 tiene que pagar a la Argentina u$s4000 millones. Pero no se limitó ahí sino que dijo que pueden poner en garantía cualquier activo que sea consensuado", indicó el especialista.

"Argentina tiene hasta el 5 de diciembre para depositar el fallo o de lo contrario, los beneficiarios pueden empezar a buscar activos y embargarlos", alertó Maril.

Detrás de la búsqueda de activos embargables hay varios estudios de abogados y un minucioso análisis de cuáles son aquellos bienes que los beneficiarios del juicio contra la expropiación pueden solicitarle a la jueza Preska. "Llevan años preparándose para la sentencia, porque tienen equipos especializados en esto", argumentó Maril.

Aún así, explicó que el país tiene diferentes opciones frente a este pedido, aunque recomendó a la gestión entrante de gobierno negociar una salida: "Argentina tiene derecho a apelar sin depositar garantías, puede expedirse o no o puede negarse y que el próximo gobierno se siente a elaborar la estrategia para seguir. Mi recomendación es que sienten a hablar y empiecen con el pie derecho. Si no pueden hacer nada, que Argentina siga con la apelación y los beneficiarios con los embargos".

YPF, sometida a la decisión del Congreso

Tal como sucede en el caso de una posible privatización, un cambio en la conformación accionaria de la parte que el Estado posee de YPF, debe someterse a la votación en el Congreso. En este sentido, Maril indicó que de cualquier forma se necesita el aval de 2/3 de los legisladores, una mayoría que el oficialismo entrante no posee.

"Todo lo relacionado con una modificación del paquete accionario tiene que pasar por el Congreso, ya sea poner las acciones de YPF como garantía o privatizarla, aunque Milei no tiene esa mayoría y tampoco se le haría fácil avanzar a tan poco tiempo de las elecciones", consideró.

Milei necesitará apoyo de la mayoría del Congreso si quiere privatizar YPF durante su gestión.

Los fondos detrás del juicio

Burford Capital es el principal impulsor del juicio contra la expropiación de YPF que se concretó en 2012 y contó con la aprobación del Congreso en una sesión que obtuvo 208 votos positivos contra 32 negativos.

La empresa financia litigios alrededor del mundo y, en este caso, adquirió los derechos de las empresas Petersen Energía y Petersen Energia Inversora, dos sociedades españolas propiedad de la familia Eskenazy. Otro de los fondos es Eton Park, que en 2010 había adquirido el 1,63% de YPF.

"El síndico liquidador de las empresas Petersen tiene un 30%, un 24% está en manos de fondos que no sabemos quienes son y el resto son estudios de abogados que se beneficiarán con las regalías. Quienes son los fondos no lo sabemos", aseguró Maril.