El debut de Javier Milei en el manejo de la protesta social callejera puso de manifiesto la principal dificultad para su plan económico: por más que se gane la simpatía de un sector de la clase media con los gestos de "mano dura" de Patricia Bullrich, tendrá que dar respuestas rápidas al sector más desfavorecido para que no termine siendo la variable del ajuste. Y las organizaciones piqueteras están dispuestas a resistir la licuación inflacionaria de los planes que están bajo su "administración".

El recrudecimiento de la "puja distributiva" fue, de hecho, el mensaje político detrás de la primera actividad de las organizaciones piqueteras, que concitó una atención inusitada a nivel mediático.

La marcha a Plaza de Mayo fue masiva y abundaron los incidentes con la Policía, pese al nuevo protocolo y a la amenaza explícita de pérdida de los planes para quienes infringieran la normativa. Es cierto que se logró una menor proporción de mujeres con niños pequeños y que fue una manifestación con mayor representación de militantes de izquierda. Pero, aun así, el grueso de los asistentes eran beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, el que representa, por lejos, el mayor rubro de la asistencia social, con 1,2 millón de beneficiarios que cobran mensualmente la mitad de un salario mínimo -en diciembre, el plan será de $78.000 por persona-.

Y no es apenas por una motivación política que las organizaciones piqueteras como el Polo Obrero, liderado por Eduardo Belliboni, decidieron expresar en la calle su oposición al programa económico de Milei. De hecho, esta misma organización no había tenido inconvenientes en recurrir a las protestas con cortes de calles y "acampes" en la avenida 9 de Julio para denunciar que el entonces ministro Sergio Massa quería recortar el gasto de asistencia social para cumplir la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional. Y antes, se habían opuesto a expresiones de Cristina Kirchner, que había criticado la intermediación de las organizaciones en el pago de los planes.

En definitiva, las manifestaciones piqueteras ocurrieron bajo todos los gobiernos y siempre tuvieron una motivación fundamental: plata. Con $109.830 millones al mes, el Potenciar Trabajo es el principal rubro de los programas sociales, que en total suman $492.037 millones y representan un 12% del gasto de la administración nacional.

El propio Belliboni planteó, como justificación de la protesta, la inequidad de que, mientras los planes se licuaban por los aumentos de precios, los inversores en bonos indexados por el CER recibían un seguro contra la inflación.

Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, fue muy crítico del nuevo protocolo para la protesta callejera

Una pelea por la licuación

Los dirigentes de las organizaciones sociales saben que están en la mira: el propio ministro de Economía, Luis Caputo, insinuó en su primer mensaje que estos planes serán licuados por la inflación, sin que esté previsto repetir bonos de refuerzo, como había ocurrido en los meses finales de la campaña electoral.

En un contexto inflacionario de dos dígitos, esto supone una disminución importante en términos reales. El monto del Potenciar Trabajo depende de la actualización del Salario Mínimo, que se define en el Consejo tripartito que revisa los números trimestralmente. Lo cierto es que, según las cifras que se definieron en septiembre, hubo subas escalonadas que perdieron contra la inflación: en noviembre se previó un ajuste de 10,6% contra un IPC de 12,8%, por lo que se reforzó el plan con un bono de $10.000.

Pero, en diciembre, se prevé una mejora de apenas 6,8%, cuando las consultoras económicas están proyectando una inflación en torno al 25%. El Gobierno únicamente ha previsto incrementos para la Asignación Universal por Hijo y para la Tarjeta Alimentar.

En conjunto, esos programas costaron en noviembre $133.440 millones y tienen la particularidad de llegar en forma directa a los beneficiarios, sin pasar por la intermediación de las cooperativas de trabajo, que son gestionadas por las organizaciones piqueteras.

Los antecedentes indican que las organizaciones no van a aceptar pasivamente la licuación de su principal programa de asistencia social. Ya se habían opuesto al recorte en el número de beneficiarios, que había quedado a cargo de la ex ministra Victoria Tolosa Paz, quien dio de baja más de 150.000 planes en situación irregular.

La relación con el gobierno anterior mejoró cuando Massa, en modo electoral, revirtió el proceso de licuación inflacionaria mediante el refuerzo con bonos extra. Como lo muestra un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el monto erogado en planes sociales tiene una variación real negativa del 2% en el acumulado enero-noviembre, pero con un punto de inflexión en agosto: a partir de ahí, comenzaron a reflejarse aumentos interanuales reales, con un pico de 48,5% en octubre.

La inflación generada este año determinó una licuación en términos reales de los planes de asistencia social

Las dudas sobre la viabilidad política

Lo cierto es que la preocupación de Belliboni y compañía respecto del peligro de que el ajuste fiscal se haga más por la vía de la licuación inflacionaria que por el recorte del gasto político está recibiendo expresiones de adhesión de sectores impensados.

Para empezar, la CGT, que durante toda la gestión de Alberto Fernández había mantenido una actitud pasiva, sin haber convocado a ningún paro en defensa del salario, ahora está dando señales de querer sumarse a los piqueteros en la actitud combativa. Tiene sus motivaciones propias, claro está, como la desregulación laboral que Milei quiere promover por la vía del DNU.

Otras coincidencias resultan todavía más extrañas. Por ejemplo, el propio FMI advirtió que el shock fiscal tendría que ser sustentable desde el punto de vista social.

"Se necesita un plan de estabilización fuerte, creíble y respaldado políticamente para abordar de manera duradera los desequilibrios macroeconómicos de Argentina y sus desafíos estructurales, al tiempo que, por supuesto, se protege a los más vulnerables de la sociedad", fue la advertencia de Julie Kozack, directora de comunicaciones del Fondo.

También, el gobierno estadounidense envió sutiles mensajes sobre la viabilidad política del ajuste. El embajador Marc Stanley, al felicitar a Milei por su elección, le recordó la necesidad de no descuidar "la inversión en la clase media".

La receta de la licuación

Y el conflicto en torno a los planes de asistencia social es apenas una parte menor del ajuste que Caputo piensa lograr por la vía inflacionaria, dado que el rubro que más incidencia tendrá en ese recorte será el de jubilaciones. Con un 36% del gasto público, fue el renglón del presupuesto que más sufrió la inflación, aun con el pago de bonos extra para compensar el rezago de la fórmula indexatoria. En el acumulado enero-noviembre, el gasto jubilatorio tuvo una caída real de 4,4%.

Como suelen recordar los principales analistas económicos, cuanto más alta es la inflación, más rápidamente se hace el ajuste fiscal. Los economistas dan por descontado que Milei aprovechará la ocasión que le presenta la "inflación heredada" a la que hizo referencia en su discurso inaugural, cuando dijo que todos los aumentos que vinieran en los próximos meses serían el efecto de la emisión monetaria de los últimos dos años.

Los acampes en la avenida 9 de Julio fueron una constante del año ante el recorte en la nómina del plan Potenciar Trabajo

Señales concretas, en ese sentido, se dieron con las primeras decisiones en materia presupuestaria. El hecho de que Milei haya preferido que el Congreso no haya votado el proyecto de presupuesto presentado por el ex ministro Massa, implica que se deba continuar con las partidas votadas para 2023.

Aquel presupuesto, había previsto una inflación de apenas 60%, es decir la tercera parte de lo que será la inflación de este año. Eso implica que Milei contará con un amplio margen de discrecionalidad para determinar el destino y monto de lo que se recaude en la AFIP por encima del monto del "devaluado" Presupuesto 2023.

Bajo esa condición, no resultará difícil disminuir el gasto. Pero, esa política tiene una contracara: una vez que la inflación empieza a bajar, tanto los salarios estatales como las jubilaciones empiezan a ganar peso frente a la recaudación tributaria.

No por casualidad, el otro anuncio que hizo Caputo es que se dejará sin efecto la fórmula indexatoria y que los aumentos empezarán a ser definidos discrecionalmente por el gobierno. El argumento del ministro es que la fórmula no logra defender a las jubilaciones de la erosión inflacionaria, lo cual es cierto en el período en el que la inflación va en aumento, pero no cuando se desacelera el IPC.