Milei deja sin efecto todas las contrataciones de empleados públicos de este año
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A través de otro decreto de necesidad y urgencia, el presidente Javier Milei dispondrá que todas las contrataciones de empleados públicos de este año no serán renovadas.
La norma comprenderá las contrataciones efectuadas en el marco del artículo 9° de la Ley N° 25.164, del Decreto N° 1109 del 28 de diciembre de 2017, y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023.
En tanto, exceptúa a las contrataciones al personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación.
También al personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada con que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento.
Cuántos empleados hay en el Gobierno Nacional
En la administración del Gobierno central hay casi 500.000 empleados, pero este número crece a casi cuatro millones si se consideran, además, los funcionarios provinciales, municipales, de empresas públicas, de la banca estatal y de universidades y organismos autónomos.
No obstante, especialistas en gasto público advierten que, por más que se haya anunciado un recorte fuerte en rubros como la obra pública y las transferencias a las provincias y ahora los empleados públicos, el grueso del gasto se concentra en el sistema jubilatorio y en los salarios de empleados estatales.
Según un informe de la consultora Analytica, en el acumulado enero-noviembre, esas dos categorías representan, respectivamente un 42% y un 12% del gasto total.
Son unos $5,2 billones acumulados, cuando la tributaria de noviembre fue de $4,6 billones.
La disyuntiva del "shock" de Milei: ¿despidos de empleados públicos o licuación por vía inflacionaria?
Hace diez días, iProfesional informó que iba a empezar a despejarse uno de los interrogantes más importantes respecto del plan de ajuste anunciado por Javier Milei: si el recorte del gasto público se hará por la vía de la licuación inflacionaria o por una supresión de empleos en la nómina de casi cuatro millones de empleados estatales. El vicero presidencian Manuel Adorni había sugerido que el nuevo gobierno tratará de aprovechar el margen de maniobra político que tiene todo presidente recién asumido y que no perderá tiempo en avanzar sobre un tema altamente sensible.
De hecho, el propio Milei fue preparando el terreno en ese sentido: su apelación inicial a que el ajuste recaería sobre "la casta" se transformó después en un recorte de gastos a "la política" y luego a todo el sector público. Incluyendo, sobre todo, el gasto en salarios. La ya icónica frase "no hay plata", fue pronunciada por primera vez para justificar que, ante un pedido de los gobernadores provinciales por asistencia para pagar salarios y aguinaldos, él no abriría la billetera.
Y, en su discurso de asunción en el cargo, fue enfático en el sentido de que el plan de shock fiscal, que recaerá principalmente en el sector público, tendrá un costo, no solamente en términos de ingreso salarial sino también de empleo.
Es sintomático que el primer anuncio oficial, tras la reunión de Milei con su gabinete, haya apuntado al fin del "empleo militante" y al anuncio de una auditoría para revisar, uno por uno, la situación contractual de cada funcionario y de las tareas que cumple.
Además, dijo que se exigiría una presencialidad plena, algo que hoy no se está verificando porque, tras la pandemia, un alto porcentaje de los empleados con tareas administrativas mantuvo un esquema mixto con teletrabajo hogareño.
Lo cierto es que, desde hace semanas, en las oficinas públicas se notó una inquietud creciente, con advertencias por parte de dirigentes sindicales, respecto de un posible corte de empleos.
El temor se centra, sobre todo, entre los empleados que no pertenecen a la planta permanente y que están en situación de contratados -generalmente por el recurso de un convenio con universidades u organismos internacionales-.
El propio discurso del Gobierno tiene cierta ambigüedad en el sentido de si la auditoría sobre la nómina de personal tiene un objetivo político, demostrar que no se tolerará la permanencia de "ñoquis" en el aparato estatal, o si la meta que se propone es de índole fiscal, es decir, recortar gastos por la vía de achicar la cantidad de asalariados que reciben un cheque del Estado.
En la administración del Gobierno central, hay casi 500.000 empleados, pero este número crece a casi cuatro millones si se consideran, además, los funcionarios provinciales, municipales, de empresas públicas, de la banca estatal y de universidades y organismos autónomos.
La realidad es que, por más que se haya anunciado un recorte drástico en rubros como la obra pública y las transferencias a las provincias, los renglones donde se concentra el grueso del gasto es en el sistema jubilatorio y en los salarios de empleados estatales. Según un informe de la consultora Analytica, en el acumulado enero-noviembre, esas dos categorías representan, respectivamente un 42% y un 12% del gasto total.
Puesto en plata, son $5,2 billones acumulados y, para tener una referencia, la recaudación tributaria de noviembre fue de $4,6 billones.