El Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/2023, firmado por los miembros de la administración de Javier Milei, de desregulación de la economía generó ganancias a varios estudios de abogados que fueron consultados para su redacción y provocará que ofrezcan sus servicios para intentar detener los profundos cambios anotados en el decreto presidencial, teniendo en cuenta que los sectores que lo resisten tienen puestas sus expectativas en que la Justicia tumbe el DNU que ayudaron a redactar.

Pero no serán los únicos beneficiados. Porque "la familia judicial" tendrá mucho trabajo tras la feria de la actividad porque, de avanzar el conjunto de leyes propuesto al Parlamento por el Gobierno, se espera que todos los estudios de letrados del país tengan parte en una catarata de juicios contra la ANSES, porque los jubilados que perciben una renta media o alta se verán afectados, o por los juicios que se producirán por el fin de la obra pública y el incumplimiento de los contratos vigentes.

A este panorama se le suman los innumerables planteos de amparo que han realizados sectores políticos, sociales y representantes de profesiones liberales como los farmacéuticos, o los despachantes de aduana, contra el DNU de Milei, como la reciente presentación de la Federación Argentina de Municipios (FAM) con el objetivo de detener los efectos de la decisión del Poder Ejecutivo.

Para el abogado previsional, Christian D’Alessadro, la reforma jubilatoria del gobierno licuará los haberes de los que cobran ingresos medios y altos, será un grave retroceso en materia de derechos jubilatorios y abrirá las puertas a muchos juicios. 

Para el abogado Juan Carlos Seoane, esta situación de derogar la ley de movilidad a través de un DNU, es un hecho similar al que se vivió durante el primer año de gobierno de Alberto Fernández en plena pandemia de Covid-19.

Aunque en el presente es una situación peor porque la ley sancionada por la anterior gestión nacional estableció aumentos trimestrales para los jubilados. En la presente modificación se dice que "se pagará de acuerdo a la sustentabilidad de la ANSES o sea a los recursos que posea y se priorizará a los que menos cobran".

Los juicios contra el Estado por temas previsionales podrían sufrir un aumento importante

Si el lema es "no hay plata", poco puede esperarse de aumentos en las jubilaciones. Además, se aguarda que "se traspase el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de más de 76 mil millones de dólares al Tesoro Nacional para que lo maneje el ministro Luis Caputo", explicó el letrado.

En ese contexto, los juicios contra el Estado por temas previsionales podrían sufrir un aumento similar a los que se realizaron por liquidaciones mal pagadas en el pasado.

Obra pública, en el ojo de la tormenta 

La obra pública será otra fuente de conflictos judiciales que los estudios de abogados podrán explotar en su beneficio.

Para dimensionar los proyectos de obra pública en la Argentina hay que anotar que se podrían perder 500.000 puestos de trabajo, según cifras conservadoras del gremio de la construcción, mientras que numerosas empresas contratistas del Estado se verían afectadas por la caída de los pagos programados y no dudarán un segundo en consultar a sus equipos letrados.

Según datos oficiales hay cerca de 2.300 obras en ejecución y 670 proyectos en proceso de evaluación que les caerá el cartelito de "no hay plata", que abarcan obras de infraestructura vial, recursos hídricos y conectividad.

Por otra parte, sobre algunos estudios de abogados recae la sospecha de haber asesorado al ministro sin cartera, Federico Sturzenegger. Contactos con bufetes muy reconocidos como Bruchou y Funes de Rioja o Mairal y Bomchild, que suelen representar al Grupo IRSA y a la Corporación América, son sólo algunos de los señalados.

Se podrían perder 500.000 puestos de trabajo, según cifras conservadoras del gremio de la construcción

Ley de Tierras, otro punto de conflicto

Otro de los puntos que serán polémicos y materia de estudio para los abogados es la derogación de la Ley de Tierras, una norma que limita la concentración y extranjerización de tierras rurales.

La norma derogada fijaba en 15% el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional para personas físicas o empresas que no sean del país.

Si bien la medida promoverá las inversiones extranjeras directas, se plantearán recursos contra la desinversión nacional de las tierras que representan el corazón productivo agropecuario de la Argentina. Lo cierto es que habrá un sector de la abogacía que se verá perjudicado por el DNU.

Los abogados laboralistas serán los más perjudicados con los cambios por "la modernización del régimen de trabajo", que incluye algunas reformas polémicas porque posibilitan que sea más fácil y menos costoso contratar y despedir trabajadores.

Para el economista Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo durante la administración de Mauricio Macri, las medidas anunciadas desincentivarán la "industria del juicio laboral que llevan a muchas pequeñas y medianas empresas, responsables del 70% del empleo privado en el país, a la quiebra".

Por último, pero no menos importante, el segmento privatizador promete ser uno los ítems por el cual los estudios de abogados competirán por asesorar.

El DNU convierte a todas las empresas estatales en sociedades anónimas "para su posterior privatización", según sostuvo Javier Milei. Y, deroga la ley que prohibía las privatizaciones.

En síntesis, un combo de medidas que transforma radicalmente la vida cotidiana de los argentinos y que provocará numerosos disensos y desacuerdos que terminarán por dirimirse en sede judicial.