En medio del debate por la ley ómnibus que el Gobierno de Javier Milei quiere aprobar esta semana en la Cámara de Diputados, un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto para declarar nulo el DNU impulsado por el Poder Ejecutivo para la desregulación de la economía.

"Queda muy claro, que este DNU no sólo, no es constitucional sino que es nulo. Inexistente. No cumple con ninguno de los requisitos formales y materiales para ser considerado un acto legislativo, por lo tanto, cabe afirmar que cualquier acto o decisión jurídica que se hubiere tomado en virtud de su corta vigencia (ficta) será también nula", dice la presentación que fue realizada por el diputado nacional Juan Manuel Pedrini y otros 12 legisladores de Unión por la Patria (UXP), el bloque que preside el santafesino Germán Martínez.

Para los diputados, "esta Cámara está suficientemente facultada para declarar la nulidad pretendida, toda vez que el DNU 70/23 contiene normas que acarrean consecuencias irreparables para los derechos colectivos que se verán afectados en sus relaciones jurídicas y en su vida cotidiana, que gozan de protección constitucional y supranacional".

Por ejemplo, sostienen los legisladores de UXP, "aparecen afectados trabajadores/as, inquilinos/as, usuarios/as y consumidores de tarjetas de crédito, personas con enfermedades, entre muchos otros. Se restringe el derecho a la salud en el acceso a medicamentos a causa de la derogación de la ley 27113 y la supresión de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos".

También, consideran que el Poder Ejecutivo, con el dictado del DNU 70/23, "realizó un ejercicio abusivo y desviado del poder en términos de emergencia que la Constitución admite. Esto porque el mismo contiene 366 artículos mediante los cuales se modifica y deroga una multiplicidad de regímenes normativos, que están destinados a perdurar en el tiempo, mientras no se verifica una situación de inacción del Congreso, sino que se produce una flagrante atribución de facultades legislativas, que le está vedada". 

Según el Gobierno, el DNU está vigente

Si bien la comisión bicameral de DNU que debe analizar el decreto enviado por Milei al Congreso, aún no está conformada y no se abocó a ese debate, el Gobierno insiste en que el documento, a pesar de las numerosas presentaciones judiciales, especialmente en el capítulo laboral, está vigente. Es que, el DNU fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso el 5 de enero pasado y los 10 días hábiles para su tratamiento vencieron el viernes 19.

"El DNU está vigente, es como si fuese una ley, está con plena vigencia. Está cuestionado en los tribunales, pero no va a ser habilitada la feria, ya lo decidió la Corte", afirmó el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, días atrás.

Diputados de Unión por la Patria piden declarar nulo el DNU de Milei.

No obstante, a las innumerables presentaciones judiciales, se sumó un amparo impulsado por la provincia de La Rioja, que fue directamente a la Corte Suprema, quien le dio curso pero no habilitó la feria judicial para tratarlo. Ante esa situación, Barra adelantó que en ese caso habrá "un trámite largo" y sostuvo que los tribunales no pueden revisar la validez del decreto porque lo está revisando el Congreso.

El DNU deroga una treintena de leyes -como la de Alquileres, de Góndolas y de Abastecimiento- establece reformas en la legislación laboral y en la desregulación de las obras sociales y prepagas, así como el sistema de tarjetas créditos, y convierte las empresas públicas en sociedades anónimas para su futura privatización

Tras retornar al país, Milei defendió el DNU

Milei, tras retornar de Davos, avisó a los Tribunales que no deben intervenir en la revisión del Decreto de Necesidad Urgencia 70/2023 porque ya está siendo revisado por el Congreso, cuestión que aún no avanzó. Ése, fue uno de los argumentos principales que esgrimió la administración de La Libertad Avanza (LLA) para pedir que se rechace el amparo que presentó la Confederación General del Trabajo (CGT).

En la presentación, el Gobierno negó 102 afirmaciones que había incluido la CGT en su amparo. Entre otros argumentos, rechazó que el DNU establezca una reforma laboral con "modificaciones peyorativas y permanentes para los trabajadores".

Para la Justicia, el Ejecutivo tiene que explicar por qué Milei usó un DNU para materias diversas, que abarcan desde los derechos de los trabajadores, la ley de góndolas, regulaciones sobre el acceso a los medicamentos o la derogación de la ley de alquileres.

"La excepcionalidad, necesidad y urgencia son cuestiones políticas no justiciables, cuya valoración compete al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación", establece en el escrito.

Los abogados del Estado sostuvieron que "es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece como consecuencia de un conjunto de anteriores decisiones intervencionistas".

Tras regresar de Davos, Milei ratificó la legalidad del DNU.

De todos modos, esta semana será clave en esta pulseada – no solo por la manifestación de la CGT del miércoles–, sino porque también el gobierno espera que la Cámara en lo Contencioso Administrativo diga si le saca la causa de la CGT al fuero del Trabajo.

El Congreso aun no trata el DNU

La bicameral de Trámite Parlamentario que debe analizar el DNU aún no se completó porque nunca designaron a los diputados que deberán integrarla. Es que, aún el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem no envió la lista de representantes de ese cuerpo en la comisión, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel sí elevó los nombres de los legisladores de la oposición para integrarla.

El viernes pasado se venció el plazo para que la bicameral –que aún no está conformada- emitiera su dictamen, luego de que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, envió el mega DNU al Congreso para su revisión.

De todos modos, al Gobierno de Milei le conviene el silencio del Congreso porque, de esa forma, el DNU se mantiene vigente. Es que, de acuerdo con lo establecido por las normas, los decretos de necesidad y urgencia siguen activos en tanto las dos cámaras del Congreso no rechacen la norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir, con la mitad más uno de sus integrantes.

Para que deje de estarlo, la oposición debe conseguir que ambas Cámaras lo traten y lo rechacen, es decir, que con el rechazo de una sola cámara no alcanza. Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda quieren rechazarlo pero deben juntar más voluntades para concretarlo.

Sin embargo, las discusiones pasan por estas horas por el análisis de la polémica y extensa ley ómnibus -que incluía en su articulado el DNU pero que luego fue quitado para conseguir mayores consensos-.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

Según el borrador de esa ley que circula por el Congreso, el dictamen impulsado por el oficialismo respetó varios cambios impulsados por la oposición y cuenta ahora con cerca de 500 artículos, 100 menos de los 664 que contenía el texto original enviado por el Poder Ejecutivo.

Hasta el momento, el Congreso Nacional no derogó ningún DNU pero tampoco nunca se había dictado una norma que contenga más de trescientas reformas a la legislación vigente en materia económica, laboral y de salud.