En el marco del segundo día de discusión de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, el Gobierno presentó una nueva redacción del proyecto con modificaciones, focalizándose en desbloquear dos puntos críticos: privatizaciones y facultades delegadas.

La revisión del texto, que incorpora diversos artículos, responde a las inquietudes expresadas por la oposición dialoguista. En relación con las privatizaciones, el listado de empresas susceptibles de ser vendidas ha disminuido de 39 a 30. Destacan tres entidades, Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, que solo podrán ser privatizadas parcialmente, generando resistencia en la oposición al considerarlas estratégicas.

No obstante, algunas empresas han quedado excluidas de esta lista, entre ellas Fabricaciones Militares, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Dioxitek, Fábrica Argentina de Aviones, Casa de Moneda, Radio Nacional de Universidad del Litoral, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimiento Minero de Agua de Dionisio.

El nuevo capítulo, estructurado en tres artículos con anexos, presenta listados diferenciados para privatizaciones totales y parciales. Esta segmentación podría facilitar que la oposición vote en contra de casos específicos, sin poner en riesgo la aprobación global. Una aproximación que se alinea con quienes abogaban por aprobar cada privatización de manera individual.

Comisión Bicameral

En pos de garantizar la transparencia en el proceso de privatización, se establece la creación de una Comisión Bicameral compuesta por seis diputados y seis senadores. Esta comisión será informada por el Ejecutivo acerca de la modalidad y procedimiento para la venta de empresas, el pliego de condiciones 15 días antes de su publicación, y cualquier circunstancia relevante. Además, se destaca la colaboración permanente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) con la comisión bicameral.

Previo al inicio del proceso de privatización, la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, en coordinación con la Sindicatura General de la Nación, deberá elaborar y publicar un informe integral sobre la empresa. Dicho informe abordará aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, remitiéndose a la Comisión Bicameral.

El radicalismo y el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto analizan la nueva redacción del proyecto, pero reconocen que hubo avances

En lo concerniente a las emergencias y facultades delegadas, se reconoce por parte de los sectores dialoguistas que ha habido acercamientos tras la eliminación, por parte del oficialismo, de la emergencia fiscal y previsional.

El proyecto establece la declaración de emergencia pública en diversas áreas hasta el 31 de diciembre de 2024, con la posibilidad de prórroga por un año adicional mediante decisión del Congreso. Por otro lado, se destaca que el artículo 73 mantiene la derogación del artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública (N° 27.612), conocida como "Ley Guzmán". Este punto, sin acuerdo con el radicalismo y HCF, enfrenta la posibilidad de ser rechazado, ya que defienden la prerrogativa del Congreso para supervisar al Ejecutivo.

Al finalizar la segunda jornada de debate, se ha acordado un nuevo cuarto intermedio, con la sesión programada para reanudarse el viernes a las 10 de la mañana. La propuesta del oficialismo de interrumpir la discusión parlamentaria ha sido respaldada mientras continúan las negociaciones sobre artículos cruciales, como la capacidad de tomar y reestructurar deuda, cambios en seguridad, y los temas previamente mencionados. A pesar de las modificaciones presentadas, un sector de diputados radicales, liderados por Facundo Manes, se mantiene firme en su rechazo a las facultades delegadas, insistiendo en debatir las privatizaciones "ley por ley" en el Congreso.

En la misma línea, la Coalición Cívica se muestra inflexible respecto a las facultades delegadas. Mientras tanto, en Hacemos Coalición Federal se ha otorgado libertad de acción en la votación en particular. Finalmente, los diputados de Córdoba Federal, vinculados al gobernador Martín Llaryora, continúan amenazando con retirar su apoyo si no se atienden las demandas de los mandatarios provinciales, a quienes el Gobierno prometió un nuevo pacto fiscal.

Se anticipa que el debate continuará con más de 30 oradores y se estima que la votación en general ocurrirá cerca de las 14 horas. En las filas de la oposición, se interpreta que el Gobierno ha optado por postergar la votación en general para continuar negociando y evitar el riesgo de no poder reunir el quórum necesario para la votación en particular.