El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, solicitó a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires dictar una medida cautelar que exija a los responsables de los incidentes ocasionados en las afueras del Congreso mientras se debatía la a Ley ómnibus, cubran los costos del operativo llevado a cabo por las fuerzas federales. 

"La suma total de los gastos operativos -costo de empleo de personal, gastos de combustibles, elementos utilizados, etc.-, asciende a un total de $134.486.038,08. A tal valor, deberán adunarse las sumas correspondientes a los costos del tratamiento médico de los integrantes de las fuerzas que fueron lesionados, los que se encuentran en curso de delimitación y se aportarán en cuanto se tengan debidamente establecidos", detallaron desde la mencionada cartera.

Patricia Bullrich exige cobrar a manifestantes por los daños en el Congreso

Por su parte, Bullrich señaló a través de un mensaje en X: "Dijimos que íbamos a cobrar los daños causados y la permanente agresión en el Congreso. Presentamos a la Justicia los gastos del operativo para que, una vez identificados los responsables, se hagan cargo de cubrir los costos. A los $134.486.038,08 les vamos a sumar los gastos médicos de los efectivos lesionados. ¡El que las hace, las paga!"

Además, en relación a los incidentes que tuvieron lugar miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, el Gobierno porteño a cargo de Jorge Macri presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad para que identificar individualmente a los responsables.

El jefe de Gobierno porteño precisó en redes sociales que la limpieza, reparación y orden de la zona afectada por los incidentes implican un desembolso total de $106.890.000. "Reclamaremos el costo de todos los daños porque no vamos a permitir que vándalos y delincuentes destruyan la Ciudad", afirmó.

En el documento presentado ante la Justicia se detalló que, entre las cuestiones a reparar, se encuentran contenedores y tachos de basura que fueron incendiados, materiales de alumbrado público, farolas, buzones, baldosas y veredas.

Durante el debate de la Ley ómnibus se produjeron diversos incidentes.

Qué decía además el escrito

En el texto que se entregó a la Justicia, se indicó: "De acuerdo a las normas procesales que rigen el cobro de las costas del proceso, solicitamos que -una vez identificadas a las personas y las organizaciones responsables de los disturbios y los daños ocasionados- se ordene en forma inmediata el embargo o la inhibición general de bienes de los imputados, a fin de cubrir la totalidad de los gastos ahora informados".

La suma total de los gastos del Estado por los sucesivos operativos, alcanza los $134.486.038,08, incluyendo el pago a los efectivos, el combustible de los vehículos y los elementos utilizados por cada una de las fuerzas.

En este sentido, el Gobierno detalló que desplegar a la Gendarmería demandó $55.489.310,44; a la Prefectura Naval Argentina, otros $45.981.438, 12; a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), un total de $.555.289,52, y a la Policía Federal Argentina, unos $32.460.000. 

"Agregaré a la brevedad, un informe pormenorizado efectuado por cada una de las Fuerzas Federales respectivas. Aclaro a V. Fiscalía que deberá adunarse a los gastos operativos aportados, los costos del tratamiento médico de los integrantes de las Fuerzas que han sido lesionados por los manifestantes, los que se encuentran en curso de delimitación y se aportarán en cuanto se tengan debidamente establecidos", aclaró el Ministerio.

En el marco de esta solicitud, se argumentó que los cuatro organismos de seguridad "debieron intervenir" entre el 31 de enero y el 2 de febrero, "ante los disturbios y la violencia desplegada por un gran número de personas, a fin de preservar el correcto funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina, proteger a los señores diputados y funcionarios pertinentes".