A las 14.30 de este martes se retomó en Diputados la discusión por el articulado que tendrá la Ley Ómnibus. Si bien el oficialismo logró la aprobación en general de la norma, no le será sencillo lograr el aval total de la iniciativa tal como lo pretende. Poco antes del mediodía, el ministro del Interior, Guillermo Francos, llegó al Congreso para terminar de definir la "letra chica" con los bloques opositores dialoguistas.

Hay varios puntos en los que mantienen diferencias. Antes de comenzar el debate, aún buscaban definir temas sensibles sobre los que aún no hay acuerdos, entre ellos la extensión de la delegación de poderes al Presidente, la coparticipación del Impuesto País y los mecanismos para privatizar empresas estatales.

Las negociaciones entre el Gobierno y las provincias se tensaron aún más luego de que Francos asegurara que Javier Milei vetará la coparticipación del impuesto PAIS en caso de que se incluya durante el debate en particular.

La sesión no necesitó quórum para reanudarse y tiene cuestiones de privilegio en su inicio. Luego sí se abocarán al debate en particular, y a partir de entonces la Cámara baja deberá contar con el quórum necesario para votar. La intención es que las votaciones sean a mano alzada, pero es obvio que en muchos de los artículos se pedirá la votación nominal. Sobre la marcha se decidirá si a medianoche se vota un nuevo cuarto intermedio. Todo indicaría que así será.

Debate de la Ley ómnibus y puntos sin acuerdo

Los primeros puntos a tratar se incluyen dos de los artículos más cuestionados: las emergencias y las facultades delegadas.

En el texto original del proyecto de ley el ejecutivo buscaba declarar la emergencia en 11 materias y obtener la delegación de facultades por dos años.

Sin embargo, la cantidad de materias en emergencia se recortó a 5 (económica, financiera, tarifaria, energética y administrativa). Además, el tiempo en el que el presidente tendría poderes especiales fue reducido a un año, con necesidad de pasar por el Congreso para extenderlo un año más.

El jueves pasado, los gobernadores llevaron a Francos una iniciativa en la que proponían que el 70% del impuesto PAÍS quede para el Tesoro, el 21% se distribuya y un 9% pase a la órbita del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Otro tema que demandará un largo debate será el de las privatizaciones. En el texto original se disponía que el Presidente tuviera la facultad de avanzar con la privatización de 41 empresas públicas. Tras las negociaciones se retiró de la lista YPF, el BICE, la Casa de la Moneda, Radio Universidad de Córdoba, Radio Universidad del Litoral y Fabricaciones Militares, entre otras.

Mientras que se limitó la cantidad de acciones sujetas a venta para el Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica Argentina.

Continúan en el texto 27 empresas, entre las que se encuentran AySA, Aerolíneas Argentina, Intercargo, Ferrocarriles Argentinos y los medios públicos. De todas formas, desde algunos bloques dialoguistas proponen que la privatización se debata empresa por empresa.

 Pese a que en la primera lectura que hizo el secretario parlamentario se había eliminado, el artículo que permite vender las acciones que posee el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES en grandes compañías fue incluido en el proyecto que obtuvo la mayoría en la votación en general del viernes pasado en la Cámara de Diputados.

El presidente Javier Milei se negó a coparticipar el Impuesto PAIS.

En la oposición hay distintas posturas al respecto y no convence la idea de otorgar discrecionalidad en el uso de esos recursos.

En ese escenario, un sector de la oposición pide que parte de los recursos se utilicen para pagar juicios a jubilados y a las cajas no transferidas de las provincias. Córdoba y Santa Fe son dos de los distritos que impulsan su reincorporación. Si el oficialismo no cede, un grupo de diputados votará en contra de ese artículo.

Otro punto rechazado por la oposición y que es resistido incluso por los bloques dialoguistas es referido a los artículos que permiten al Ejecutivo tomar deuda en moneda extranjera sin pasar por el Congreso.

El Gobierno busca la facultad para poder prorrogar, rescindir o anular contratos de obras públicas, concesiones y alquileres. Sin embargo, los bloques dialoguistas buscarán que el Congreso tenga derecho a supervisar estas cuestiones.