La pelea en Tribunales entre el juez federal Sebastián Casanello y el Ministerio de Seguridad va adquiriendo cada vez más fuerza por cruces en las últimas horas a raíz de un expediente iniciado por agrupaciones de izquierda que cuestionan la legalidad del protocolo anti piquete implementado por el Gobierno nacional.

Casanello decidió mantener firme su decisión de volver a escuchar a las partes en una nueva audiencia el próximo miércoles pese a que desde el Ministerio de Seguridad le presentaron seis escritos.Lo recusaron; le plantearon su incompetencia.

Además, pidieron la suspensión del proceso; cuestionaron que haya aceptado como "amicus curiae", esto es amigo del Tribunal, a agrupaciones otras agrupaciones sociales y de izquierda; que levante esa audiencia fijada del miércoles; y que no haya seguido la orden emanada por la Cámara Federal - sus superiores- para que evalúe tramitar el caso no como un "hábeas corpus".

Ante la catarata de escritos, el juez mantuvo firme la realización de la audiencia luego de la cual podría evaluar si es legal o no el protocolo anti piquete.

El inicio de un largo proceso

Inicialmente, el caso comenzó con una presentación de la legisladora porteña del MST Celeste Fierro y el expediente pasó por el fuero Contencioso Administrativo Federal, el fuero ordinario y finalmente recaló en la Justicia Federal, quedando a cargo Casanello.

El juez decidió darle trámite de hábeas corpus pese a que no hay una situación concreta evaluó que ese tipo de trámite también hace a la prevención, tratándose de un protocolo de actuación ante la protesta callejera. El magistrado convocó a una primera audiencia, ya realizada la semana pasada, pero en el mientras tanto instruyó al Ministerio de Seguridad a que ordene a las fuerzas de seguridad a que su accionar se ajuste a los tratados internacionales y la Constitución Nacional.

Recrudece la pelea entre el juez Casanello y el Gobierno Nacional por el protocolo anti piquetes

Eso detonó puertas adentro del Ministerio de Seguridad y lo evaluaron que podría ser un indiio de que el juez iba a fallar a favor de las organizaciones de izquierda. Incluso, la Cámara Federal, superiores del magistrado, declararon nula esa instrucción aduciendo que él le había dado un trámite de hábeas corpus que no correspondía.

Pero Casanello retomando el trámite de la causa mantuvo firme su decisión de seguir adelante con el proceso y convocó a una audiencia para el próximo miércoles en Comodoro Py.

El duro cruce entre el juez y el Gobierno

Ante la decisión firme del juzgado, el Ministerio de Seguridad presentó media docena de escritos en los que quiere correr a Casanello acusándolo de parcial y por lo pronto, que suspenda la audiencia del miércoles.

"En consideración a las características del procedimiento de habeas corpus, corresponde no hacer lugar al pedido para suspender la audiencia", fue la escueta respuesta del magistrado.Todo indica que se va a realizar pues hasta que intervenga la Cámara Federal hace suponer que no habrá tiempo para el Ministerio de Seguridad contar con la posibilidad de revertir esa decisión previo al miércoles.

Desde la cartera que conduce Patricia Bullrich reprocharon que el juez continúe tratando el caso como un "hábeas corpus" pues consideran que "no se desprende una amenaza ilegal cierta,  concreta e inminente de restricción de la libertad de las personas en cuyo nombre se instó la acción originaria, ajena al procedimiento del hábeas corpus".

"La posibilidad de manifestarse no se encuentra vulnerada, puesto que con posterioridad a dicha demanda continuaron los reclamos en las calles, salvaguardándose el ejercicio del derecho de protesta, reunión y expresión", justificaron. Es que el cuestionamiento hecho por la legisladora Fierro es que el protocolo anti piquete da libertad de acción a las fuerzas de seguridad con poco control judicial.

Desde Seguridad sospechan que el juez ya tiene una posición tomada cuando días atrás instruyó a que las fuerzas federales actúen de acuerdo a las normas. "Se desprende un aspecto subjetivo del magistrado, que consistió en exhortar al Ministerio de Seguridad a una serie de medidas que recaían sobre la cuestión de fondo y dejaba entrever la posible decisión final de la causa cuando aún no se encontraba en estado de ser resuelta", le dijo Diego Goldman, subsecretario Legal del Ministerio en unos de los escritos.

"Por un lado, da por supuesto que el protocolo no se ajusta a los parámetros internacionales y, por otro, por parámetrosinternacionales, en lugar de citar a la Convención Interamericana de Derechos Humanos que, entre otras cosas, protege el derecho a la libre circulación, únicamente menciona opiniones de los relatores, que no son órganos ni funcionarios de las Naciones Unidas, sino consultores independientes", agregaron en otro de los escritos en el cual lo recusan a Cassanello, o sea quieren apartarlo del expediente y que sea otro juez el que intervenga.

Desde el Gobierno acusan a Casanello de avalar el corte de calles

Luther King

El Ministerio de Seguridad no se ahorró la ironía al equiparar en uno de los escritos una epopeya parecida a la generada en los discursos del activista civil Martin Luther King con las protestas en Argentina a partir del corte de calles.

"Probablemente los relatores hayan estado pensando en una circunstancia excepcional, como las manifestaciones de MartinLuther King por la igualdad, la libertad y el trabajo, que aglutinaron por una vez a cientos de miles de personas en Washington D.C., pero Vuestra Señoría. no puede ignorar que en la Argentina los cortes de vías de circulación constituyen una práctica diaria que perturba en una medida extrema la vida de las ciudades y del campo y que hace sufrir a los demás habitantes".

"Por tanto, parece claro que Vuestra Señoría, al anticipar esa opinión, al menos aparentemente considera que las interrupciones al tránsito en la vía pública que penaliza el artículo 194 del Código Penal no justifican la intervención policial", remataron.

El miércoles -por ahora- está firme la convocatoria en Comodoro Py donde en una misma mesa se verán las caras no sólo el funcionario del Ministerio de Seguridad con los representantes del partido de izquierda, sino también de aquellos con el juez en una relación cada vez más tirante y con final abierto.