El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el Gobierno evalúa declarar la educación como un servicio esencial, tal y como estaba contemplado en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que fue suspendido por la Justicia.

"Se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar la educación como servicio esencial", planteó el funcionario en su habitual conferencia de prensa.

El DNU elaborado por Federico Sturzenegger contemplaba modificaciones en la ley laboral entre la que destacaba la inclusión de la educación como "servicio esencial" con intención de limitar el derecho a huelga.

En el artículo 97 se establece que se considerará como "servicio esencial" a la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, como también los servicios de cuidado de menores y la educación especial. De esta forma, el Gobierno tiene capacidad de restringir el derecho a la protesta.

Si bien no hay precisiones respecto a la fecha en la que se concretará la declaración, fuentes de Gobierno aseguran que será en lo inmediato y que quedará a cargo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La intención de la administración libertaria es exigir una prestación mínima en los días de paro y se enmarca en pleno conflicto salarial docente tras la decisión del Ejecutivo de no convocar a una paritaria nacional.

El Gobierno nacional declararía a la educación como servicio esencial para restringir los paros docentes

La estrategia del Gobierno de declarar como esencial a la educación tiene como objetivo exigir una prestación mínima en los días de medidas de fuerza, en medio de un conflicto salarial docente que aumenta tras la decisión del Ejecutivo de no convocar a una paritaria nacional.

El Fondo Docente

Los roces entre los gremios y el gobierno nacional se intensifican, además, por la decisión de no transferir los fondos educativos a las provincias. El Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) es, en este contexto, un componente de relevancia en el sueldo docente, promedia el 13% del sueldo inicial que cobran cerca de 1,6 millones de docentes de todo el país del sistema educativo formal, desde el nivel inicial hasta el nivel terciario no universitario.

Fue creado en 1998, en el marco de una disputa por los salarios que mantuvo el entonces presidente Carlos Menem con la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). Este año, el ingreso se encuentra caído desde el primero de enero de este año y el gobierno no da señales de querer renovarlo.