Luego de que el gobernador de Chubut Ignacio Torres denunciara que el Ejecutivo le retuvo a la provincia "ilegalmente $13.500 millones" en febrero y amenazara con no entregar más gas y petróleo, llegó la respuesta desde el Gobierno.

La primera reacción que llegó desde Casa Rosada fue aclarar: "Todo lo que la ley nos obliga, lo estamos transfiriendo. Lo cierto es que nadie le quita lo que le corresponde por ley".

Más tarde, el ministro del Interior Guillermo Francos señaló en una entrevista televisiva: "En realidad lo que tiene la provincia de Chubut, que es responsabilidad del gobernador anterior, es que tenía una deuda de la Nación, que se garantiza con fondos coparticipables. Este mes vencía una cuota y se la retuvo. El gobernador pidió una prórroga y no se la dio".

El funcionario señaló que la deuda corresponde a un fondo fiduciario que vence el año que viene. "Es una deuda garantizada con coparticipación", remarcó Francos.

Y explicó: "Son acuerdos firmados que se garantizan con coparticipación y las cuotas que deben, se les retienen a todos los gobernadores. El gobernador Torres no tiene por qué ponerle ningún plazo al gobierno nacional. Pero él no puede entrometerse con la actividad de empresas privadas. No puede paralizar el suministro de petróleo, salvo que utilice medios ilegales".

El reclamo de los gobernadores patagónicos

El gobernador de Chubut Nacho Torres amenazó con cortar la entrega de petróleo y gas

Durante un acto en su provincia, el gobernador de Chubut Nacho Torres aseguró: "Si no nos quitan la pata de encima, no sale un barril de petróleo más". Y, en esa sintonía, publicó en sus redes sociales y documento firmado también por los otros gobernadores: Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), y Alberto Weretilneck (Río Negro).

En un texto titulado "Las provincias unidas del sur", Torres publicó en su cuenta de X: "Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio".

"En febrero el gobierno nacional nos retuvo ilegalmente $13.500 millones. Es más de un tercio de nuestra coparticipación mensual. Si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los Chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas".

El texto firmado por todos los gobernadores patagónicos, ratifica que "los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses".

"Hoy la provincia del Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Omnibus. En febrero el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones; más de un tercio de su coparticipación mensual", explicó el texto.

Y detalló: "No es una revancha contra el gobernador del Chubut. Es una afectación a más de 600 mil chubutenses que de esta forma ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo".

La amenaza con cortar las entregas de petróleo y gas

En otra parte del comunicado, los gobernadores señalaron: "Repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador Ignacio Torres y el pueblo del Chubut".

"No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias. Por esa razón avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen", agregó.

"Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas", aseguró el texto, que concluyó: "Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas".

"Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina", finalizó.