Patricia Bullrich y Luis Petri, ministros de Seguridad y Defensa, anunciaron un paquete de leyes que incluirá, entre otros aspectos, una normativa para instrumentar penas de prisión para los organizadores de piquetes y una modificación en la Ley de Seguridad Interior para modificar el rol de las Fuerzas Armadas y ampliar sus facultades en los casos de terrorismo.

En una conferencia de prensa,Petri reconoció que "la situación en la ciudad de Rosario es crítica. Este año han ocurrido más de 30 homicidios y ha bajado la cifra anterior, lo que habla del esfuerzo coordinado".

Además, subrayó que "estamos viendo actos terroristas. El Presidente nos ha dado expresas instrucciones de actuar con total fuerza del Estado y realizar una tarea coordinada integracional que involucre a todos los poderes del Estado. Además, nos dio instrucciones para que modifiquemos la ley de Seguridad Interior".

"Estamos modificando la ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones para devolverle la paz a los rosarinos en los supuestos de terrorismo", anunció Petri.

Patricia Bullrich propuso aumentar las penas para piqueteros 

Por su parte, Patricia Bullrich apuntó a los piqueteros. "Proponemos aumento de penas para quienes organicen manifestaciones, cortes de calles, obliguen a gente a que participen bajo promesa de amenazas"

"Hemos encontrado de todo, favores sexuales para que vayan a las marchas, 150 mil denuncias con nombre y apellido que investiga la justicia federal. Casanello y Lijo están avanzando en la investigación", aseguró la ministra de Seguridad.

El proyecto busca aumentar las penas para quienes realicen piquetes

"Esto nos va a permitir que realmente no se explote a la gente ni se genere una situación de dependencia quitándole la libertad a las personas, una de las bases de nuestro proyecto, la libertad", exclamó.

Según el proyecto original, se establece que si el acto se lleva a cabo portando un arma propia o ajena y causa daños físicos, la pena se incrementaría de dos a cuatro años de prisión. Además, se propone crear una figura penal para aquellos que organicen manifestaciones que obstruyan el tránsito o causen lesiones a personas o daños a la propiedad, con penas de dos a cinco años de prisión. Esta condena podría extenderse hasta seis años en casos de intimidación, simulación de autoridad pública, promesas de remuneración o amenazas para forzar la participación en la protesta.

Se establece también la responsabilidad solidaria de los organizadores por los daños ocasionados durante la manifestación, así como multas de hasta veinte mil unidades fijas en caso de interrupción del tránsito o participación de menores sin la debida supervisión.

Los anuncios realizados por Patricia Bullrich y Luis Petri ya estaban incluidos en la Ley Omnibus

El proyecto contempla la obligatoriedad de notificar al Ministerio de Seguridad con 48 horas de antelación cualquier reunión o manifestación, detallando información sobre los organizadores, objetivos, ubicación y cantidad estimada de participantes. El incumplimiento de estas disposiciones podría acarrear sanciones y multas.

Finalmente, se propone modificar el delito de resistencia a la autoridad, ampliando las penas de uno a tres años y seis meses de prisión para aquellos que empleen intimidación o fuerza contra funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.

En caso de avance en el Congreso, las penas podrían endurecerse aún más, llegando a un mínimo de cuatro años de prisión en casos de comisión del delito a mano armada o por grupos de más de tres personas, o si el autor es funcionario público.