Si hay una dependencia por demás conflictiva para el gobierno de Javier Milei es el área laboral, donde los funcionarios pasan sin pena ni gloria, en una gestión que está lejos de establecer o recomponer lazos con el movimiento obrero organizado.

La secretaría de Trabajo (ex Ministerio) quedó bajo la órbita de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, una de las piezas claves del Ejecutivo y mujer de extrema confianza del jefe de Estado quien, en más de una oportunidad salió a respaldarla y hasta descarto su reemplazo.

Desde un primer momento, Trabajo estaba en la mira del ex presidente Mauricio Macri. En el llamado "Pacto de Acassuso" (antes del ballotage), el ingeniero le había propuesto al líder libertario el nombre de Jorge Triacca como titular de la dependencia laboral. Karina Milei rechazó desde el primer minuto una alianza con Macri y menos aún el desembarco de Triacca en el nuevo gobierno.

La sombra de Triacca en la secretaría de Trabajo

Sin embargo, el ex ministro de Cambiemos supo mover los hilos e incorporó a gente de su confianza en la primera gestión de la secretaría de Trabajo, con las designaciones de Omar Yasín y Horacio Pitrau, quien fue el primero en pagar los platos rotos por el presunto acercamiento de un sindicalista de renombre con la gestión libertaria.

Después de varios reemplazos, quien quedó al frente de la cartera es Julio Cordero, un abogado laboralista que viene con el respaldo de Paolo Rocca, titular del Grupo Techint, mientras que como subsecretaria había sido designada Mariana Hortal Sueldo, quien prontamente renunció por diferencias con la modalidad en la que se despidió personal de la secretaria.

En su reemplazo llegó Liliana Acosta de Archimbal, funcionaria de carrera con relación directa con Triaca y amplia llegada a la justicia. Para algunos, el descabezamiento se produjo cuando Pettovello ordenó auditar la computadora de la funcionaria para comprobar si había sido la responsable de filtrar la información sobre el pasado sindical del vocero presidencial Manuel Adorni, otra de las figuras claves de Milei.

La ministra Pettovello pidió la renuncia de Liliana Acosta de Archimbal y designó a Martin Huidobro. Denuncia judicial contra ex funcionarios macristas

Pettovello investigó y pidió la renuncia de Acosta de Archimbal

Pettovello no solo inició la investigación, sino que le exigió a Cordero que le pida la renuncia a  Acosta de Archimbal  y designó en su reemplazoplazo a Martin Huidobro, quien se desempeñaba como director de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género del Ministerio de Capital Humano y fue uno de los firmantes en nombre del Gobierno de la apelación del fallo contra el capítulo laboral del DNU 70 para que el tema fuera revisado por la Corte Suprema.

Huidobro fue abogado de los ministerios de Planificación Federal y de Energía en los gobiernos de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri; es asesor de empresas en problemáticas de Derecho Laboral y Civil y de particulares en Derecho Civil y de Familia y carece de experiencia en temas laborales.

Asimismo, fomentó un vínculo estrecho con Pettovello. Algunas versiones indican que la ministra tampoco confía del todo en Cordero, a raíz de trascendidos que daban cuenta que le había solicitado tanto a Milei como al ministro de Economía, Luis Caputo, que Trabajo recupere el estatus de ministerio.

Pero esto no fue todo en el área laboral. Antes de la salida de Archimbal, la semana pasada hubo otro cambio: Luis Palomino renunció a la subsecretaría de Empleo y fue reemplazado por Eugenia Cortona. El funcionario saliente, dirigente libertario de Vicente López, quedó al frente de los planes Volver al Trabajo, que buscan desarrollar competencias sociolaborales para acceder al empleo.

La ministra presentó una denuncia judicial: apunta a ex funcionarios macristas

Por otra parte, también se supo que Pettovello presentó una denuncia judicial por el pago de 600 millones de pesos a una asociación civil, entre 2017 y 2019, de parte del entonces Ministerio de Trabajo durante el gobierno de Macri. Justamente, los apuntados son funcionarios que respondían a Triaca.

En la acusación indicaron que, tras una auditoría interna, se presentaron "irregularidades en el Ministerio de Trabajo que fueron detectadas por el equipo encabezado por la abogada Leila Gianni gracias al aporte de un empleado ‘arrepentido’ de dicho ex ministerio que señaló a 13 funcionarios y empleados como partícipes en una añeja asociación ilícita enquistada en el organismo, para hacer negocios millonarios a costa del Estado".

Se trata de un convenio marco y quince convenios específicos de "cooperación y asistencia técnica" con la asociación civil denominada Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDYAT). Además de denunciar las supuestas maniobras, se echó a los funcionarios y empleados implicados de la secretaría de Trabajo y se "procedió a preservar la documentación que se encuentra bajo revisión y que aportarían data clave respecto del manejo discrecional de dineros públicos en perjuicio del Estado, incluyendo dinero proveniente de fuente internacional".