Cristina Kirchner frente a una avanzada judicial inédita: subastas, condenas y el riesgo patrimonial

En 2019, Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción, lanzó una frase que muchos consideraron más retórica que real: "Cristina Kirchner va a terminar sin un peso". En ese momento, parecía difícil imaginar que una dirigente con el recorrido de la expresidenta, dos veces jefa de Estado y luego vicepresidenta entre 2019 y 2023, pudiera enfrentar una pérdida patrimonial sustancial.

Pero en 2025, y tras la confirmación de su condena por la Corte Suprema en la causa Vialidad, esa frase adquiere un nuevo peso. La Justicia avanza con acciones concretas: la subasta de más de 20 propiedades, la ejecución de millones de dólares, y el riesgo de embargo a bienes de sus hijos, completan un escenario inédito en la historia judicial argentina.

Un patrimonio importante, pero bajo amenaza

Según la declaración jurada presentada en 2024, Cristina Kirchner posee un patrimonio de 249 millones de pesos, una cifra significativa en términos personales, pero modesta frente a las imputaciones en su contra. Entre sus activos figuran:

• Un auto cero kilómetro Toyota Corolla, valuado en más de 15 millones.
• El usufructo de propiedades en Recoleta y El Calafate.
• Acciones en compañías como Apple y Mercado Libre, adquiridas en 2023 por más de 70 millones de pesos.

Sin embargo, este panorama patrimonial podría alterarse rápidamente. El fiscal Diego Luciani solicitará que los condenados —entre ellos Cristina y el empresario Lázaro Báez— devuelvan al Estado el dinero defraudado, estimado en 85 mil millones de pesos, bajo amenaza de ejecución forzada si no lo hacen en 10 días hábiles.

Subastas, dólares congelados y empresas en juego

Los bienes alcanzados por esta ofensiva judicial incluyen:

• 27 propiedades de la familia Kirchner.
• Cinco cocheras en el exclusivo edificio Madero Center.
• Las empresas Hotesur y Los Sauces, ligadas a la actividad hotelera y al circuito de retornos económicos investigado.
• 4,6 millones de dólares a nombre de Florencia Kirchner, actualmente retenidos en Hotesur.
• Otro millón de dólares en una cuenta bancaria vinculada a su nombre.

De no cumplirse la restitución, también se pondrán en la mira bienes de Máximo Kirchner, actual diputado nacional, y de su hermana, ya que Cristina habría cedido parte de sus activos a ambos.

Por su parte, Lázaro Báez enfrenta la ejecución de al menos 60 propiedades distribuidas en el sur del país, cuya valuación representa una porción sustancial del fraude denunciado.

El núcleo de la acusación sostiene que el 50% de las obras adjudicadas a Báez durante los gobiernos kirchneristas fueron abandonadas, con un avance que osciló entre el 16% y el 36%, pese a que el empresario cobró el total de los contratos.

Esta maniobra habría sido posible gracias a una estructura estatal montada desde 2003, según el fallo del Tribunal Oral Federal 2, ratificado por la Cámara y ahora por la Corte Suprema. En esa trama, la expresidenta habría jugado un rol central, no solo como jefa de Estado sino como beneficiaria económica directa de las maniobras.

El circuito del dinero y las empresas familiares

Los jueces señalaron que parte del dinero regresaba a los Kirchner mediante alquileres de propiedades y hoteles. Las empresas Los Sauces S.A. y Hotesur —en manos del TOF 5— son consideradas canales para blanquear o reintroducir fondos provenientes de las licitaciones viales.

El juez Gustavo Hornos, en su voto, aseguró que la estructura fue sostenida con funcionarios de extrema confianza del matrimonio, colocados en lugares clave para asegurar el circuito ilegal. Para los magistrados, se trató de una asociación ilícita organizada desde el más alto nivel del poder ejecutivo.

La extinción de dominio y el rol de Milei

El gobierno actual de Javier Milei reactivó la acción civil por daños y perjuicios, que había sido congelada durante la gestión de Alberto Fernández. Con base en el decreto de extinción de dominio firmado por Mauricio Macri en 2019, se busca que los condenados resarzan al Estado con su patrimonio personal, aún antes de que la condena quede firme en todos sus aspectos.

Este enfoque ya tuvo un antecedente concreto: la subasta de la mansión del exintendente K Luis Lobos en Mendoza, valuada en 177 millones de pesos. Ahora, el mismo mecanismo podría utilizarse contra los bienes de Cristina Kirchner, en lo que se convertiría en una de las ejecuciones patrimoniales más relevantes de la historia política argentina.

El paso firme de la Corte Suprema, que ratificó la condena sin modificarla, fue interpretado como el derribo de una torre construida con base precaria. Como en un juego de Jenga, la remoción de una ficha clave parece haber desencadenado el colapso de una red jurídica, política y económica que sostuvo a la expresidenta durante dos décadas.

Hoy, la pregunta ya no es si Cristina Kirchner enfrenta un proceso judicial —eso está resuelto—, sino cuánto de su fortuna personal podrá resistir los embates legales, y qué impacto tendrá este proceso sobre su legado político y familiar.