Intimaron a Cristina Kirchner y al resto de los condenados a que depositen $685.000 millones en diez días

El Tribunal Oral Federal N°2 intimó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los condenados en la causa conocida como "Vialidad" a que, en un plazo máximo de diez días, depositen una suma equivalente a $684.000 millones -más de u$s540 millones al tipo de cambio oficial actual- por el perjuicio económico generado al Estado a través del esquema de corrupción en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.

La resolución fue firmada por el presidente del tribunal, el juez Jorge Gorini, quien notificó formalmente a todos los involucrados. Tienen diez días para cumplir con el depósito a cuenta y orden del tribunal. Se trata de un monto que los condenados deberán reunir de manera solidaria, lo que implica que cualquiera de ellos puede ser obligado a cubrir la totalidad si los demás no responden.

De no concretarse el pago en el tiempo estipulado, el tribunal avanzará con el decomiso y remate de bienes embargados, entre los que se encuentran más de 200 propiedades, vehículos de alta gama, estancias, cuentas en dólares, sociedades comerciales y hoteles.

Qué bienes podrían rematarle a Cristina Kirchner si no cumple con el pedido de la Justicia

La suma exigida es la actualización del decomiso de $84.000 millones  dispuesto originalmente en diciembre de 2022 al dictarse la sentencia. El cálculo actualizado fue realizado por peritos de la Corte Suprema a pedido del propio tribunal.

El decomiso fue solicitado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes sostuvieron que el Estado debía recuperar los fondos desviados por medio de sobreprecios en 51 licitaciones viales y obras abandonadas. La maniobra fue calificada como un caso emblemático de fraude a la administración pública y asociación ilícita, y tuvo como figura central al empresario Lázaro Báez, quien recibió contratos millonarios entre 2003 y 2015.

Los fiscales remarcaron que este tipo de decomisos buscan impedir que los responsables de hechos ilícitos mantengan el disfrute de bienes obtenidos mediante actos de corrupción, en línea con estándares internacionales de recuperación de activos derivados del delito.

En su última declaración jurada, Cristina Kirchner declaró un patrimonio de 250 millones de pesos, ya que transfirió la mayor parte de sus bienes a sus hijos, Máximo y Florencia, mediante un anticipo de herencia. Sin embargo, muchos de esos activos están alcanzados por medidas judiciales en las causas Hotesur y Los Sauces, que incluyen propiedades en Puerto Madero; cocheras; alrededor de u$s6 millones en efectivo; hoteles en la Patagonia; sociedades de administración y viviendas en El Calafate y Río Gallegos.

Por su parte, Lázaro Báez es quien concentra la mayor cantidad de bienes embargados. De acuerdo con un informe elaborado por el juez federal Sebastián Casanello en la causa conocida como "la ruta del dinero K", su patrimonio -entre campos, empresas, vehículos, aviones y maquinaria- supera los u$s120 millones. No obstante, esa cifra también debe distribuirse entre varios procesos judiciales, ya que Báez fue condenado por lavado de dinero y en ese expediente recibió una multa adicional de u$s300 millones, además del decomiso de u$s55 millones.

La defensa de Cristina Kirchner había calculado una cifra mucho menor

Un informe pericial presentado por la defensa de Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad sostiene que el monto actualizado a decomisar es considerablemente más bajo que el calculado por los peritos oficiales. Según el escrito firmado por el contador designado por la defensa, la cifra totaliza 42.494 millones de pesos, muy por debajo de los 684.000 millones estimados por expertos de la Corte Suprema.

La conclusión fue presentada ante el Tribunal Oral Federal N°2 a través del abogado Carlos Beraldi, quien acompaña la estrategia legal de la ex presidenta. El perito indicó que se basó en los valores de adjudicación de las obras entre 2003 y 2015 y no en la suma establecida en la condena original.

Para la actualización del monto, utilizó la tasa pasiva promedio del Banco Central como criterio técnico, a diferencia de los peritos de la Corte, que aplicaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto explica la enorme diferencia entre ambos cálculos: mientras la defensa proyecta un total cercano a los 42 mil millones, el cálculo oficial —basado en los 85 mil millones de pesos del fallo de 2022— asciende, tras la indexación, a 684 mil millones de pesos.

Ahora, el Tribunal deberá definir qué metodología aplicará para establecer la suma definitiva y proceder a intimar a los condenados a depositar los montos correspondientes dentro de un plazo de diez días hábiles.

Cabe recordar que Cristina Kirchner fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, y que la sentencia quedó firme en junio pasado luego de que la Corte Suprema rechazara los recursos presentados.