Adorni y Bullrich anunciaron un operativo de emergencia por las 5 millones de hectáreas inundadas en la Provincia

Después de más de nueve meses de lluvias, anegamientos y caminos rurales intransitables, el Gobierno nacional anunció finalmente un operativo de emergencia para asistir a los bonaerenses afectados por las inundaciones. El anuncio, encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, promete el despliegue de recursos nacionales y la creación de un centro de operaciones en la ciudad de 9 de julio, en el corazón de la zona afectada.

Se estima que hay más de cinco millones de hectáreas afectadas y que quedarán fuera del circuito productivo por varios meses.

"El equipo del Gobierno nacional está ocupándose de los bonaerenses", aseguró Adorni en conferencia de prensa desde la Casa Rosada. Según explicó Bullrich, el operativo se implementará a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que coordinará tareas con intendentes y productores. "Hemos decidido realizar un despliegue operativo que permita abrir caminos y llegar a las familias que están aisladas y a los pueblos que atraviesan situaciones muy comprometidas", dijo la ministra.

Las medidas incluyen el envío de maquinaria de Vialidad Nacional para limpiar alcantarillas y drenajes, equipos del Ministerio de Defensa para instalar puentes provisorios y la presencia de fuerzas federales para asistir a la población. Bullrich confirmó además que este sábado los ministros viajarán a 9 de Julio "para ponerse al frente del Comité de Emergencia".

Un operativo esperado demasiado tarde

El anuncio fue recibido con una mezcla de alivio y fastidio por los productores y habitantes rurales que, desde comienzos del año, vienen denunciando la falta de respuestas oficiales en los pueblos del interior bonaerense, donde las lluvias acumuladas superan ampliamente los promedios históricos y miles de hectáreas permanecen bajo agua.

En muchos partidos del noroeste y centro de la provincia —9 de julio, General Viamonte, Bragado, Carlos Casares, Trenque Lauquen y Pehuajó— la situación se volvió crítica desde el otoño. En esas zonas, productores y municipios debieron abrir canales por su cuenta o improvisar pasos para garantizar la llegada de alimentos, combustible o atención médica. Las entidades rurales y los consorcios camineros venían reclamando la presencia del Estado nacional desde hace meses.

El Gobierno bonaerense, por su parte, desplegó equipos propios para atender la emergencia, pero el nivel de saturación de los suelos y la extensión de las áreas afectadas desbordaron las capacidades provinciales. En ese contexto, la intervención nacional llega cuando buena parte de la cosecha fina ya se perdió y miles de caminos quedaron destruidos, imposibilitando también la siembra gruesa.

Fondos inmovilizados y prioridades cambiarias

La demora en la reacción oficial no fue solo logística. El Fondo de Infraestructura Hídrica —creado para financiar obras de drenaje y mitigación de inundaciones— tuvo más de $155.000 millones invertidos en plazos fijos y letras del Tesoro, en lugar de ser destinados a las zonas críticas. Esa situación se explica, en parte, por la decisión del Gobierno de priorizar la acumulación de reservas y la contención del tipo de cambio, lo que llevó a inmovilizar fondos que podrían haber financiado obras urgentes.

La falta de ejecución del presupuesto en obras hídricas fue uno de los puntos señalados por intendentes y dirigentes rurales, que aseguran que la emergencia actual no es solo consecuencia de las lluvias, sino de años de subinversión en canales, reservorios y mantenimiento de caminos rurales.

Una reacción política bajo presión

El desembarco del Gobierno en territorio bonaerense también tiene lectura política. La presencia de Bullrich y la coordinación de la Agencia Federal de Emergencias responden al creciente malestar en distritos que, en muchos casos, fueron claves en el voto al oficialismo. "El Estado nacional ha definido estar al lado de la gente", insistió la ministra, al anunciar su viaje a 9 de Julio junto a otros funcionarios. Sin embargo, en el interior productivo la percepción es que el operativo llega tarde, y más como gesto político que como respuesta estructural.

La falta de caminos transitables no solo complica la producción, sino que también afecta la llegada de insumos, asistencia sanitaria y la escolaridad en zonas rurales. De ahí que el anuncio de un "plan de emergencia" sea recibido con escepticismo. "La emergencia ya lleva meses", repiten los intendentes.

Con el operativo anunciado, el Gobierno busca mostrar acción frente a una crisis que se hizo visible incluso en imágenes satelitales, con extensas áreas anegadas en el centro y oeste bonaerense. Sin embargo, el desafío será sostener esa asistencia en el tiempo y avanzar en obras que eviten nuevas catástrofes. La reactivación del Fondo de Infraestructura Hídrica y una mayor coordinación entre Nación, provincia y municipios aparecen como condiciones básicas para evitar que el problema vuelva a repetirse.