A Cristina Kirchner y a sus hijos les decomisarán 20 propiedades: cuáles son y dónde están ubicadas
El tribunal de la causa Vialidad solicitó este martes decomisar los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple una condena de prisión domiciliaria de seis años, junto a los de otros condenados por ese expediente.
Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) que integran Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
La medida, dispuesta luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 fuera ratificada en junio pasado, alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
Qué inmuebles de la familia Kirchner obligó decomisar la Justicia
En el primer inventario elaborado por los fiscales, se precisó qué bienes serán alcanzados por la ejecución patrimonial. Entre ellos figura la pérdida del hotel Los Sauces Casa Patagónica, ubicado junto a la residencia de Cristina Kirchner en El Calafate, además de un complejo de departamentos en Río Gallegos que Lázaro Báez construyó para la inmobiliaria familiar.
El documento también detalla distintos terrenos y propiedades situadas en El Calafate, que fueron transferidas en partes iguales a Máximo y Florencia Kirchner. Allí se incluye una propiedad inscripta a nombre de Cristina Kirchner y otras 19 que luego pasaron a sus hijos.
Todos estos activos tienen un denominador común: fueron adquiridos por Néstor Kirchner entre 2006 y 2010.
El listado señala, en primer lugar, todos los departamentos del edificio ubicado en Mitre 535, en Río Gallegos. La compra fue realizada por Néstor Kirchner el 10 de abril de 2007. Se trata de un desarrollo inmobiliario levantado por Lázaro Báez y concretado mediante un fideicomiso.
Otra propiedad mencionada se localiza en 25 de Mayo 255, también en la capital santacruceña. Ese inmueble fue adquirido por el ex presidente el 6 de septiembre de 2010.
El Ministerio Público Fiscal además incluyó un inmueble situado en la avenida principal de Río Gallegos, "Presidente Néstor Kirchner" 490, cuya compra se registró el 22 de septiembre de 2006.
Finalmente, se consignan dos terrenos en El Calafate: uno comprado el 7 de diciembre de 2007 y otro adquirido el 20 de febrero del año siguiente. Este segundo lote fue luego intercambiado por Cristina Kirchner con Lázaro Báez, operación que permitió al empresario entregar otro terreno a cambio, con el fin de posibilitar la ampliación del hotel boutique Los Sauces Casa Patagónica.
Además, hay departamentos en Puerto Madero que están en la mira de la Justicia y que se incluirían en una segunda resolución: se trata de los bienes que tiene en la Ciudad de Buenos Aires.
También allí se incluiría el departamento de San José 1111, donde la exmandataria cumple actualmente la prisión domiciliaria. Y, según trascendió, en caso de concretarse, Cristina Kirchner debería abandonar ese inmueble.
Qué dice la resolución de la Justicia contra Cristina Kirchner
Según la resolución, los magistrados tomaron como base el listado aportado por el Ministerio Público Fiscal el 12 de septiembre de 2025, y a partir de allí resolvieron cuáles de esos activos pueden efectivamente ejecutarse dentro de la pena dictada por el caso Vialidad.
Entre los bienes alcanzados se encuentran 20 propiedades pertenecientes a la familia Kirchner: un inmueble a nombre de la vicepresidenta y otras 19 propiedades heredadas por Máximo y Florencia Kirchner, recibidas de forma gratuita y en partes iguales. Se trata de una consecuencia directa de la condena por corrupción que quedó firme en junio de este año, tras el aval de la Corte Suprema.
En el texto de la sentencia, los jueces remarcaron que era necesario dejar asentadas las diferencias entre los distintos supuestos de decomiso. En el caso de los bienes pertenecientes a los condenados que obtuvieron beneficios directos del delito, la medida busca -según señalaron- impedir que un hecho ilícito genere ganancias y neutralizar todo efecto económico derivado de esa maniobra.
A la vez, el tribunal enfatizó la función reparadora del decomiso respecto de los bienes susceptibles de ser afectados por el daño colectivo provocado y en cumplimiento de los compromisos asumidos por la Argentina en materia de recuperación de activos provenientes de la corrupción. Estas obligaciones derivan de tratados como la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Por último, en relación con los bienes identificados que están en manos de personas no condenadas -particularmente Máximo y Florencia Kirchner- el TOF 2 aclaró que el decomiso se aplicará únicamente en casos donde existan personas jurídicas beneficiadas por el delito o terceros que hayan recibido los bienes en carácter gratuito.