Presupuesto 2026: las claves para su tratamiento, los funcionarios a cargo y los números que se discuten

Esta semana, y en medio de la ronda y viajes del ministro del Interior, Diego Santilli, a las provincias, el ministro de Economía Luis Caputo, va a entablar conversaciones con los mandatarios a las que se sumará también el jefe de Gabinete Manuel Adorni quien tendrá un rol clave en esas negociaciones. El miércoles Santilli según pudo saber iProfesional de fuentes cercanas al Gobierno Santilli recibiría al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, para negociar el proyecto de Presupuesto 2026.

El Gobierno entra en semanas claves. En los próximos días tendrá que enviar a la Cámara de Diputados la nueva versión del Proyecto de Presupuesto 2026 con cambios en base en las negociaciones con los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) Jorge Macri.

Acuerdos con gobernadores y objetivos legislativos

En los días que restan quienes avanzarán en las negociaciones serán el ministro de Economía, Luis Caputo y el secretario de Hacienda Carlos Guberman quienes a pedido del presidente de la Nación Javier Milei arman una ley de leyes inédita en nuestro país ya que por primera vez se fijará la ratio del superávit fiscal y luego los ingresos y los gastos. Ambos serán supervisados por Adorni.

Las negociaciones con los gobernadores son para lograr los votos para aprobar el proyecto de Presupuesto 2026 y la reforma laboral, la reforma fiscal, la de inocencia fiscal y el nuevo código penal. Para lograrlo, el Gobierno mostró una actitud más dialoguista con los mandatarios provinciales y con varios de ellos fue cerrando acuerdos que no implicaron la apertura de la "billetera", pero aportaron simplificaciones para acuerdos con las provincias.

Hasta el presente se realizaron 15 reuniones con los siguientes mandatarios provinciales como Ignacio Torres, de Chubut; Raúl Jalil, de Catamarca; Leandro Zdero, de Chaco; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Martin Llaryora, de Córdoba; Marcelo Orrego, de San Juan; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Gustavo Sáenz, de Salta; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Rolando Figueroa, de Neuquén; Hugo Passalacqua, de Misiones, y Alberto Weretilneck, de Río Negro, además del jujeño Sadir.

Reuniones pendientes y reclamos provinciales

Para hoy está programado un viaje de Santilli a Corrientes para encontrarse con Gustavo Valdés. Y en el resto de la semana está previsto que se concreten los encuentros con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el de San Luis, Claudio Poggi. Luego de recibir este el viernes pasado al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, el Gobierno se prepara para cerrar esta semana la ronda con cada uno de los 20 mandatarios provinciales que el pasado 30 de octubre se reunieron con el presidente Javier Milei. Estos son gobernadores afines que en julio del año pasado suscribieron el Pacto de Mayo.

Con el jefe de gobierno porteño, la negociación debe contemplar las diferencias aún no saldadas alrededor de la coparticipación. En el caso de Pullaro, el encuentro tiene otro punto caliente en agenda: el mandatario santafesino advirtió que quiere que la deuda de la Nación con la provincia esté contemplada en el Proyecto de Presupuesto 2026.

Las reuniones con los gobernadores comenzaron la primera semana de noviembre, con la llegada de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y de Diego Santilli al Ministerio del Interior, en reemplazo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente. El viernes pasado se concretó la reunión número 15, con Sadir.

Proyecciones, metas fiscales y antecedentes

El Proyecto de Ley de Presupuesto 2.026 presentado el 15 de septiembre pasado, que tendrá algunos cambios, prevé un superávit financiero para la Administración Pública Nacional de $0,2 billones, que sube a $2,7 billones para todo el Sector Público Nacional, universo que también incluye a las empresas públicas, los fondos fiduciarios y otros entes estatales.

El Artículo 1 del proyecto de Ley incluye la consideración explícita de que "el presupuesto para el ejercicio 2026 al cierre deberá presentar una ejecución con un resultado financiero equilibrado o superavitario".

Se incorporan además los presupuestos de ARCA y PAMI para la aprobación legislativa, al igual que se preveía en el proyecto de presupuesto 2025.

Las proyecciones macroeconómicas estimaban para el próximo año un crecimiento del PBI de 5%, un Índice de Precios al Consumidor de 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar. Pero luego de la primera revisión del acuerdo con el FMI hubo cambios en varias variables.

En esa revisión, el Gobierno proyectó para 2026 un aumento del PBI del 4,5%, una inflación anual de entre el 7% y el 12% y un superávit primario del 2,2% del PBI.

También se proyecta mantener los niveles de asistencia social en torno al 3,2% del PBI, un leve aumento del gasto en jubilaciones y pensiones (del 6,7% al 6,8% del PBI) y un incremento en la recaudación tributaria del 22,3% nominal con respecto a 2025.

El Gobierno también prevé un incremento en la recaudación tributaria del 22,3% nominal (es decir, sin considerar la inflación) con respecto a 2025, un leve aumento de la presión fiscal (del 22,2% al 22,7% del PBI). Además, se espera un aumento del 4,8% de las exportaciones y del 3,1% de las importaciones.

Hay que recordar que, en sus 2 primeros años de gestión, el Gobierno no consiguió aprobar el presupuesto, por lo que gobernó prorrogando por 2 años consecutivos la ley vigente para 2023, algo inédito en la historia argentina.

A finales de 2023, a pocos días de asumir la Presidencia, Milei prorrogó el presupuesto de 2023. El proyecto para 2024 había sido presentado por la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos) en cumplimiento con la ley de Administración Financiera, pero la nueva administración no promovió su debate en el Congreso.

Presupuesto  y continuidad de la ley de 2023

En tanto, el tratamiento del presupuesto 2025 fue suspendido el 19 de noviembre de 2024 por el oficialismo, al alegar que no hubo acuerdos para aprobar un dictamen que permitiera tratar el proyecto en el recinto. Posteriormente las conversaciones no se retomaron y el Gobierno no convocó a sesiones extraordinarias para tratar el tema, por lo que el 30 de diciembre de 2024 decidió prorrogar nuevamente la ley de 2023. El gasto en prestaciones sociales, rubro de gran incidencia en el total, sube 5,7% interanual real y este año los haberes sin bono tendrían una mejora real de 12,6%.

Se supone la continuidad del bono vigente para los haberes mínimos de $70.000, sin aumentos durante 2026 y una caída de 155 mil titulares promedio mensuales menos en las pensiones por invalidez. Las transferencias corrientes a provincias se incrementan 31,1% respecto del cierre previsto para este año y a universidades 8,8%. No se identifican giros a CABA por el servicio de seguridad.

Transferencias, inversión pública y fondos para 2026

Las empresas públicas recibirán de la APN $4,4 billones en transferencias corrientes y de capital. Los ingresos totales permitirán un excedente, por lo que las necesidades netas de financiamiento serán de -$0,2 billones. En el ejercicio 2026 las provincias recibirían recursos por $77.541.682 millones de acuerdo con lo que surge del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional (PLP2026).

De ese total, $73.914.241 millones (95,3%) corresponden a transferencias automáticas, es decir, a aquellas que se giran a las provincias y a la CABA de acuerdo con los índices de coparticipación federal de impuestos y sobre la base de la estimación de Recursos de Origen Nacional. No están sujetas a la aprobación del Congreso de la Nación y el PLP las presenta en el Mensaje de elevación a modo informativo.

El resto, $3.627.442 millones (4,7%), son las transferencias no automáticas que se incluyen en el PLP en el marco de diferentes programas y que son aprobadas por el Congreso de la Nación al momento de la sanción de la Ley. Los proyectos de inversión que se prevé realizar en 2026 con fondos del Estado Nacional se presentan por provincia y totalizan $3.786.731 millones.

El Plan Nacional de Inversiones Públicas 2026-2028 (PNIF) complementa y amplía la información relativa a la inversión pública contenida en el PLP. Las transferencias a universidades nacionales también se encuentran detalladas por universidad en planilla anexa al artículo 12 por un total de $4.785.118 millones. Se prevé una reserva del Tesoro por $405.000 millones sin distribuir para eventuales necesidades.

Existen 11 conceptos o programas sociales distribuidos geográficamente que en su conjunto representan aproximadamente el 60% del crédito total aprobado para la APN. El artículo 50 otorga avales del Tesoro Nacional a las provincias por operaciones de crédito público para destinos específicos y por un monto máximo de USD 900 millones.

El nuevo mapa político tras las elecciones de medio término

Milei quedó luego de su contundente triunfo en las elecciones de medio término en una situación mucho más favorable que la que se imaginaba. En la Cámara de Diputados hoy suma entre 110 y 115 legisladores junto con PRO y el radicalismo. En el Senado, la cuenta con los aliados se acerca a la treintena, así que estaría a un puñado de bancas de poder definir la agenda. Con solo acordar con cinco gobernadores podría lograr su objetivo.

Quienes podrían prestarle ayuda son mandatarios que fueron aliados, como Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), además de Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

El "operativo violeta" y la disputa por el control del Congreso

Luego del categórico triunfo del 26 de octubre Martín Menem bajo la supervisión de Karina Milei puso en marcha el llamado "operativo violeta" para dominar la Cámara de Diputados. El plan consistiría en formar un interbloque oficialista, con todas las fuerzas aliadas, y romper a UP para llegar al quórum. En el primer bosquejo, Menem apuesta a llegar a tener mayoría propia (129 votos) para su continuidad, sin siquiera tocar la puerta de Provincias Unidas, el flamante bloque que armaron gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Estos mandatarios, con socios y junto a figuras como Nicolás Massot, Miguel Pichetto y Emilio Monzó de EF podrían alcanzar entre 15 y 19 votos y buscar la aprobación de la ley de leyes antes del 10 de diciembre.

Para evitar que sean árbitros de ese quórum, el oficialismo apuesta a todos los aliados posibles y a quebrar UP, para que los gobernadores de esa fuerza armen un bloque satélite dispuesto a ayudar a Milei después del 10 de diciembre. La mira está puesta en Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), quien se muda en diciembre al Senado, donde el Gobierno busca un esquema similar.

La obsesión de Menem es tener primera minoría (el bloque más grande). Hoy estarían con 96 el kirchnerismo y 94 el oficialismo, pero se buscaría un potencial quórum propio de 129 diputados desde el 10 de diciembre mediante un interbloque, figura aceptada en Diputados aunque no incluida en el reglamento. Esto permitiría controlar las presidencias y la agenda de cada semana.

Por fuera de este esquema, además, el oficialismo confía en afianzar el acuerdo con los gobernadores de Salta, Misiones y Neuquén, que sumarán ocho votos. La novedad de esta semana sería que dos diputados de Entre Ríos, que responden a Rogelio Frigerio, se pasarían del PRO al oficialismo.