El Gobierno pidió el arresto de Maduro y exigió una "acción inmediata" de la Corte Penal Internacional en Venezuela

Amparado en la presentación internacional impulsada originalmente por el gobierno de Mauricio Macri, luego retirada por la administración de Alberto Fernández y reactivada por la gestión de Javier Milei, el Gobierno argentino volvió a exigir ante la Corte Penal Internacional (CPI) que el tribunal intervenga de manera "inmediata" frente a los crímenes atribuidos al régimen de Nicolás Maduro, y que ese avance desemboque en órdenes de detención contra el líder venezolano y otros altos funcionarios chavistas.

La intervención se produjo este lunes, encabezada por el diplomático Diego Emilio Sadofschi, actual encargado argentino ante Países Bajos y representante formal frente a la CPI en La Haya. Tras su exposición, fue increpado por el embajador de Maduro, quien lo acusó de "erigirse" como "falso defensor de los derechos humanos".

El Gobierno argentino pide la detención de Nicolás Maduro y altos funcionarios venezolanos

Pese a que la embajada argentina en Países Bajos continúa sin un titular desde que Mario Oyarzabal regresó al país para asumir como Consejero Legal de Cancillería -una vacancia llamativa por el peso estratégico de esa sede-, Sadofschi fue instruido para endurecer la postura oficial. En la apertura de la reunión de los Estados Parte del tribunal, responsabilizó al chavismo por las "elecciones fraudulentas de julio de 2024".

Todos los recuentos independientes dieron como ganador al opositor Edmundo González Urrutia, impulsado por María Corina Machado, pero Maduro se proclamó vencedor y reasumió el mando en enero, un período que la mayoría de las democracias occidentales no reconoce como legítimo.

El diplomático argentino también criticó la "falta de avances por parte de la CIP" respecto de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad que la Fiscalía lleva adelante desde 2021. Ese expediente podría derivar en órdenes de captura internacional contra Maduro y parte de su estructura de poder, hoy presionada tanto en el plano político como militar tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Como dijo Sadofschi, "Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes de lesa humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas, pero expeditivas, incluyendo órdenes de arresto contra los principales responsables".

La respuesta venezolana llegó de parte de Héctor Constant Rosales, embajador de Venezuela en Países Bajos, quien acusó al gobierno argentino de "politizar" la conferencia "de forma altisonante" y de atacar "de manera inoportuna" la legitimidad del Ejecutivo de Maduro. El diplomático fue más allá y calificó como "vergonzosa" la actuación argentina en organismos multilaterales, recordando que Buenos Aires votó recientemente contra varias resoluciones de la ONU -entre ellas una del 20 de noviembre sobre tortura y tratos crueles- en línea con el alineamiento exterior del Gobierno con Trump y con Benjamín Netanyahu, también investigado por la CPI. Rosales aprovechó ese punto para apuntar que Argentina se mostraría, según sus palabras, como "un falso defensor de derechos humanos".

El caso del gendarme Nahuel Gallo, en el medio de la tensión entre Argentina y Venezuela

A pesar de la confrontación discursiva, la administración Milei mantiene una cautela relativa en el plano público debido al delicado caso del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. El suboficial había cruzado la frontera para visitar a su hijo -argentino- y a su pareja venezolana, y quedó preso bajo condiciones denunciadas como inhumanas por su familia.

Esa prudencia convive, sin embargo, con una paradoja: mientras Argentina solicita que el sistema internacional de protección de derechos humanos acelere su accionar contra el régimen chavista, al mismo tiempo el Gobierno mantuvo votaciones en la ONU que cuestionan o debilitan a ese mismo entramado institucional. Por ejemplo, se opuso a la resolución que aprueba el informe anual de la CPI y también a la que condena la tortura y los tratos degradantes, mientras denuncia tratos inhumanos en la detención del propio Gallo.

La causa que Argentina impulsa ante La Haya tiene antecedentes directos. Durante el gobierno de Macri, el entonces ministro de Justicia Germán Garavano presentó un expediente con numerosos testimonios de venezolanos sometidos a vejaciones, material que sirvió de base para que la denuncia alcanzara dimensión internacional. Aunque Alberto Fernández retiró formalmente esa presentación, el proceso continuó su curso.

Con Milei, la carpeta volvió a activarse, sumándose a las decenas de denuncias ya acumuladas contra Maduro en la CPI y reforzando la estrategia de presión diplomática que el Gobierno libertario viene sosteniendo desde diciembre.