Cristina Kirchner pidió excluir 19 bienes de sus hijos del decomiso por la causa Vialidad

Máximo y Florencia Kirchner se enfrentan a una decisión judicial que podría cambiar para siempre su patrimonio. La Cámara Federal de Casación deberá revisar si confirma la inclusión de 19 bienes a nombre de los hijos de Cristina Fernández de Kirchner como parte del decomiso ordenado tras la condena de la expresidenta en la causa Vialidad.

El proceso llegó al máximo tribunal penal federal después de que el Tribunal Oral Federal 2 concediera los recursos presentados por las defensas. Este mismo tribunal había condenado a CFK a seis años de prisión por administración fraudulenta y ahora debe ejecutar esa sentencia.

Los magistrados del TOF2 fueron claros en su posición. Consideran que el monto del decomiso fijado en la condena está firme y en plena etapa de ejecución. La cifra actualizada alcanza los 684 mil millones de pesos, una suma que refleja la magnitud económica del caso.

Sin embargo, habilitaron las apelaciones para que Casación resuelva específicamente sobre los 19 bienes de Máximo y Florencia. Esta decisión llega fuertemente cuestionada tanto por la defensa de Cristina Kirchner como por el representante legal de sus dos hijos, quienes no estuvieron involucrados directamente en el caso Vialidad.

El pedido de Cristina Kirchner a la Justicia

La sala IV del tribunal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, ya tiene sobre su escritorio desde la semana pasada otro expediente relacionado. Se trata de la apelación contra las nuevas restricciones al régimen de visitas de la expresidenta.

Ahora deberán analizar un caso que plantea interrogantes profundos sobre los límites del decomiso y los derechos patrimoniales de terceros no involucrados en el delito original.

Los defensores de CFK, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron argumentos contundentes contra la resolución del 18 de noviembre pasado. Sostienen que la decisión del TOF2 sobre las 19 propiedades "importó una contradicción" a decisiones previas tanto del Tribunal como de la propia Cámara Federal de Casación Penal.

Además, denuncian "el avasallamiento de lo legalmente establecido" en la Convención Interamericana contra la Corrupción y el artículo 31 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Estos tratados internacionales establecen límites precisos sobre el alcance de los decomisos.

Por su parte, Luis Goldin, apoderado de Máximo y Florencia Kirchner, fue aún más directo en su planteo. Alegó "arbitrariedad y lesión del derecho de propiedad", así como violación del principio de inocencia y del debido proceso.

Goldin argumentó que el Tribunal aplicó de manera indebida el régimen de decomiso. Según su posición, se extendió incorrectamente a bienes lícitos de terceros, desconociendo su naturaleza sucesoria y sin probar relación alguna con el delito investigado.

Un precedente preocupante según las defensas

La decisión judicial habilitó lo que las defensas califican como un "modelo de decomiso amplio" y un "decomiso por valor equivalente" que no estarían previstos en la legislación vigente. La crítica apunta a que se proyectó "la sanción sobre bienes de origen lícito, ajenos al hecho enjuiciado".

Estos bienes fueron obtenidos, según consta en el expediente, por actos sucesorios y de cesión regularmente acreditados. La resolución del TOF2, firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, resumió todos estos planteos al conceder los recursos de Casación.

La estrategia legal es clara: la expresidenta y sus hijos pidieron a Casación que excluya del decomiso los bienes de Máximo y Florencia. En caso contrario, ya anticiparon su intención de llegar hasta la Corte Suprema y también acudir a organismos internacionales.

Las propiedades en disputa

El 18 de noviembre pasado marcó un hito en la ejecución de la condena. El Tribunal dispuso el decomiso de bienes de los condenados a seis años de prisión: Lázaro Báez y Cristina Kirchner. También incluyó empresas del primero: Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Loscalzo y Del Curto SRL.

La decisión se basó en el pedido de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola. Entre los bienes decomisados se incluyeron las propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner, ubicadas estratégicamente en Río Gallegos y El Calafate.

El Tribunal estableció que todo se concrete "previa tasación" para satisfacer la pena de decomiso que asciende a $684.990.350.139,86. Si estos bienes resultan insuficientes, se avanzará sobre propiedades de los restantes condenados: Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.

El ex titular de Vialidad Nacional, Periotti, y el del organismo en Santa Cruz, Pavesi, también recurrieron esta decisión ante Casación. La causa se amplía así con múltiples frentes de apelación.

La Fiscalía había individualizado bienes inmuebles adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. Este período fue delimitado por el tribunal como relevante para la maniobra delictiva investigada en la causa Vialidad.

La resolución también dispuso que los bienes sean inscriptos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados. Este registro garantiza el control estatal sobre el patrimonio en cuestión mientras se resuelven las apelaciones pendientes.

Ahora Máximo y Florencia Kirchner esperan que Casación defina el destino de sus 19 propiedades, en una decisión que podría sentar precedente sobre los límites del decomiso en casos de corrupción y el alcance de las sanciones sobre terceros no involucrados en los delitos.