Milei envió el proyecto para cambiar la ley de glaciares: busca promover inversiones mineras
El Presidente Javier Milei envió al Congreso el proyecto con el que busca cambiar la ley de protección a glaciares. Así lo informó este lunes, en un comunicado difundido en las redes de la Oficina del Presidente, en el que asegura que la ley firmada en 2010 presenta "graves falencias".
"Bajo pretextos ideológicos, se obstaculizó el desarrollo del país", señala en una parte el comunicado.
Según resalta el Gobierno, su intención es modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639 "con el objetivo de ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional".
Javier Milei envió el proyecto para cambiar la Ley de Glaciares
"La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei ha enviado al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639, con el objetivo de ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional", dice el comunicado.
"A más de 15 años de su sanción, la mal llamada Ley de Glaciares ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales. Esta reforma propone reglas claras: protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país", agregó.
Y sostuvo que "el proyecto reafirma el mandato constitucional del artículo 41, que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales". "En esa línea, fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica, y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de contar con información precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones. Una verdadera reforma de federalismo ambiental", agrega.
"Esta reforma responde al rumbo trazado por el Presidente de la Nación desde el primer día: terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas de la Argentina. Asimismo, da cumplimiento a los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo, avanzando hacia un modelo de desarrollo federal, responsable y sostenible en el tiempo, y da respuesta al reclamo realizado por las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan)", subraya.
Y concluye: "El Poder Ejecutivo Nacional solicita al Honorable Congreso de la Nación que dé pronto tratamiento a este proyecto y que, en el proceso de sanción de la ley, asegure la correcta participación de la ciudadanía, convencido de que esta reforma representa un paso decisivo para poner a la Argentina de pie, con reglas claras, federalismo real, desarrollo productivo y crecimiento económico".
La disputa por la ley sancionada en 2010
La Ley 26.639, aprobada en 2010, prohíbe la actividad minera e hidrocarburífera en áreas glaciares y periglaciares. Si bien la identificación de glaciares se rige por criterios uniformes, la definición de la zona periglaciar es motivo de controversia desde hace más de una década.
El IANIGLA -organismo responsable de elaborar el Inventario Nacional de Glaciares- ha sido cuestionado por sectores empresariales, que sostienen que el registro abarca superficies que no corresponden estrictamente a glaciares o geoformas periglaciares. Organizaciones ambientalistas, en cambio, consideran que el inventario deja afuera unidades menores a una hectárea y que la protección debería aplicarse con criterios más amplios. Ese debate técnico, que se mantuvo durante los años posteriores a la sanción de la ley, vuelve a cobrar fuerza con el proyecto anunciado por el Gobierno.
La presión de las provincias por la Ley de Glaciares
Los gobiernos de San Juan, Catamarca y Salta encabezan el pedido para modificar la ley, argumentando que la norma actual condiciona el desarrollo de yacimientos de cobre considerados estratégicos. Entre los proyectos mencionados se encuentran El Pachón, en San Juan, y Vicuña, ubicado entre Argentina y Chile.
El gobernador sanjuanino Marcelo Orrego manifestó la inquietud al ministro del Interior, Diego Santilli. En simultáneo, la CAEM renovó su reclamo para adecuar la ley y garantizar previsibilidad regulatoria. Las provincias productoras remarcan que los recursos naturales están bajo su dominio, según la Constitución Nacional, y que deben tener un rol central en la delimitación de las áreas habilitadas para la actividad minera.
El debate sobre el federalismo ambiental acompaña a la Ley de Glaciares desde su origen. En 2010, durante el proceso legislativo, los gobernadores de ocho provincias cordilleranas impulsaron iniciativas propias para regular sus territorios. Algunas —como Jujuy, San Juan, La Rioja, Salta y Santa Cruz— incluso sancionaron leyes locales de protección de glaciares.
En 2019, la Corte Suprema ratificó la validez de la ley nacional y remarcó que su aplicación debe articularse entre las autoridades provinciales y nacionales. Pese a ello, la tensión sobre las competencias ambientales y territoriales sigue sin resolverse. El proyecto que mandará el Ejecutivo vuelve a colocar en escena una discusión que combina argumentos científicos, potestades provinciales, regulaciones ambientales y necesidades de inversión.
Qué podría suceder en materia de inversiones
El Gobierno argumenta que actualizar la normativa permitiría habilitar inversiones en proyectos de cobre que hoy se encuentran en evaluación o fase de predesarrollo. La estrategia se alinea con la creciente demanda global de minerales críticos impulsada por la transición energética.
La iniciativa ingresará al Congreso durante las sesiones extraordinarias y su avance dependerá del respaldo de las provincias mineras, del trabajo en comisiones y de la interpretación sobre el alcance de las competencias ambientales y territoriales. El debate reabre una discusión de más de una década, donde se cruzan expectativas económicas, criterios de protección ambiental y el rol de las provincias en la gestión de sus recursos naturales.