Presupuesto: quién gana y quién pierde con el nuevo reparto de fondos públicos
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El primer presupuesto aprobado por el Congreso con el que contaría Javier Milei prevé una inflación menor al 1% mensual y deja claros ganadores y perdedores a la hora de enumerar las partidas.
En la primera sesión de Diputados con la nueva composición, el oficialismo aprobó en general la iniciativa con 132 votos a favor y 97 en contra. Se abstuvieron 19, entre ellos el bloque de Provincias Unidas, aunque fue clave para el quórum.
El proyecto contempla gastos totales por $148 billones, un superávit primario equivalente al 1,2% del PBI y uno financiero (tras el pago de intereses de la deuda) del 0,3% del PBI. Con un crecimiento estimado del 5% para la economía, la iniciativa prevé un costo de vida del 10,1% para todo el año.
Además, hace una estimación que suena a poco para el nivel promedio del dólar, que ubica en $1.423, que luce escaso luego de que el equipo económico recalculó el esquema de bandas cambiarias y dispuso que la divisa norteamericana se ajustará por el costo de vida a partir de enero.
Presupuesto: qué pasa con el gasto social y el financiamiento universitario
Si finalmente los números se aprueban como proponer el Poder Ejecutivo, el 73% de los recursos previstos serán destinados el año próximo a gasto social. Del gasto total, el 57% se explica por las jubilaciones y pensiones.
En uno de sus puntos más polémicos, el presupuesto no contempla el financiamiento universitario.
Los aumentos de partidas se concentran en salud (+17%) y educación universitaria (+8,5%), aunque el proyecto no incorpora el impacto fiscal de leyes recientes que amplían el gasto (discapacidad, pediatría y financiamiento universitario).
Para 2026, el presupuesto proyecta que el gasto social total se mantendrá en niveles similares a los de 2025 en términos del PBI, aunque con pequeñas redistribuciones internas.
De acuerdo con esos cálculos, las erogaciones en Seguridad Social subirán un 5% por encima de la inflación, manteniendo su proporción estable respecto al PBI.
El crecimiento en el sector de la Salud
El sector de la Salud es el que alcanza el mayor crecimiento esperado, con un aumento real del 17%, impulsado por hospitales nacionales, transferencias al PAMI y partidas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Pero en el caso de discapacidad, la reducción real será del 4% en 2026, acumulando una pérdida real del 23,9% desde 2023 y alcanzando el valor más bajo medido en términos del PBI desde la creación de la agencia, según un estudio del instituto IERAL de la Fundación Mediterránea. El recorte se concentra en las pensiones por invalidez laboral, donde se prevé una reducción del 13% y una disminución de 153 mil beneficiarios.
Uno de los puntos polémicos del presupuesto es que no contempla el impacto de la Ley 27.793 de emergencia sanitaria en discapacidad, cuya aplicación, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), podría implicar la incorporación de entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios, con un costo fiscal estimado entre 0,25% y 0,48% del PBI. En tanto, el componente Educación y Ciencia y Técnica sube por encima de la inflación, con un crecimiento del 12% en becas estudiantiles. En tanto, las transferencias a universidades nacionales proyectan un aumento real del 8,5%, recuperando parcialmente caídas previas, aunque el gasto real se mantiene 28% por debajo del nivel de 2023.
En otro de los puntos más controversiales, el Proyecto no incorpora los costos adicionales que implica la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, recientemente sancionada por el Congreso al rechazar el veto presidencial. En cambio, sí se observa una expansión de la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyas erogaciones aumentan 86% en términos reales entre 2023 y 2026, aunque contempla la derogación de la actualización automática de estas prestaciones (Artículo 73).
El proyecto oficial deroga el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que exige que el gasto en el área sea como mínimo del 6% del PBI. Para la función Educación y Cultura se prevé una caída real del 1% frente a 2025 y de casi 48% respecto de 2023. Como ejemplo, el Plan Nacional de Alfabetización (creado en junio de 2025) recibirá en 2026 unos $580 mil millones. Esto implica un incremento real del 39,3% con respecto a los $352 mil millones presupuestados en 2025. Además, se asignan $4.872 millones para las universidades nacionales, lo que implicaría una caída del 7,2% con relación a 2025 y del 34,3% respecto de 2023.
Por su parte, las prestaciones sociales tendrán un aumento real del 5,7%, aunque habrá menos fondos para el bono a jubilados, pensiones por discapacidad y ayuda alimentaria.
El Gobierno impulsa la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria
En este marco, el Gobierno impulsa la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que prohíbe el déficit y la emisión monetaria sin respaldo.
El Presupuesto general de la Nación deberá proyectar un resultado equilibrado o superavitario, y en caso de desviaciones se activará automáticamente un mecanismo de ajuste para recortar gastos o ajustar ingresos. Además, establece que todas las nuevas leyes de gasto deberán acompañarse de un "informe de impacto presupuestario de mediano plazo" que identifique la fuente de financiamiento.
La propuesta hasta introduce cambios en el Código Penal para sancionar con penas de prisión e inhabilitación a funcionarios que aprueben o ejecuten gastos que incrementen el presupuesto sin recursos acreditados.
El proyecto incluye también el "Principio de Inocencia Fiscal", que busca modificar el régimen tributario y penal para elevar los umbrales a partir de los cuales una persona o empresa puede ser investigada por evasión fiscal. Según el gobierno, el objetivo es "blindar" legalmente a quienes usen sus ahorros no declarados, conocidos como los "dólares bajo el colchón".
Así, aumenta de $1,5 millones a $100 millones el monto mínimo que habilita la investigación por evasión simple, y de $15 millones a $1.000 millones en casos de agravada. También acorta los plazos con los que contará ARCA para exigir el pago de impuestos no declarados, aplicar multas o promover denuncias.
Además, en una medida que beneficia a la clase media, implementa un régimen simplificado de impuesto a las Ganancias, eliminando la necesidad de justificar consumos personales, lo que podría incentivar el uso de dinero no declarado.
La denuncia de la UBA
La Universidad de Buenos Aires (UBA) denunció las casas de estudio recibirán un 30% menos de fondos que en 2025, lo que afectaría de manera directa a la atención sanitaria y a la formación profesional.
De acuerdo con la UBA, el recorte alcanzaría a centros de referencia como el Hospital de Clínicas General San Martín, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari, que en conjunto atienden a más de 700 mil pacientes por año.
El Hospital de Clínicas José de San Martín sería uno de los afectados por la ley de Presupuesto 2026, de acuerdo con la UBA.
La universidad advirtió que el ajuste comprometería el funcionamiento cotidiano de estos establecimientos y pondría en riesgo servicios esenciales dentro del sistema público de salud.