"Abróchense los cinturones": Milei reforma la ley de Glaciares y mineras prevén boom de producción

Existen en la Argentina dos leyes claves que sustentan el derecho ambiental a nivel nacional: la Ley de Bosques y la Ley de Protección de Glaciares.

La Ley 26.331, la primera de las mencionadas, protege los bosques y los clasifica por su nivel de conservación, establece límites al desmonte y tiene en cuenta los intereses de las comunidades indígenas. Mientras que la segunda, la Ley 26.639, tiene como objetivo preservar las estratégicas reservas de agua dulce que abastecen de forma directa a más siete millones de personas, en su mayoría residentes de la zona cuyana de la Argentina.

Ley de Glaciares: el Gobierno prepara nuevas reformas

En esta última normativa posó la lupa la administración libertaria de Javier Milei por el costo productivo que implica: prohibir de manera absoluta la actividad minera en toda la zona cercana a los glaciares.

Una victoria ecologista y ambiental que se produjo en el año 2010 con la sanción de una norma que postergó el desarrollo productivo y extractivo de minerales hipernecesarios en el contexto de la cuarta revolución industrial. Acaso la más potente que conoció la humanidad, teniendo en cuenta el impacto de las nuevas herramientas tecnológicas de la cual la Inteligencia Artificial parecer ser la más importante pero de ninguna manera la única existente.

La necesidad de incrementar la actividad minera para la extracción de minerales y tierras raras que constituyen la materia prima de las nuevas tecnologías potenció el ánimo reformista de la administración de Milei, que se atreve a dar el debate ecológico a partir del 10 de febrero del próximo año cuando el Senado comience a tratar cambios profundos en la Ley de Glaciares.

Un debate futuro que ya trascendió las fronteras de nuestro país y que ha sido puesto en el foco de la opinión pública en diarios europeos, referentes del pensamiento de centro-izquierda y del ecologismo, como El País de Madrid o El Salto, y que es seguido por agencias de noticias prestigiosas del viejo continente.

"Abróchense los cinturones": el mensaje de Javier Milei

"Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas", prometió el Presidente en el reciente mensaje navideño a la población y, además, aseguró que "con este Congreso, no tengan dudas de que vamos a ir hasta el hueso hasta hacer de la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente".

Música para los oídos de los integrantes de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) que desde hace quince años digieren una derrota significativa cuando se sancionó una durísima ley de protección de glaciares que impidió y, hasta, demonizó en los debates en el Congreso, a la actividad extractiva.

Alfredo Vitaller, de la CAEM, sostuvo públicamente que el objetivo de la industria es proteger los glaciares, en tanto cumplan funciones estratégicas como reservas de agua, y afirmó que la ley vigente presenta imperfecciones que generan incertidumbre jurídica.

Coincidió con esa apreciación Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), que integra 350 empresas socias y unas 13 cámaras provinciales, y que en el Senado Nacional destacó ante las autoridades, la necesidad de una minería responsable para acompañar el crecimiento económico y la transición energética. 

"Los proveedores son tres anillos: el primero es la comunidad, el pueblo donde está el proyecto; el segundo es la provincia, que es dueña de los recursos y tiene autonomía para desarrollarse, y el tercero es el país, porque no solo hay minería en la Cordillera de Los Andes, hay minería a lo largo y ancho del país", afirmó Bentíez.

Precisamente, el nuevo esquema pensado en los despachos de Casa Rosada, hace hincapié en las autoridades provinciales, quienes deberán evaluar los recursos hídricos existentes a la hora de aprobar o rechazar proyectos mineros en sus estados. En la actualidad se presentaron más de 250 proyectos mineros y solo el 10% podría estar afectado por las restricciones originales de la Ley de Glaciares.

Pero, en una Argentina ávida de recursos dinerarios y de incentivar la producción, Milei está decidido a borrar todos los límites que el Estado pueda imponer a la cuestionada actividad. Por ello, celebró sonoramente la reciente decisión del gobierno de la provincia de Mendoza, que logró consenso legislativo y aprobó una reforma que flexibiliza los controles para la actividad minera, con el foco puesto en la extracción de cobre.

Los tiempos de cambios son claros y prístinos. Los grandes proyectos de explotación de cobre argentino están frenados desde hace 15 años. La misma cantidad de tiempo desde que se sancionó la Ley de Glaciares. En Mendoza, la ciudadanía comienza a dividirse y se registran protestas contra la reforma, por la que organizaciones vecinales y ambientalistas se manifiestan, semana tras semana, para expresar su rechazo a la megaminería por los riesgos de contaminación que implica.

La preocupación, en una provincia desértica y que aprovecha cada gota de agua como si fuera la última al punto de desarrollar una pujante industria vitivinícola, es por el líquido elemento y sus sólidas reservas. "El agua no se negocia" y "sin agua no hay futuro" suelen expresar las pancartas de los que protestan. 

El corazón de la reforma legislativa, que cuenta con el dictamen favorable de las comisiones de minería, energía y combustibles y de ámbiente y de desarrollo sustentable del Senado Nacional, redefine la protección. Con el nuevo texto, los glaciares y ambientes periglaciares solo se resguardarán si cumplen una "función hídrica efectiva", delegando las evaluaciones a las provincias.

La repercusión en medios internacionales se justifica por el impacto que tendrán los cambios en la norma y la oportunidad de negocios que se abren para empresas mineras multinacionales, y, también, para compañías proveedoras del sector de origen europeo, que seguirán atentamente la deriva del debate legislativo y la profundidad de los cambios que logre la administración de Milei.

Cambios que fueron previstos en los ámbitos de negociación llamados Mesas de Litio, integradas por funcionarios de Jujuy, Salta y Catamarca, y Mesas del Cobre, a las que se agregan representantes de las provincias de San Juan y Mendoza.

En Argentina, además de las tradicionales ONG como Greenpeace o Fundación Vida Silvestre, hay varios abogados ambientalistas que intentarán incidir en el debate con sus posiciones conservacionistas.

En el Senado, se escuchó la palabra de Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quien advirtió que el proyecto introduce cambios "por vía de la interpretación" que, a su entender, alteran el espíritu original de la ley y el esquema constitucional vigente.

En los medios internacionales se consultó al abogado, Lucas Micheloud, que coincide con el diagnóstico de las ONG que afirman que sin agua no hay futuro. En un comunicado se explicó que "en el actual contexto de sequías y retroceso de glaciares como consecuencia del cambio climático, cualquier modificación a la Ley de Glaciares debería ser progresiva y ampliar el nivel de protección, evitando siempre dar pasos hacia atrás".

La mesa está servida para una nueva brecha en la opinión pública que comenzará a profundizarse a partir del 10 de febrero, cuando los senadores nacionales comiencen a tratar los cambios a la Ley de Glaciares en el recinto parlamentario. Lo que sí están seguros todos los actores en pugna es acerca de la irrenunciable vocación reformista que tiene el presidente Milei para honrar sus recientes dichos y advertencias.