El Ejecutivo definió la actualización salarial para ministros y altos cargos del Estado

El Poder Ejecutivo oficializó el aumento salarial para ministros y altos funcionarios del Gobierno nacional mediante la publicación del Decreto 931/2025 en el Boletín Oficial difundido este viernes, el primero del año 2026. La medida abarca a integrantes de la estructura superior del Estado nacional cuyos ingresos permanecían congelados desde diciembre de 2023.

La normativa establece la actualización de las retribuciones de Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional comprendidos en el Decreto 838/94 y sus modificatorios. También incluye a Autoridades Superiores alcanzadas por el Decreto 1716/92 y su normativa complementaria, así como a quienes se encuentran bajo el Decreto 140/07 y a los funcionarios que poseen rango y jerarquía equivalente dentro de la administración central.

El texto no detalla los nuevos montos que percibirá cada categoría de funcionario ni el porcentaje exacto del ajuste. En las horas previas a la publicación se habían difundido estimaciones que proyectaban actualizaciones en un rango de entre 60% y 100%. Sin embargo, el decreto finalmente se limitó a definir el alcance institucional de la medida, sin especificar cifras puntuales ni escalas remunerativas.

Funcionarios excluidos del incremento

El decreto aclaró que el aumento no será aplicable al Presidente de la Nación ni a la Vicepresidenta. De esta manera, Javier Milei y Victoria Villarruel quedarán excluidos del esquema de actualización definido para la estructura superior del Poder Ejecutivo.

Además, la norma precisó que los incrementos no serán retroactivos, por lo que comenzarán a regir a partir del ciclo salarial en curso posterior a la publicación del decreto y sin liquidaciones correspondientes a períodos previos.

Cláusula de congelamiento en caso de déficit fiscal

Uno de los puntos relevantes de la norma es la incorporación de una cláusula automática de congelamiento salarial. El decreto establece que, en caso de que la Administración Pública Nacional registre déficit fiscal financiero acumulado, las remuneraciones de las Autoridades Superiores comprendidas en este esquema quedarán suspendidas en su actualización.

Mientras persista esa situación, los funcionarios alcanzados no podrán recibir incrementos salariales. El Gobierno señaló que esta disposición tiene como finalidad "reafirmar la importancia del superávit fiscal" dentro de la política económica general.

Argumentos expresados en los considerandos oficiales

En los considerandos del Decreto 931/2025, el Poder Ejecutivo sostuvo que "resulta necesario asegurar que las funciones de conducción superior del Estado Nacional cuenten con un esquema de remuneraciones adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas".

Según la normativa, dicho esquema debe complementarse con "mecanismos estrictos de control, transparencia y rendición de cuentas", con el objetivo de fortalecer el funcionamiento institucional del sector público nacional.

El texto agrega que, a la luz del "superávit fiscal alcanzado y el orden macroeconómico" informados por la administración nacional, el Gobierno considera que corresponde avanzar con "un ordenamiento equitativo en la estructura salarial de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Nacional", sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Asimismo, la norma enmarca la medida en una estrategia de largo plazo orientada a reorganizar el esquema de empleo público, describiéndola como una etapa posterior al ajuste inicial del gasto. El Gobierno planteó que este proceso apunta a consolidar un modelo de gestión estatal basado en criterios de profesionalización.

Mención a un proceso integral de reorganización estatal

El decreto también vincula la actualización de ingresos con un proceso más amplio de transformación del empleo público nacional. En ese sentido, la norma señala que el ordenamiento salarial forma parte de una estrategia orientada a dejar atrás un modelo que el Gobierno describe como fragmentado y carente de incentivos.

En paralelo, la norma instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a coordinar la implementación de un nuevo sistema de empleo público.

Ese esquema deberá basarse en el mérito, la evaluación periódica de desempeño y la igualdad de oportunidades en el acceso y desarrollo de los cargos, incluyendo mecanismos de transparencia y profesionalización de las plantillas.

Remuneraciones vigentes hasta la actualización

Previo a la entrada en vigencia del aumento, las autoridades superiores percibían los siguientes ingresos brutos mensuales:

• Presidente de la Nación: $4.066.018
• Vicepresidenta: $3.764.820
• Ministros: $3.584.006
• Secretarios de Estado: $3.282.709
• Subsecretarios: $2.981.510

Estas cifras constituyen la última referencia oficial conocida de los haberes correspondientes a los cargos alcanzados por el Decreto 931/2025.

Definición del alcance de la medida

El esquema de actualización salarial alcanza exclusivamente a:

• Ministros del Poder Ejecutivo Nacional
• Secretarios y Subsecretarios de Estado
• Autoridades Superiores comprendidas en los decretos 1716/92 y 140/07
• Funcionarios con rango y jerarquía equivalente

Quedan expresamente excluidas:

• La Presidencia de la Nación
• La Vicepresidencia
• Cualquier ajuste retroactivo

La actualización no abarca a otros escalafones del empleo público nacional salvo que se disponga de forma específica a través de normas posteriores.

Objetivo declarado de la política salarial

La administración nacional enmarcó la medida en una política global orientada a ordenar la estructura de remuneraciones del sector público de mayor jerarquía. En este sentido, el decreto expone que se busca establecer una escala institucional que guarde relación con las responsabilidades de conducción estatal.

El Poder Ejecutivo sostuvo que esta reorganización salarial se articula con políticas de control del gasto, evaluación de desempeño y reformas estructurales en el sistema de empleo estatal.

Implementación y próximos pasos

La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública será la encargada de coordinar la instrumentación de las nuevas disposiciones. Entre sus funciones se incluyen:

• Elaboración de criterios de mérito y evaluación
• Diseño de sistemas de rendición de cuentas
• Articulación con organismos comprendidos en el régimen
• Seguimiento de impacto administrativo

El decreto ya se encuentra vigente tras su publicación en el Boletín Oficial.