AFA Gate: las pruebas por las que que Tapia y Toviggino podrían ser imputados por lavado de dinero

En la medida en que pasan los días, la situación del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y el gerente de Marketing Leandro Petersen se complica cada vez más frente a la gran cantidad de denuncias que se acumulan en contra de los tres.

La reciente respuesta de la AFA, dada a conocer ayer a través de un comunicado en relación con los pedidos de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre la aclaración de gastos en los balances presentados desde 2017 hasta 2024, no deja en claro varios aspectos acerca de los estados contables de la entidad.

Hay que destacar que en diciembre la IGJ había dejado sentada su posición como denunciante. "Los balances de la AFA y la Superliga sobre los que se han pedido explicaciones superan los 110 millones de dólares y los 340 millones de dólares, respectivamente", indicó Vítolo en distintas entrevistas periodísticas y a través de un comunicado oficial.

En ese mismo planteo, el organismo anticipó nuevas medidas. "La IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales". Y recordó un punto clave: "La AFA es una asociación sin fines de lucro".

Citaciones a auditores y contadores por los balances

El primer testimonio será hoy, cuando deberá presentarse Fernando Dubois, auditor de los balances de la Superliga de Fútbol Profesional. La audiencia está citada a las 11 y abarcará los ejercicios comprendidos entre 2020 y 2024.

Un día después, el jueves, será el turno de los contadores vinculados directamente a la AFA, que deberían dar explicaciones por la investigación de la Inspección General de Justicia (IGJ): Claudia Carraro, sobre el balance de 2017; Umberto Mucelli, sobre los ejercicios de 2018 a 2021; y Claudio Bisurgi, quien debería responder por los ejercicios correspondientes a 2022, 2023 y 2024.

Todos ellos tienen plazo hasta el 20 de enero para responder a los requerimientos formulados por el organismo que conduce el Dr. Daniel Roque Vítolo.

Pero la situación de los hombres de la AFA podría complicarse aún más a partir del próximo 2 de febrero, ya que, en el marco de una medida de prueba clave, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky citó para ese día al empresario Guillermo Tofoni, impulsor del proceso de discovery en la Justicia de los Estados Unidos, que reveló una red de empresas fantasma armada desde la empresa Tour Prod Enter en el exterior, a donde se giraron fondos de la AFA por 42 millones de dólares a cuentas de cuatro empresas, a las que luego se les perdió el rastro porque fueron cerradas por sus dueños en los Estados Unidos.

El rol de Tofoni y el proceso de discovery en Estados Unidos

Frente a un pedido del fiscal Claudio Navas Rial, Aguinsky le solicitaría a Tofoni que, como testigo, aporte todas las pruebas de movimientos financieros sospechosos del empresario Javier Faroni y su mujer, Erika Gillette, la dueña de Tour Prodenter LLC y Deportik, quienes serían agentes recaudadores oficiales del presidente de la AFA, Chiqui Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, comentaron a iProfesional fuentes judiciales.

Del discovery de la Justicia de los Estados Unidos surge que, de los 260 millones de dólares recaudados por comisiones del 30 % por las empresas que serían de Faroni y su mujer entre los sponsors internacionales de la Selección, 42 millones fueron a empresas vinculadas con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a firmas fantasma que se beneficiaron con operaciones que estarían sospechadas de lavado de dinero. Pero nada se sabe del 70 % restante que le corresponde a la AFA.

Ese análisis sobre los aportes de la empresa de Javier Faroni se hizo sobre los balances de la AFA de los últimos cinco años, con excepción del correspondiente al ejercicio 2024-2025, y puede que se haya declarado en ese documento.

Lo curioso es que el último balance de la AFA, del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025, se presentó en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ), que dirige Silvia García y es parte del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y no en la IGJ nacional.

El intento de cambio de sede y el rol de la IGJ

Esto se debe a que los directivos de la AFA intentaron cambiar la sede legal de la AFA de su histórica oficina en la calle Viamonte 1366 al predio Lionel Messi, ubicado en Ezeiza, para quedar bajo la protección política del gobierno de Axel Kicillof.

Al respecto, el titular de la IGJ dijo a la prensa a fines de diciembre que no aprobarán el cambio de domicilio hasta que no se aprueben los balances. Además, a mediados de enero, si la AFA sigue reticente, podría designar un veedor o cobrarle multas.

Por lo que pudo saber iProfesional de una fuente judicial, la gran duda está en la cuenta de gastos en el rubro "fines diversos" por 3.237.339 dólares en 2019; en 2020, en la cuenta "otros", por 1.520.591 dólares; en 2021, por 1.700.000 dólares; y en el balance de 2024, por las cuentas "otros créditos" por 8.456.594 dólares y "gastos selecciones nacionales" por 44.402.588 dólares.

También desde la Justicia apuntan a una serie de detalles del ejercicio 2024, como el destino de gastos de "administración y gestión" por 17.647.637 dólares, del rubro "utilización de marcas" por 9.635.056 dólares, y de la cuenta "aportes y subsidios FIFA y Conmebol" por 12.439.311 dólares.

Montos observados y exigencias de justificación contable

En total, la IGJ quiere que se justifiquen gastos por 111.947.266 dólares de todos estos ejercicios para aprobar los balances. Los inspectores nacionales, a quienes no dejaron ingresar a la última asamblea de la AFA, analizaron los últimos estados contables y la asamblea que los aprobó por unanimidad.

Otra de las grandes dudas es cómo y por qué recién en diciembre de 2023 la AFA le pagó los premios de la FIFA y de la Conmebol al DT Lionel Scaloni y a los jugadores de la Selección por haber ganado el Mundial de Qatar en diciembre de 2022.

La AFA respondió ayer oficialmente a la intimación emitida por la IGJ, intensificando la disputa entre ambas instituciones por el control de los balances y la supervisión administrativa. Este cruce pone en primer plano el estado de las cuentas del fútbol argentino y la transparencia en su gestión.

Lo sugestivo es que la AFA señala que "la intimación llegó junto a fuertes demandas públicas del inspector general. Por esa razón, la entidad presentó un descargo formal respecto de sus ejercicios contables de 2017 a 2023".

Argumentos de la AFA frente a la intimación de la IGJ

Extrañamente, el comunicado enfatiza que el objetivo es clarificar la situación con las asociaciones socias y el público, respaldando las respuestas con hechos objetivos, documentación pública y actos administrativos verificables.

El comunicado de la AFA afirma que "todos los balances requeridos fueron presentados y que no existe ningún incumplimiento", y sostiene que aportó informes y documentación en tiempo y forma.

Además, indica que solo una observación le fue notificada conforme a la norma y que fue respondida de inmediato, y señala también la obtención regular de certificados de vigencia y domicilio emitidos por la IGJ, en los que el propio organismo dejó constancia del cumplimiento de obligaciones y documentación.

De forma adicional, la AFA recalca en el comunicado su disposición al cumplimiento institucional y rechaza las acusaciones de maniobras evasivas.

La disputa por la jurisdicción y el cambio de domicilio legal

"La realidad es exactamente la contraria: jamás se le requirió información alguna durante todo este tiempo", precisa el comunicado, que insiste en la ausencia de notificaciones válidas desde el sector estatal.

Entre los argumentos de la AFA figura el trámite de cambio de jurisdicción, realizado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la provincia de Buenos Aires.

Según la AFA, la asamblea correspondiente fue fiscalizada por veedores de la IGJ y toda la documentación fue aprobada y emitida por la autoridad estatal. Más adelante, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas avaló el traslado y notificó formalmente a la IGJ.

El comunicado describe que, "bajo la perspectiva de la AFA, cuestionar el traslado carece de fundamento, ya que sostiene que se realizó conforme a la normativa y bajo supervisión oficial".

Posturas contrapuestas sobre el control y la fiscalización

Además, la AFA niega toda intención de eludir controles o escapar a la fiscalización estatal y afirma que el cambio fue parte del ejercicio regular de sus derechos. "Es falso que la AFA se escapó", remarca el comunicado.

Sobre las diferencias contables, la IGJ remarca que la magnitud y la falta de detalle en partidas globales requieren un análisis adicional, tanto de la AFA como de los auditores externos involucrados en la validación de los balances. Según Vítolo, se necesitan explicaciones técnicas y garantías respecto a la prevención del lavado de dinero y la trazabilidad de los fondos, en línea con investigaciones penales sobre el manejo de recursos.

La AFA responde al respecto en el comunicado que la mayoría de las observaciones a los balances no le fue notificada formalmente y que varias vistas fueron archivadas sin un procedimiento concreto.

Además, argumenta que presentó la documentación correspondiente y denuncia demoras de más de 700 días hábiles por parte de la IGJ para analizar los expedientes, y sostiene que es imposible responder a requerimientos no cursados formalmente.

Comparaciones con el FIFA Gate y responsabilidades individuales

La posición de la AFA es rechazar la necesidad de tales medidas y sostener que los controles deben realizarse respetando las competencias y el cauce legal, y alega que la difusión pública de imputaciones sin respaldo documental implica presión mediática y no una fiscalización transparente.

Hay que destacar que la IGJ comparó el caso con el escándalo FIFA Gate, que expuso una red global de corrupción. Según Vítolo, si se prueban desvíos de fondos, operaciones cambiarias irregulares o manejos ilícitos, el impacto podría superar el del caso internacional. Recordó que entonces se trataba de unos 200 millones de dólares, mientras que las partidas en revisión en la AFA superan ya los 400 millones de dólares.

Vítolo también subrayó que, si se demuestran ilícitos, la responsabilidad sería individual y recaería sobre miembros del Consejo Directivo, directivos de clubes y fiscalizadores que avalaron los actos, sin afectar a la AFA como institución.

En el comunicado, la AFA reitera estar dispuesta a responder por los canales institucionales y sostiene que el uso mediático de la causa desvirtúa la legalidad del proceso, y destaca que las acusaciones públicas carecen de prueba documental y contradicen los propios actos administrativos previos del organismo estatal.

Causas penales en paralelo y declaraciones de Tapia

A la par del conflicto administrativo, hay varias causas abiertas que pusieron la lupa sobre el manejo de dinero de la AFA y sus principales autoridades. Al respecto, el lunes habló por primera vez Tapia de la cuestión. "Lo llevo tranquilo, no estoy imputado", planteó.

La prueba más importante que hasta ahora tiene Aguinsky es la tarjeta corporativa de Luciano Pantano, quien figura junto a su madre como socios de Real Central SRL, la empresa dueña de la mansión en Pilar, y que tiene gastos mensuales por 50 millones de pesos.

El jueves pasado, la Justicia recibió un detallado informe de la empresa Edenor, del cual surge que con la tarjeta corporativa American Express terminada en 1007, a nombre de la AFA, "se abonaron servicios de suministro eléctrico a numerosos domicilios que serían ajenos al quehacer propio de la institución deportiva".

Fuentes cercanas a la investigación comentaron a iProfesional que el expediente contra Centro de Inversiones Concordia sigue abierto y estaría cerca de ser elevado a la Justicia en lo Penal Económico.

Investigaciones sobre Centro de Inversiones Concordia

Vallejo está imputado "en el sumario 8130, expediente N° 180323/23, caratulado ‘Centro de Inversiones Concordia SRL y otros’, en trámite ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario", según consta en una denuncia penal que presentó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Vallejo es parte de una causa judicial por lavado de dinero por unos 819.000 millones de pesos que tramita en el fuero Penal Económico.

Además de Vallejo, aparecen una empresa constructora y una casa de cambio de la que fue accionista, Centro de Inversiones Concordia, que operaba en una de las sucursales de Sur Finanzas en Adrogué, según indica otro expediente del BCRA.

Esa causa judicial se cruzó con otro expediente incipiente, también por lavado de dinero, contra Elías Piccirillo, el exmarido de Jesica Cirio, que sigue preso en la cárcel de Ezeiza, y Francisco Hauque.

Operaciones financieras bajo la lupa del mercado

Hace tres semanas, el fiscal Emilio Guerberoff notificó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti del avance del expediente contra Vallejo y otras personas.

Los investigadores por el momento no encontraron puntos de contacto, pero en el mercado financiero muchos operadores consultados por iProfesional aseguran que hay decenas de operaciones cruzadas.

Vallejo incursionó en el mundo de las casas de cambio en agosto de 2020, según declaró su madre, Graciela Vallejo, en un expediente interno del Banco Central. La mujer adquirió el 50 % de Centro de Inversiones Concordia; su hijo, el 20 %; y Silvia Torrado, el 30 % restante.

Las operaciones le trajeron problemas a Vallejo con el BCRA desde el 2 de marzo de 2022, cuando la entidad monetaria le aplicó una multa de $8 millones por "realizar operaciones cambiarias en períodos no autorizados".

Alertas del BCRA y expansión del negocio cambiario

Pero, pese a ese mal comienzo, Centro de Inversiones Concordia comenzó a operar grandes cantidades de dinero. Apenas inició la gestión de los Vallejo, la firma compró moneda extranjera por el equivalente a $2,5 millones, cifra superior a la de sus ventas, por $715.000.

En 2022, el dinero operado por las casas de cambio vinculadas a los Vallejo se multiplicó y se encendieron nuevamente las alarmas en el BCRA. El 18 de julio de ese año, los inspectores del Central fueron a una sucursal de Lomas Cambio SAS y se encontraron con un cartel que decía: "Nos mudamos a Seguí 780", el domicilio que hoy tiene Sur Finanzas PSP.

Esa dirección llevó a las autoridades a uno de los lugares más importantes en la estructura de negocios de Vallejo: la sucursal de Sur Finanzas de Adrogué.

"Se encuentra un local comercial de dos plantas, que en su frente cuenta con un cartel que dice Sur Finanzas y en su extremo derecho menciona otras firmas como Valle Business S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y Roma Inversiones S.A.", según dejaron asentado los inspectores en el sumario interno.

Vínculos empresariales y facturación observada

En Valle Business, Graciela Vallejo figuraba como presidenta y Maximiliano Vallejo como director suplente, y según el registro de comprobantes de facturas apócrifas de la ex AFIP (ARCA), esta firma emitió documentación falsa.

Lo concreto es que Vallejo arrancó en la zona sur del Gran Buenos Aires y creció de manera vertiginosa de la mano de la AFA.

Una de sus empresas, Sur Finanzas, llegó a ser el sponsor principal de la Liga Profesional en 2024, de la Selección argentina, está presente en la camiseta de varios equipos de Primera División y del Ascenso y financió a varios clubes afiliados a la AFA.

La gran pregunta que se hace la Justicia es por qué Sur Finanzas financió a los clubes afiliados y no lo hizo directamente la AFA.