Milei intervino un puerto clave en Tierra del Fuego y el gobernador alerta por un pacto con Trump
Por ser la puerta de entrada a la Antártida, Ushuaia pasó a ser por estas horas el nuevo epicentro de una pulseada de alto voltaje entre la Casa Rosada y Tierra del Fuego, con Estados Unidos sobrevolando la escena.
La decisión del gobierno de Javier Milei de intervenir el puerto de Ushuaia por 12 meses prorrogables, oficializada este jueves en el Boletín Oficial, desató una fuerte reacción del gobernador Gustavo Melella, que anunció una denuncia judicial para frenar la medida y aseguró que se trata de un "avasallamiento" a la autonomía provincial.
La intervención fue dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) mediante la Resolución 4/2026, firmada por su director ejecutivo, Iñaki Arreseygor, y se apoya en un extenso informe técnico que habla de irregularidades financieras, desvío de fondos, deterioro estructural del muelle, falencias de seguridad, déficits ambientales y tecnológicos, además de un presunto incumplimiento del convenio de transferencia Nación–Provincia firmado en 1992.
El Gobierno intervino puerto clave en Tierra del Fuego: el argumento
Según el Gobierno nacional, el detonante fue la sanción de la Ley Provincial 1596, que habilita el uso del superávit del puerto para financiar la obra social fueguina (OSEF). Para la ANPYN, esa norma contradice de manera directa la cláusula séptima del convenio de transferencia, que obliga a destinar los ingresos portuarios exclusivamente a la operación, mantenimiento e inversión del puerto.
A partir de denuncias sindicales y empresariales, inspecciones realizadas en septiembre y octubre de 2025 detectaron -según el organismo- un deterioro significativo del muelle comercial, especialmente en el Sitio 3, sistemas contra incendios obsoletos, fallas en señalización, control de accesos, drenaje pluvial y protocolos de seguridad para la convivencia entre carga y pasajeros de cruceros. También se observaron deficiencias graves en ciberseguridad y sistemas informáticos, además de una baja ejecución de obras: apenas el 1,3% del gasto total, con una alta concentración en gastos de personal y préstamos.
Con ese diagnóstico, el Gobierno resolvió "suspender la habilitación del puerto por 12 meses prorrogables por acto fundado", aunque difirió su aplicación para no afectar la temporada de cruceros, y avanzó con la intervención administrativa, asumiendo el control operativo, técnico y financiero del muelle.
La Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, invocó una denuncia efectuada por el Secretario General de Unión Personal Superior Ferroviario de Tierra del Fuego y otros actores por la sanción de la Ley Provincial 1596 de "Sostenibilidad y Fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF)", que conformaba un Fondo Específico para el Pago de Deuda de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), pero Melella señaló que nunca se usó.
También señaló, entre otras cosas, que la Comisión de Inspección "advirtió un deterioro significativo en sectores estructurales del muelle comercial, particularmente en el Sitio 3, que mostró, en general, evidentes signos de desgaste en las defensas del muelle, deformaciones en los elementos de amarre, fallas en pavimentos y pérdidas de material que inciden en la capacidad de atraque y en la seguridad de maniobra".
Se constató "la obsolescencia y discontinuidad de los sistemas de protección contra incendios, carencias en señalización y alumbrado, un deficiente control de ingresos y egresos de tránsito pesado, deficiencias en el drenaje pluvial y una insuficiente programación de mantenimiento preventivo", señaló.
La respuesta de Gustavo Melella: "Ninguna razón es real"
Desde Ushuaia, la reacción fue inmediata y dura. En diálogo con iProfesional, el gobernador Gustavo Melella negó de plano las acusaciones y apuntó contra los verdaderos motivos de la decisión.
"Ninguna razón es real. No sabemos el porqué de esta decisión, o si se quieren quedar con los dólares que ingresan por negocios de amigos o abrirle la puerta a los Estados Unidos", respondió con ironía.
Melella rechazó la acusación de desvío de fondos y recordó que la Legislatura aprobó una ley que permitía usar el superávit para la obra social, pero que esa transferencia nunca se concretó. "Ellos dicen que la provincia desvió fondos y eso es mentira", insistió.
También defendió la gestión portuaria: "Se dice que no se hicieron obras y fue el único puerto que hizo obras en los últimos años", sostuvo, al enumerar la extensión de 104 metros del muelle y el récord de recaladas de cruceros.
En un comunicado oficial, el Gobierno fueguino subrayó que el puerto "crece y funciona con normalidad", con más de 525 recaladas previstas esta temporada y más de 30 mil pasajeros y tripulantes en apenas las últimas dos semanas. Además, denunció "narrativas preocupantes" vinculadas a intencionalidades geopolíticas no explicitadas.
"No hay ninguna razón objetiva que justifique la intervención del puerto e, incluso, el propio acto administrativo de intervención dispuesto por la ANPyN inhabilita la operación de la terminal para luego, en dos artículos posteriores, dejar sin efecto esa misma inhabilitación", señaló el comunicado fueguino.
¿Un pacto con Donald Trump?: la sospecha geopolítica y la sombra de Washington
La intervención se produce en un contexto político internacional cargado de simbolismo. Melella no descartó un trasfondo mayor: "¡Todo es posible! Esto se da un día después de la reunión entre Santiago Caputo y el embajador norteamericano Peter Lamelas".
El mismo día, Milei participó en Davos de actividades junto a Donald Trump y firmó la creación del Consejo de Paz impulsado por el expresidente estadounidense para intervenir en conflictos como el de la Franja de Gaza, del que la Argentina formará parte sin pagar los u$s1.000 millones que se mencionaban como costo de membresía.
Para sectores críticos, la intervención del puerto podría ser una moneda de cambio geopolítica, dada la histórica ambición de Estados Unidos sobre Ushuaia como hub logístico antártico, en una región clave por recursos naturales, control marítimo y proyección estratégica en el Atlántico Sur.
El "Manifiesto Argentino" y la denuncia de "cesión de soberanía"
Esa lectura fue llevada al extremo por el Manifiesto Argentino, un espacio que nuclea a dirigentes, políticos e intelectuales de izquierda, que emitió un comunicado titulado "Urgente repudio y rechazo a la cesión de soberanía dispuesta por Milei".
En el texto, acusaron al Presidente de haber "manoteado hoy el Puerto de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, para confesadamente ponerlo a disposición del presidente estadounidense Donald Trump".
Para ese sector, la intervención no es administrativa ni técnica, sino una decisión política alineada con Washington, que compromete la soberanía argentina sobre uno de los puntos más sensibles del mapa nacional.
El Manifiesto Argentino lo integran, entre otros, Mempo Giardinelli (Chaco), Graciela Bialet (Córdoba), Miguel Rodríguez Villafañe (Córdoba), Carlos del Frade (Santa Fe), Graciela Rosso (Luján, PBA), Alejandro Olmos Gaona (CABA), Alicia Marchionda (CABA), Sebastián Cantoni (Córdoba), Jorge Capitanich (Chaco), Atilio Borón (CABA), César Lerena (Mar del Plata) y Stella Calloni (CABA).
Nación vs. provincia: un conflicto abierto
Mientras el Gobierno nacional insiste en que la medida busca proteger el interés público, la seguridad operativa y la sustentabilidad del puerto, Tierra del Fuego adelantó que continuará el diálogo con la gestión nacional.
Pese a que mantiene el contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, y con la ANPYN, al mismo tiempo avanza con una demanda judicial y mantiene un diálogo tenso con la Casa Rosada por este y por otros temas, como la reforma laboral que se debatirá en el Congreso o la validez del DNU sobre la SIDE que permitirá a los espías la detención de personas sin orden judicial.
El grupo "Manfiesto Argentino", en su comunicado, expresó el "urgente repudio y rechazo a la cesión de Soberanía dispuesta por Milei",
De ese modo negó la argumentación de la ANPYN sobre los desvíos de recursos que, en lugar de destinarse al mantenimiento y mejora del puerto, habrían sido utilizados para otros gastos de la administración provincial, lo cual va en contra de la normativa vigente.
El organismo que dirige Arreseygor señaló que la medida se tomó por la falta de respuestas concretas a inspecciones previas, denuncias de vaciamiento por parte de trabajadores portuarios y la preocupación de empresas navieras que operan en el puerto. Todo eso fue negado por el gobernador Melella.
La intervención ocurre cuando no se habían detectado anormalidades en plena temporada de cruceros, lo cual sumó tensión con la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cuyo gobernador cuestionó la decisión y aseguró que las operaciones de la terminal continúan con normalidad.
"Hay un avasallamiento importante sobre la autonomía de la provincia", señaló el comunicado del gobierno de Gustavo Melella. En el fondo, la discusión excede largamente el estado de un muelle. Ushuaia vuelve a ser escenario de una disputa donde se cruzan federalismo, recursos, dólares, Antártida y geopolítica global. Y donde cada movimiento, en el extremo sur del continente, resuena mucho más allá del fin del mundo.