VIDEO | Venezuela sancionó por unanimidad una amnistía para presos políticos: ¿qué pasará con Nahuel Gallo?
La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, convirtió en ley el proyecto de amnistía promovido por la presidenta Delcy Rodríguez. La votación se produjo en un contexto atravesado por huelgas de hambre de familiares que exigen la liberación de detenidos por razones políticas.
La iniciativa, respaldada por unanimidad, fue bautizada como Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y contempla beneficios para personas condenadas o procesadas en el marco de conflictos políticos ocurridos entre 2002 y 2025.
A quiénes alcanza y qué casos quedan afuera
El texto prevé que dirigentes opositores, sindicalistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas detenidos por causas políticas puedan ser alcanzados por la medida. En algunos casos, las detenciones se prolongaron durante meses e incluso años.
No obstante, la norma establece límites. Quedarán excluidos quienes hayan promovido o participado en acciones armadas o violentas contra el país.
El artículo aprobado señala: "Estarán igualmente excluidos de la amnistía prevista en ley las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras".
Entre los posibles beneficiarios podrían figurar los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani, detenidos en territorio venezolano.
Señalamientos y antecedentes recientes
En el contexto de la discusión sobre la amnistía, el oficialismo ha vinculado a figuras opositoras como María Corina Machado y Leopoldo López con posiciones que, según sus detractores, se alinean con presiones externas sobre el Ejecutivo venezolano.
Esa narrativa se intensificó después de un ataque militar estadounidense registrado el 3 de enero de 2026 en territorio venezolano, en el marco de una operación que culminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y actividades ofensivas en distintas zonas del país.
La ley cubre hechos que se remontan al intento de golpe de Estado de abril de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez y se extiende hasta las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Sin embargo, el artículo 6 delimita su aplicación a diez coyunturas políticas específicas, lo que podría dejar fuera a parte de los detenidos considerados presos políticos.
La promulgación y el mensaje oficial
Tras la sanción legislativa, Delcy Rodríguez firmó la norma en el Palacio de Miraflores. "Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón", expresó durante el acto. También definió la medida como "un acto de grandeza" y aseguró: "Estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela".
La propuesta se inscribe en lo que el oficialismo denomina un "nuevo momento político", en paralelo con un proceso de excarcelaciones anunciado el 8 de enero, pocos días después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Críticas de organizaciones civiles
La tramitación del proyecto no estuvo exenta de controversias. La ONG Acceso a la Justicia advirtió que el texto "incurre en contradicciones fundamentales al hablar de ‘extremismo’", lo que —según su análisis— descalifica a posibles beneficiarios y anticipa una presunción de culpabilidad.
También señaló "un claro conflicto de intereses", dado que la implementación de la amnistía quedará en manos de tribunales y la Fiscalía, organismos que, de acuerdo con denuncias de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, habrían participado en episodios de "represión masiva e indiscriminada".
El debate parlamentario coincidió con una protesta encabezada por mujeres familiares de detenidos, quienes iniciaron una huelga de hambre frente a un comando policial en Caracas para reclamar liberaciones. Según datos recientes de la ONG Foro Penal, 644 personas continúan privadas de libertad por motivos políticos en el país.