FATE reabrirá la fábrica cuando se retire el gremio para cumplir la conciliación obligatoria, pero luego cerrará
La reapertura de la empresa de neumáticos Fate será apenas una puesta en escena y un gesto administrativo burocrático. Un paréntesis forzado para cumplir con la orden de la conciliación obligatoria que dictó el gobierno de Javier Milei y ganar quince días de paz social en medio de la tormenta política por la reforma laboral que terminará de sancionarse en el Senado el viernes próximo. Después, según deslizan en la intimidad de la compañía, la persiana volverá a bajar. Esta vez, en forma definitiva.
"Harán como que trabajan para cumplir la conciliación obligatoria del Gobierno y después cerrará y pagará las indemnizaciones, a menos que se prorrogue el plazo", confió a iProfesional una fuente directa de la empresa. De ese modo, serán despedidos con indemnización los 920 trabajadores de Fate.
La frase no es ingenua: describe una reapertura formal, con producción casi simbólica, utilizando apenas los escasos insumos en stock y sin comprar un tornillo más. El trasfondo de la medida es ganar tiempo: la Casa Rosada logró esta madrugada del viernes sancionar la ley de reforma laboral, pero todavía falta la sanción del Senado, y de ese modo Fate contribuirá a generar cierto clima de normalidad social.
Toma de planta y conciliación obligatoria
El principal problema radica en que el sindicato del neumático, uno de los más combativos del país, tiene tomada la planta de San Fernando, en medio del debate parlamentario por la reforma laboral. Es por eso, entre otros motivos políticos –el conflicto entre Milei y el empresario Javier Madanes Quintanilla– que el Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, dictó este miércoles la conciliación obligatoria por 15 días para retrotraer la situación a antes del cierre.
Esa medida obliga a la empresa a negociar con el sindicato cuando ya no hay nada que negociar. La decisión de la empresa es cerrar, ahora o en 15 días.
La condición para reabrir es tajante: hasta que no se retire la delegación del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), liderada por Alejandro Crespo -referente de una izquierda sindical radicalizada-, la planta no reabrirá. "No hay condiciones de seguridad. Cuando esté desalojada, se reabre para cumplir la conciliación", sostienen. Hoy, esas condiciones -afirman- "no están".
Cumplir para evitar juicios
La lógica empresarial es cumplir con las formalidades para evitar juicios: abrir 15 días, pagar los salarios correspondientes a ese lapso, cumplir formalmente con la resolución oficial y esperar que venza el plazo. Después, el cierre. Salvo que el Gobierno decida prorrogar la conciliación y estire la agonía.
En paralelo, el Ejecutivo quedó atrapado en un intríngulis jurídico y político. En el Ministerio de Capital Humano sostienen que la conciliación "anula los despidos" por 15 o 20 días, según haya o no prórroga, y obliga a retrotraer la situación al momento previo al conflicto. Pero admiten que no impone la reincorporación efectiva. Es una pausa forzada. No una solución.
El cierre como decisión tomada
El choque es frontal. En la empresa repiten que "Fate acató la conciliación obligatoria", que las indemnizaciones —previstas para abonarse tras el cierre— quedaron en compás de espera y que hay cuatro días para pagarlas si el escenario vuelve al punto original. Pero la sentencia interna es otra: "La empresa cerró y no va a abrir". De ese modo, las indemnizaciones se pagarían al cierre, es decir después de los 15 días de conciliación.
El Gobierno necesita tiempo y los 15 días funcionan como una tregua mientras la reforma laboral termina de atravesar el Congreso. Paz social mínima para evitar que el conflicto escale y se transforme en bandera opositora. De ahí la doble conciliación -nacional y bonaerense, que también dictó el gobernador Axel Kicillof- que deja en evidencia la dimensión política del caso.
Un problema estructural de larga data
Pero detrás del ruido sindical y de los cruces ideológicos hay un problema estructural que nadie logra maquillar. Fuentes vinculadas a la compañía admiten en privado que Fate "tendría que haber cerrado hace 20 años". La empresa viene perdiendo dinero desde hace años, fue subsidiada por sus propios accionistas, atravesó procesos preventivos de crisis en 2019 y 2024, y producía apenas al 30% de su capacidad. Y aun así, perdía plata.
El escenario se agravó con un dato lapidario: el 74% del mercado local está cubierto por productos importados desde la apertura de importaciones de Milei. Competir en esas condiciones, dicen, es inviable. A eso se suma la caída del consumo interno y la falta de productividad para exportar. El combo es explosivo.
En la compañía también apuntan contra la conflictividad sindical. Acusan al gremio de no adaptarse a procesos de tecnificación, capacitación y reorganización de turnos. "Están inadaptados a la producción moderna", deslizan con crudeza. Del otro lado, el Sutna denuncia un vaciamiento planificado y exige que la empresa vuelva a producir.
El trasfondo político no ayuda. En la Casa Rosada el malestar con Javier Madanes Quintanilla es inocultable. Lo ubican en el mismo plano que Paolo Rocca, blanco habitual de Javier Milei. El Presidente retuiteó críticas directas contra el empresario, cuestionando su política de precios en el pasado y relativizando sus advertencias sobre la crisis industrial. La guerra dejó de ser solo laboral para ser política.
Una tregua que se parece a una despedida
Mientras tanto, en la planta de San Fernando la escena es de incertidumbre absoluta. Se reabrirá -si se retiran los sindicalistas- con lo que haya en depósito. No se comprarán insumos nuevos. No habrá inversión. No habrá relanzamiento. Solo una reapertura técnica para cumplir con la conciliación y ganar tiempo.
Después, si nada cambia, llegará el cierre definitivo y el pago de las indemnizaciones. Si el Gobierno prorroga la conciliación obligatoria, estirará la agonía, porque el final será el cierre definitivo. Serán 15 días de respirador artificial para una empresa que, según sus propios números, viene en terapia intensiva desde hace años.
El Gobierno busca paz social y la empresa busca salida sin conflictos judiciales. El sindicato resiste y reclama la reapertura de las fuentes laborales, algo imposible, por lo cual los 920 trabajadores quedan atrapados en una tregua que se parece demasiado a una despedida anunciada.