Pelea por la reforma laboral: el Gobierno prepara duras sanciones, mientras la CGT analiza un paro de 36 horas

Con una reforma laboral que saldrá "con fritas" en el Senado, la Confederación General del Trabajo (CGT) se enfrenta a un escenario donde deberá despejar el fantasma de fractura, con una medida de fuerza que conforme a propios y extraños. El Gobierno, en tanto, avisó que tiene en la mira a La Fraternidad y la Unión Tranviaria Automotor (UTA). En caso de que vuelvan a participar de un cese de actividades, avanzará con la aplicación de multas millonarias y hasta la quita de la personería gremial. 

Frente al vértigo que le impuso la Casa Rosada a la Ley de Modernización Laboral, la central obrera se reunirá entre lunes y martes, al tiempo que sus máximos referentes se mantienen "en línea" para decidir sus próximos pasos. Ya se sabe que la estrategia gremial es avanzar con la vía judicial, para declarar inconstitucional varios de los artículos, sobre todo los referidos a rebaja de las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga.

El consejo directivo cegetista está advertido de la movida del sector combativo. Después de la movilización con paro que se llevó a cabo el jueves pasado, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) anunció que irá a un cese de actividades de 36 horas cuando la Cámara Alta apruebe la reforma laboral.

Qué sanciones estudia la Casa Rosada contra La Fraternidad y la UTA

En paralelo a las gestiones del Gobierno para la rápida aprobación de la reforma laboral, la Casa Rosada puso en la mira a los conductores de locomotoras nucleados en La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), gremios imprescindibles para el éxito de una huelga. Desde la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero dejaron trascender que aplicarán sanciones porque ambos sindicatos desconocieron que se encuentran en conciliación obligatoria por reclamos salariales.

Tanto La Fraternidad como la UTA se escudan en que su adhesión a la huelga del jueves pasado no se debió a sus propias demandas, sino que se dio en el contexto de un paro nacional convocado por la CGT. La cartera laboral estudia la aplicación de multas económicas hasta actuaciones que podrían derivar en la quita de la personería jurídica. Explican que "si fueron al paro e incumplieron la conciliación obligatoria, la idea es ir a fondo", en tanto que fuentes gremiales coincidieron en que una decisión de esta naturaleza podría "judicializarse".

Con una visión más política, la administración libertaria busca meter presión a los sindicatos del transporte para que no participen de un eventual cese de tareas por 36 horas. El Ministerio de Capital Humano (que tiene bajo su órbita a la secretaría de Trabajo) ya había intimado a los gremios a abstenerse de adherir a la huelga. La ministra Sandra Pettovello advirtió que cualquier medida de fuerza la consideraría una violación a la conciliación laboral obligatoria vigente.

En el Gobierno diferencian las acciones de Maturano con las del titular de la UTA, Roberto Fernández. Al ferroviario lo ven como un franco opositor. De hecho, no acompaña las paritarias que sí firman los otros tres gremios de la actividad (Unión Ferroviaria, Señaleros y Jerárquicos ferroportuarios). En cambio, con Fernández el vínculo es más "fluido", como quedó de manifiesto en anteriores huelgas de la CGT donde no acató la medida de fuerza explicando que se encontraba en conciliación obligatoria ante el fracaso de las paritarias del sector. 

División en la CGT por la postura de los gobernadores peronistas

En los pasillos de Azopardo los aires de división volvieron a soplar fuerte. Al movimiento obrero organizado lo sigue uniendo el rechazo al modelo libertario, pero en sus filas militan diferentes visiones de cómo enfrentarlo. En la conducción contabilizan como un fracaso las gestiones ante los gobernadores, que ordenaron a senadores y diputados acompañar el proyecto del oficialismo.

Uno de los cotitulares de la CGT, Cristian Jerónimo, afirmó: "Nos dan vergüenza, han traicionado a los trabajadores", sobre el rol de los mandatarios peronistas en la aprobación de la reforma. Subrayó: "Son gobernadores de provincias que uno ha recorrido y ve el grado de desigualdad que tienen esas provincias. Nos dan vergüenza porque, supuestamente, lo hacen para beneficiar a sus provincias y sabemos que eso no tiene un impacto real".

El titular del sindicato de Obreros del Vidrio amplió: "Tucumán, Catamarca, Salta mismo. Lo juzgará el tiempo y sabrán ellos por qué han traicionado a todos los trabajadores y trabajadoras de esta manera", al tiempo que dijo que la solución al conflicto es política y no gremial, ya que la decisión se cristaliza en el Congreso. Detalló que "esto se termina legislando tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, y nosotros no votamos, pero siempre trabajamos para generar la conciencia necesaria".

Cómo sigue el plan de lucha de la CGT

Sobre la continuidad del plan de lucha, Jerónimo explicó que preparan respuestas en dos frentes: "Nos queda otra instancia, que es la judicial. Lo venimos diciendo: vamos a ir a la Justicia porque este proyecto de ley va en contra de la Constitución Nacional" y aseguró que "nos vamos a defender donde más cómodos nos sentimos, que es en las bases, defendiendo los derechos de los compañeros. No vamos a permitir que haya retroceso". Informó que entre lunes y martes anunciarán la continuidad del plan de lucha.

El integrante del triunviro que completan Jorge Sola y Octavio Argüello, negó negociaciones con el Gobierno, asegurando que "nunca existieron". Desde el primer momento esperábamos una convocatoria en un ámbito de diálogo y negociación. Nunca llegó esa convocatoria". Agregó que "tenemos la tranquilidad de que nosotros con ellos nunca negociamos nada. Sí hablamos con senadores de distintos bloques para construir una mayoría y, en el último caso, para modificar muchísimos artículos".

Sobre la postura de la Unión Industrial Argentina (UIA), Jerónimo criticó la falta de defensa de la industria nacional. Sostuvo que "La UIA termina siendo cómplice y acompañando esta ley regresiva. Me llama poderosamente la atención que todos los días cierre una empresa y ellos sigan diciendo que el problema son los derechos de los trabajadores".

Gremios combativos le piden al triunviro un paro de 36 horas con marcha

El referente del Frente de Sindicatos Unidos, Daniel Yofra, en tanto, declaró que le pedirán a la CGT que convoque a un paro de 36 horas con movilización, para cuando el Senado trate la reforma laboral y reiteró la necesidad de "profundizar un plan de lucha contra un gobierno que le declaró la guerra a la clase trabajadora".

El también secretario General de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón indicó que "vamos a hablar con el triunvirato. Si no lo hacen, iremos a un paro nosotros con el proyecto", considerando que "esta reforma laboral nos quita la posibilidad de defendernos, de poder hacer una huelga, una asamblea. También afecta a cada trabajador con el fraccionamiento de las vacaciones, el banco de horas y el fin de las horas extra".

Además de los Aceiteros, el FreSU nuclea a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma) y gremios como Viales, Pilotos, Jerárquicos de Energía, Marítimos y Portuarios, entre otros. Esperan que el avance de los conflictos laborales sume a actores importantes como el líder de La Fraternidad, Omar Maturano y el Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, quienes mantienen fluidos contactos con dirigentes del FreSU.

Yofra también habló de "la traición de los senadores y diputados que decían que iban a ir en contra de Milei y ahora no sólo no fueron contra Milei, sino que fueron contra los trabajadores" y aprovechó la cuestionar a los dirigentes de la CGT por "estar esperanzados en los políticos, porque supuestamente tenían los números. Y ahora están esperanzados en la Justicia. Y después van a estar esperanzados en una marcha a San Cayetano. Eso no tiene nada que ver con el sindicalismo. El sindicalismo se tiene que empoderar más allá de los partidos políticos".