Adorni ya suma 5 denuncias por llevar a su esposa en el avión presidencial y por el viaje a Punta del Este

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya acumula cinco denuncias en su contra en la Justicia Federal por haber llevado a su esposa en el avión presidencial con motivo de la realización de la Argentina Week en Estados Unidos; el viaje que efectuó con ella en febrero a Punta del Este y una propiedad presuntamente no declarada en Exaltación de la Cruz.

La primera denuncia se efectuó el 11 de marzo y por sorteo recayó en el juez Daniel Rafecas, mientras que en los días posteriores y hasta este miércoles se acumularon otras que por conexidad deberían acumularse en ese juzgado, indicaron a iProfesional fuentes judiciales.

Pero por ahora, todas tramitan por separado y el jefe de Gabinete todavía no fue formalmente imputado en ninguna a la espera del envío de información a distintos organismos del Estado y privados relacionados con los vuelos efectuados.

La última presentación la realizaron el 16 de marzo los diputados Esteban Paulón (Partido Socialista), Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) por presunta malversación de caudales públicos y cohecho y quedó radicada en el Juzgado Federal número 4, a cargo de Ariel Lijo.

Pedidos de informes a empresas de vuelos, Migraciones y Aduana

En ese expediente, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó al magistrado las primeras medidas de prueba, entre ellas, que la empresa de vuelos privados utilizada para ir a Uruguay aporte el recibo del viaje.

Además, reclamó el envío de las cámaras de seguridad del aeropuerto de San Fernando y que los organismos que controlan los viajes (Migraciones y Aduana) entreguen toda la documentación respectiva.

Uno de los pasajeros de ese viaje fue el periodista Marcelo Grandío, que actualmente tiene un programa en la Televisión Pública. Al ser consultado sobre quién se hizo cargo del valor de los pasajes, aseguró que "los pagó Manu" y gastó u$s3.600.

El jefe de Gabinete ya se disculpó varias veces por la presencia de su esposa en la comitiva presidencial pero aseguró que no fue un delito sino "un error" y que su presencia "no generó ni un dólar de gasto para el Estado". También se arrepintió por haber utilizado la palabra "deslomarse" para referirse a su trabajo en la Argentina Week.

Este miércoles, los legisladores ampliaron la denuncia contra Adorni y también pidieron que se lo investigue por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de una propiedad de u$s250.000 no declarada que tendría en el Country Indio Cuá Golf Club de Exaltación de la Cruz y que "su patrimonio nunca podría explicar", afirmó Paulón en X.

Entre otra documentación, aportaron el detalle de las expensas del barrio, donde figura como socia la esposa de Adorni, Bettina Julieta Angeletti, y se señala que debe pagar casi $700.000 mensuales.

¿Una casa en un country sin declarar?

En paralelo, tramitan otras causas. La primera denuncia la había presentado el mediático abogado Gregorio Dalbón y recayó ante Rafecas, con intervención de la fiscal Alejandra Mangano, quienes deben determinar si existió malversación de caudales públicos con motivo del viaje en el que Adorni llevó a su esposa.

"El avión presidencial constituye un bien público de uso restringido, destinado a garantizar el traslado del Presidente de la Nación, funcionarios del Poder Ejecutivo y delegaciones oficiales en el marco de misiones institucionales del Estado Nacional", advirtió el letrado cercano a la expresidenta Cristina Kirchner.

También están radicadas otras tres causas iniciadas a partir de sendas denuncias presentadas por la diputada Marcela Pagano, distanciada del oficialismo. La primera la formuló el 11 de marzo en el Juzgado Federal 11 por malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en referencia al viaje de Adorni con su esposa a Nueva York.

Al día siguiente, la amplió por enriquecimiento ilícito por la mencionada propiedad en Exaltación de la Cruz y recayó ante la jueza federal María Servini.

La diputada puso el foco en las declaraciones juradas de Adorni: la última, correspondiente a 2024 y presentada en agosto de 2025, incluye únicamente dos inmuebles: un 50% de un departamento en la Capital Federal y otro en La Plata. No hay registros de bienes en countries o barrios cerrados.

Cinco días después, Pagano hizo otra ampliación ante el primer juzgado pero además de Adorni pidió que se investigue a Pablo Javier Casal, presidente de la firma Area Tech, y Rubén Santiago Ward, titular de ATX.

La legisladora que fue amiga del presidente Javier Milei los denunció por defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Pagano pidió que se investiguen supuestas irregularidades en licitaciones para el envío de SMS y correos electrónicos del Gobierno que fueron impulsadas cuando Adorni se desempeñaba como secretario de Comunicación, antes de su designación como jefe de Gabinete.

La denuncia menciona una adjudicación superior a $3.650 millones en la que participaron ambas firmas, que estarían vinculadas entre sí, lo que podría configurar un esquema de competencia simulada ya que compartirían domicilio en el barrio de Parque Patricios.

Pagano también apuntó contra los contratos de la consultora +BE, propiedad de Angeletti, porque habría mantenido vínculos comerciales con compañías que tienen negocios o relaciones directas con el Estado.

Según la denuncia, esto podría configurar un esquema de conflicto de intereses dada la posición de Adorni en el Gobierno y podría existir un "circuito triangular de flujos económicos" entre organismos estatales, empresas privadas proveedoras y la consultora de la esposa del jefe de Gabinete.

Para la diputada, este esquema involucra a firmas que contratan con entidades bajo la órbita del funcionario. La Justicia deberá ahora determinar si hay irregularidades o si se trata de actividades comerciales legítimas.