Pagano pidió averiguar si Adorni compró una mansión de u$s2 millones con plata de la presunta estafa Libra
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La diputada nacional Marcela Pagano presentó este domingo otra denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sumó al empresario cripto Álvaro Castro Burgueño para que la Justicia investigue presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y encubrimiento vinculados a una mansión ubicada en Vieytes 1287, en la localidad de Martínez, partido de San Isidro.
Según versiones de vecinos y medios periodísticos Adorni habitó ese inmueble, que figura a nombre de Castro Burgueño, pero sugestivamente tiene una custodia de la Policía Federal propia de altos funcionarios del Poder Ejecutivo.
Manuel Adorni, contra las cuerdas tras denuncia de Marcela Pagano
Según la presentación judicial, el inmueble, un chalet de importantes dimensiones situado en una de las zonas más exclusivas del corredor norte del conurbano bonaerense, tendría un valor de mercado no inferior a los u$s2 millones. Un dato central que pide investigar es si Álvaro Castro Burgueño fue el organizador del "Tech Forum 2024", que tuvo a Adorni como invitado VIP a este evento.
La filtración hace unos días de que Adorni ocupó esa mansión causó nerviosismo y malestar en la Casa Rosada. Según la diputada Pagano, "Adorni calificó la información como 'parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno', pero no formuló una negativa categórica e inequívoca de haber residido en el inmueble".
Según versiones de vecinos y de fuentes periodísticas, escribió Pagano, la mansión pudo haber sido habitada por Adorni, pero figura inscripta a nombre de Castro Burgueño desde abril de 2025, apenas dos meses después del lanzamiento de la criptomoneda "Libra", actualmente bajo investigación judicial por presunta defraudación.
Según fuentes de la gobernación bonaerense, que dialogaron con iProfesional hace unos días, "Adorni vive allí desde noviembre de 2024". Pero ahora el jefe de gabinete aseguró que vive en Caballito, donde precisamente se encontró una nueva propiedad a su nombre en la calle Miró al 500, no declarada aún, pero bajo investigación del fiscal Pollicita.
La denuncia se fue presentada ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que el viernes último imputó a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito por inconsistencias entre su patrimonio y sus ingresos y un incremento patrimonial de un 500% y pidió una docena de medidas de pruebas.
El escándalo surgió a partir de sus inconsistencias entre sus vuelos privados hacia y desde Punta del Este, la falta de explicación del pago, las contradicciones entre Adorni y su amigo Marcelo Grandío, que dijo haberlo pagado, el alto valor y la falta de comprobantes.
Además, Adorni aparece como propietario de dos inmuebles que aún no declaró en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y el valor de esos inmuebles es incompatible con su patrimonio declarado.
En relacion al inmueble de Vieytes 1287, que no figura a nombre de Adorni pero lo habría habitado y tiene custodia policial de la Policía Federal, Pagano solicitó que se determine si el dinero proveniente del caso Libra —que calificó como potencialmente ilegal— pudo haber sido destinado a la adquisición del inmueble, y si existió una eventual interposición de persona para ocultar al verdadero beneficiario.
Un empresario cripto involucrado
En ese marco, la legisladora puso el foco en la figura de Castro Burgueño, identificado como especialista en tokenización del mercado inmobiliario y en inversiones en criptoactivos aplicados a bienes raíces. Según consignó en la denuncia, su perfil empresario tornaría "económicamente irracional" la compra de una propiedad residencial de alto valor y baja liquidez, lo que abre interrogantes sobre el objetivo real de la operación.
La denuncia también hace eje en la posible vinculación directa de Adorni con el inmueble. De acuerdo a testimonios de vecinos y fuentes periodísticas citadas en la presentación, el funcionario habría habitado la casa al menos hasta una semana antes de que el caso tomara estado público. Incluso, fuentes del gobierno bonaerense indicaron que Adorni residió allí desde noviembre de 2024, extremo que el jefe de Gabinete desestimó al atribuirlo a "operaciones periodísticas", sin formular una negativa categórica.
Un elemento central señalado por Pagano es la presencia de custodia permanente de la Policía Federal Argentina en el domicilio, una medida que —según remarcó— solo se asigna a funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo, magistrados o personas bajo riesgo determinado judicialmente. Para la diputada, este dato constituye un "indicio contundente" de que en la propiedad reside o residió un funcionario nacional. La custodia permanecía hasta este domingo por la noche, según pudo constatar iProfesional.
En caso de confirmarse que Adorni ocupó el inmueble, la denuncia plantea que debió haber existido un contrato de alquiler, por lo que solicitó a la Justicia que requiera los comprobantes correspondientes y el monto abonado. También pidió determinar si actualmente la vivienda es habitada por Castro Burgueño y cuál es el motivo de una custodia policial para un empresario desconocido para el gran público. Además de un patrullero, la consigna resguarda el protocolo de colocar dos conos naranja en la puerta del inmueble para que no estacionen ni se detengan autos particulares.
La presunta estafa Libra, bajo la lupa de la Justicia
La presentación judicial detalla además los vínculos de Adorni con el ecosistema cripto. Señala que participó en el Tech Forum 2024 —evento que habría servido de puente entre el Gobierno y empresarios del sector— y que estaba previsto como orador principal en la edición 2025, suspendida tras el escándalo de Libra. En ese contexto, sostiene que el funcionario habría tenido una participación relevante en ese entorno de negocios.
Para Pagano, la secuencia temporal entre el lanzamiento de Libra el 14 de febrero de 2025, la compra del inmueble en abril de ese año y la relación entre los actores involucrados configura un "cuadro indiciario suficiente" para impulsar la investigación judicial.
En su denuncia, la diputada requirió una batería de medidas de prueba que incluyen informes al Registro de la Propiedad, AFIP, UIF, Oficina Anticorrupción, Ministerio de Seguridad y Policía Federal, además de peritajes contables y financieros sobre el patrimonio de Castro Burgueño y eventuales operaciones en criptoactivos vinculadas al caso.
Asimismo, solicitó que se evalúe la conexidad con otras causas en trámite contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, donde el fiscal Gerardo Pollicita ya impulsó medidas de prueba.
La denuncia quedó radicada en la Justicia federal, que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar sobre la posible existencia de maniobras de ocultamiento patrimonial y lavado de dinero en torno a la propiedad de San Isidro.