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Fallo histórico: un intendente deberá devolver la plata que le cobró a productores por tasas municipales

Un juez anuló el cobro de una tasa municipal al detectar falta de servicios y uso indebido de fondos. El financiamiento de los municipios, en la mira
Por iProfesional
POLÍTICA - 30 de Marzo, 2026

Un nuevo fallo judicial vuelve a poner en jaque el cobro de tasas municipales al campo. El Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen resolvió anular total y parcialmente la tasa de mantenimiento de la red vial de la Municipalidad de Daireaux, tras comprobar que no hubo prestación efectiva del servicio y que parte de los fondos fueron desviados.

La sentencia fue dictada por el juez Pablo Cristian Germain, quien ordenó reliquidar lo cobrado a los productores rurales luego de detectar desvíos del 22,95% en 2022 y del 27,88% en 2023 hacia gastos ajenos al mantenimiento de caminos.

Además, el magistrado dispuso la nulidad de actos administrativos firmados por el exintendente Esteban Alejandro Acerbo, al considerar ilegítimo el esquema de cobro aplicado en esos períodos.

Tasas municipales: el intendente de Daireaux, bajo la lupa

El eje del fallo es contundente: una tasa no es un impuesto. Por lo tanto, solo puede cobrarse si existe una contraprestación concreta, individualizada y efectiva.

En esa línea, Germain fue categórico al sostener que el cobro sin servicio "configura una afectación" al derecho de propiedad de los contribuyentes.

La causa se originó a partir de una demanda presentada por un grupo de productores agropecuarios, quienes cuestionaron decretos municipales que habían rechazado sus reclamos administrativos por el cobro de la tasa vial entre 2022 y 2024.

El dato que complica al municipio: 96% de los caminos con fallas

Para resolver, el juez le dio un peso central a las pericias técnicas.

Un informe de ingeniería determinó que el 96% de la red vial analizada presenta deficiencias, con problemas como acumulación de agua, huellas profundas y serias dificultades de transitabilidad. A esto se sumó un diagnóstico crítico sobre el parque de maquinaria municipal, considerado obsoleto e insuficiente.

En paralelo, la pericia contable comprobó una fuerte desproporción entre lo recaudado y lo invertido, confirmando que parte de los recursos se destinaron a rentas generales del municipio, lo que vulnera el principio de afectación específica de este tipo de tributos.

Cómo impacta el fallo en los productores

La sentencia establece un criterio diferenciado según cada caso:

  • Para uno de los productores demandantes, el juez dispuso la nulidad total de la tasa, al comprobarse la inexistencia de mantenimiento en el camino de acceso.
  • Para otros tres, determinó una nulidad parcial, manteniendo el tributo pero ordenando reducirlo en función de los fondos desviados.

En total, el fallo abarca a cuatro demandantes en esta primera instancia, aunque hay al menos otros tres juicios en trámite que podrían resolverse en la misma línea.

Otro punto relevante es que la Justicia dejó en claro que la carga de probar la prestación del servicio recae sobre el municipio, y no sobre el contribuyente.

Un "hito histórico" que abre la puerta a más reclamos

El abogado de los productores, Jorge Moroni, calificó la decisión como un "hito histórico", aunque advirtió que el resultado es "desparejo" y anticipó que parte del fallo será apelado, especialmente en lo referido a la valoración de las pruebas técnicas.

Según el letrado, el caso deja al descubierto una práctica extendida: el uso de tasas viales como recursos de libre disponibilidad, algo que la sentencia rechaza de manera expresa.

"Declarar que el Municipio de Daireaux no prestó los servicios correspondientes (...) Así deviene ilegítima e inconstitucional la pretensión fiscal", sostuvo el juez en su resolución.

Lo que puede venir

El fallo no solo obliga a devolver dinero, sino que también sienta un precedente de peso para otros productores que cuestionan tasas similares en distintos municipios del país.

Con desvíos comprobados de hasta el 27,88% y una red vial en condiciones críticas, la decisión judicial podría acelerar nuevos litigios y obligar a las comunas a revisar cómo cobran —y en qué gastan— los recursos provenientes del campo.

En un contexto de alta presión impositiva, el mensaje es claro: sin servicio comprobable, no hay tasa válida.

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