Acorralado por las denuncias, Adorni canceló la conferencia de prensa prevista para este miércoles

Cercado por una investigación judicial y denuncias en torno al crecimiento de su patrimonio en los últimos años, el jefe de Gabinete Manuel Adorni suspendió la conferencia de prensa que estaba prevista para este miércoles.

La medida se tomó luego de que trascendieran nuevos detalles de la compra de un lujoso departamento en Caballito, que se concretó con el préstamo no bancario de u$s200.000, quien habría provenido de dos mujeres que no tenían vinculo previo con el funcionario.

Manuel Adorni suspendió su conferencia de prensa, cercado por nuevas polémicas

La semana pasada, Adorni rompió el silencio y volvió a hablar en conferencia de prensa luego de dos meses, en medio de la investigación en torno a su patrimonio. Su exposición no estuvo exenta de polémicas, ya que el Jefe de Gabinete eligió confrontar con los periodistas, en lugar de dar explicaciones.

Días atrás, en tanto, una investigación periodística reveló que Adorni formalizó la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por un valor de u$s230.000, junto a su esposa, Bettina Angeletti.

Según el informe, la operación se concretó con un préstamo de u$s200.000 otorgado por las propias vendedoras del inmueble, dos mujeres que, de acuerdo a sus declaraciones a la prensa, no tenían vínculo previo con el funcionario.

En paralelo, la causa judicial avanzó con nuevas medidas. El fiscal federal Gerardo Pollicita -quien interviene durante la licencia del juez Ariel Lijo- citó como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko. La profesional participó tanto en la compra de este departamento como en la adquisición de otra propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, también vinculada a la esposa del funcionario.

La denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, impulsada inicialmente por los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein, fue ampliada para incluir esta nueva operación inmobiliaria. A la presentación se sumaron luego Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano.

Uno de los puntos bajo análisis es la secuencia de compra y venta de propiedades: la Justicia busca determinar si el departamento previo del funcionario, ubicado en Parque Chacabuco, fue vendido antes o después de concretar estas adquisiciones. La cuestión cobra relevancia porque la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción estaría desactualizada, según reconoció el propio Adorni.

El funcionario señaló que la situación patrimonial quedaría aclarada con la próxima presentación correspondiente al período 2025, cuyo vencimiento está previsto para fines de mayo. Sin embargo, antes deberá enfrentar otro desafío político: su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, donde deberá responder unas 4.800 preguntas formuladas por legisladores, en lo que representa un récord respecto de presentaciones anteriores, como las realizadas durante la gestión de Guillermo Francos.

Qué viajes y movimientos migratorios analiza la Justicia

En paralelo, la investigación avanza sobre otra línea centrada en los desplazamientos del funcionario durante 2023. La Justicia analiza un pedido para relevar la totalidad de sus viajes y cruzar esa información con registros migratorios y datos patrimoniales.

El propósito de esta medida es determinar si existe correspondencia entre los movimientos del funcionario y las operaciones que se encuentran bajo análisis, ya que este tipo de cruces permite detectar eventuales diferencias entre lo declarado y lo efectivamente realizado.

De acuerdo con fuentes del expediente, este tipo de cruces de información es habitual en investigaciones por presuntas irregularidades patrimoniales. La causa, que se enmarca en una presunta malversación, amplía así su alcance incorporando nuevas fuentes de prueba.

La denuncia por el chalet en Martínez y la conexión con Álvaro Castro Burgueño

En otra línea de investigación, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal que incorpora al empresario Álvaro Castro Burgueño. La presentación solicita que se investiguen presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y encubrimiento.

El foco está puesto en una propiedad ubicada en la localidad de Martínez, partido de San Isidro. El inmueble en cuestión, un chalet de grandes dimensiones situado en una zona residencial, se encuentra registrado a nombre del empresario.

Sin embargo, la denuncia menciona versiones que indican que el funcionario habría residido allí. Entre los elementos señalados se incluye la presencia de custodia de la Policía Federal Argentina en el domicilio.

Un dispositivo que, según la presentación, suele asignarse a funcionarios de alto rango o a personas bajo protección específica. La denuncia también solicita que se determine si existió un contrato de alquiler en caso de haberse utilizado la propiedad.

Asimismo, se requiere establecer quién reside actualmente en el inmueble y bajo qué condiciones se dispuso la custodia policial. En relación con esta propiedad, se plantea además la posibilidad de que los fondos utilizados en su adquisición puedan estar vinculados a operaciones bajo investigación en el ámbito de los criptoactivos.

Particularmente en torno al caso denominado "Libra". La presentación señala la necesidad de analizar eventuales conexiones entre ese expediente y las operaciones inmobiliarias.