Otro gremio presentó un amparo para frenar la aplicación de la ley de reforma laboral

os fallos contra la Ley de Modernización Laboral (27.802) se van sumando con la resolución del juez nacional de Trabajo Raúl Ojeda hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y ordenó la suspensión de 83 artículos, considerando que existen indicios de posible "inconstitucionalidad" en varios puntos de la norma.

Los gremios marítimos y portuarios fueron de los primeros en ir a la justicia a presentar sus reclamos. El que ahora movió las fichas fue el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), cuyo secretario General, Raúl Durdos, detalló que la causa ya se encuentra en trámite en la justicia laboral, con el propósito de "evitar la aplicación de disposiciones que vulneran derechos constitucionales tanto individuales como colectivos".

SOMU denuncia restricciones al derecho de huelga

El dirigente explicó que "como lo venimos planteando desde la CGT y el resto del gremialismo, hay una manifiesta limitación al derecho de huelga y las restricciones a las medidas de acción sindical, al considerar que contradicen garantías establecidas en la Constitución Nacional, convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y legislación laboral vigente". Subrayó que algunos artículos de la reforma "afectan principios básicos como la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y la representación gremial".

Indicó también que "se afecta la promoción de negociaciones laborales a nivel de empresa o incluso individuales, en temas como salarios, vacaciones o esquemas de jornada laboral" y advirtió que "este enfoque podría debilitar el rol de los convenios colectivos y fragmentar la capacidad de representación de los trabajadores, lo que implicaría un retroceso en materia de derechos laborales".

Durdos criticó las modificaciones en el régimen de ultraactividad de los convenios colectivos -que garantiza la vigencia de los acuerdos hasta la firma de uno nuevo- por considerar que "podría dejar a trabajadores y sindicatos en una situación de mayor vulnerabilidad frente a las empresas".

El titular del SOMU expresó que "frente a esta situación, solicitamos una medida cautelar de no innovar para suspender los artículos que puedan afectar estos derechos mientras se resuelve la cuestión de fondo".

Centro de Patrones advierte sobre vacío legal para trabajadores embarcados

Por su parte, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo también presentó un amparo ante la Justicia Nacional del Trabajo con el objetivo de declarar la inconstitucionalidad de los artículos de la ley que excluyen a los trabajadores embarcados del régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

El secretario General del sindicato, el capitán Mariano Moreno, aseguró que la normativa "impulsa un cambio de encuadre que podría desplazar a capitanes, oficiales y patrones hacia regímenes especiales con menor nivel de protección jurídica" y remarcó que esta modificación generaría un "vacío legal" con impacto directo sobre aspectos centrales de la relación laboral, como la antigüedad, la estabilidad en el empleo y el acceso a indemnizaciones agravadas propias del trabajo a bordo.

También alertó sobre posibles restricciones en derechos vinculados a licencias por enfermedad, maternidad y paternidad, en un contexto donde "se debilita el principio protectorio que rige las relaciones laborales en la Argentina".

Declaró que "se califica al transporte marítimo y fluvial como servicio esencial o de importancia trascendental, lo que implicaría la obligación de mantener hasta un 75% de operatividad durante medidas de fuerza, lo que en la práctica limitaría significativamente la capacidad de protesta del sector. En este sentido, consideró que la reforma introduce restricciones que "colisionan con garantías constitucionales y convenios internacionales vinculados a la libertad sindical".