Milei juega su carta final con los glaciares: claves de la reforma que se aprobaría el miércoles

A partir de este miércoles el Gobierno de Javier Milei tratará de aprobar en la Cámara de Diputados la Reforma a la Ley de Glaciares 26.639 aprobada por el kirchnerismo en 2010.

Hay que recordar que en febrero pasado, el Senado dio media sanción a una reforma de la ley, reduciendo el área protegida y otorgando más autonomía a las provincias.

Esta reforma provocó que varias organizaciones ambientalistas y científicas se opongan con el argumento de que esta modificación podría habilitar actividades extractivas en zonas protegidas.

En ese aspecto hay que mencionar que la Ley de Glaciares N° 26.639 que se quiere reformar buscaba proteger los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y la generación de energía. La misma fue sancionada en 2010 en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y fue reglamentada recién en 2011.

Con esa ley se buscaba:

• Preservar los glaciares y el ambiente periglacial como reservas de agua
• Proteger la biodiversidad
• Cuidar los glaciares como fuente de información científica y atractivo turístico
• Prohibir actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares, como: la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras de arquitectura o infraestructura, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias

En esa Ley de Glaciares se incluyó un Inventario Nacional de Glaciares que es un registro técnico que identifica todas las masas de hielo y ambientes periglaciales que actúan como reservas de agua en Argentina que fue elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

El vacío jurídico que frena inversiones millonarias

Pero, el vacío jurídico y abierto a interpretaciones trabó avances de la minería, principalmente de cobre, y es lo que busca corregir el Gobierno para desatar el potencial de uno de los motores que imagina el equipo económico para el modelo económico a largo plazo de la Argentina, con inversiones por más de u$s40.000 M y exportaciones que se podrían quintuplicar en una década.

El eje de la discusión gira sobre el alcance de las zonas protegidas ya que la ley vigente hasta ahora prohíbe actividades que puedan afectar glaciares y áreas periglaciares, definidas como aquellas que funcionan como reguladoras del recurso hídrico. En la práctica, la delimitación de esas áreas quedó sujeta a estudios técnicos y a interpretaciones que, según las empresas, generaron inseguridad jurídica y frenaron iniciativas de inversiones.

Qué propone el proyecto oficial aprobado en el Senado

Por ese motivo el proyecto oficial aprobado en el Senado en febrero pasado propone tres aspectos clave:

• Precisar esa definición y acotar el concepto de ambiente periglacial a zonas con hielo permanente o funciones hídricas comprobadas
• Evitar que extensiones amplias de la Cordillera de los Andes queden virtualmente vedadas a cualquier desarrollo productivo
• Aumentar las inversiones del sector en los próximos 10 años

Solo en cobre, los principales proyectos prometen inversiones por casi u$s40.000 M, la mayoría durante los próximos 10 años.

Entre estos podemos citar: unos u$s18.000 M del Proyecto Vicuña de BHP y Lundin en San Juan, u$s13.300 M de Glencore en San Juan y Catamarca, u$s5.250 M de First Quantum en Salta, u$s2.700 M de McEwen Copper en San Juan, y u$s600 M de San Jorge en Mendoza.

Lo más importante, en caso de aprobarse la reforma a esta Ley de Glaciares, serán las inversiones que se podrían realizar en los próximos años en la actividad minera a través de muchos proyectos que se presentarán en el llamado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El reclamo de las provincias por autonomía y federalismo

El impulso formal de la reforma nació de las provincias que integran las llamadas mesas sobre litio y cobre (Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza), cuyos gobernadores pidieron claridad y precisión en la normativa ya que quieren que se aplique el federalismo y que sean ellos, en tanto dueños de los recursos según lo establece la Constitución Nacional.

Los referentes de esas provincias mineras sostienen a su vez que una reglamentación más precisa permitiría acelerar estudios de impacto, dar previsibilidad jurídica y cerrar esquemas de financiamiento internacional.

Se trata de un sector intensivo en capital, donde las decisiones de inversión se planifican a 20 o 30 años, la seguridad normativa es clave para competir con Chile o Perú.

Los glaciares son fuentes estratégicas de agua para el consumo humano, la agricultura y la generación hidroeléctrica.

Un estudio de Vicuña en la previa a comenzar la construcción de la mina Josemaría encontró que sin actividad minera desde 1976 a 2024 se perdió el 90% de la superficie de agua congelada en la alta montaña de San Juan, presuntamente por los efectos del cambio climático.

El impacto de la ley actual en la producción minera

Un reciente estudio de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) señala que: "desde la sanción de la Ley de Glaciares las inversiones en la Cordillera de los Andes se redujeron notablemente".

Además destaca que: "la afirmación de que las exportaciones fueron superiores a partir de la Ley de Glaciares demuestra desconocimiento de los procesos y los tiempos de desarrollo de la industria minera".

La CAEM planteó que como resultado de la ley y del contexto de incertidumbre en Argentina desde 2018 hasta 2025, la producción de oro cayó alrededor de un 38% y la de plata, un 33%, por la madurez de los proyectos actuales y la ausencia de nuevos y el país dejó de producir cobre a gran escala en 2018 y recién lo volverá a hacer en 2028.