Ultimátum de la AABE a los trabajadores del complejo turístico de Chapadmalal
El histórico complejo turístico de Chapadmalal, un emblema del turismo social en la Argentina, se encuentra hoy en el centro de un conflicto que escala minuto a minuto. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) notificó formalmente a los empleados de mantenimiento que residen en el predio que cuentan con un plazo perentorio de diez días para abandonar las viviendas que ocupan. La medida, que afecta a unas 30 familias que viven en los pabellones desde hace décadas, ha despertado una fuerte resistencia gremial y política, ante la amenaza del uso de la fuerza pública para concretar el desalojo.
La Unidad Turística de Chapadmalal fue inaugurada en la década del '50 bajo la presidencia de Juan Domingo Perón y construida con aportes de la Fundación Eva Perón. Durante más de setenta años, sus nueve hoteles fueron el destino de vacaciones para miles de familias de clase trabajadora. Sin embargo, el Gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete Manuel Adorni, ya había adelantado la intención de concesionar el predio por un período de 30 años a manos privadas, con el objetivo de reducir los costos de mantenimiento y atraer inversiones que permitan restaurar una infraestructura que hoy muestra signos de deterioro.
Desde el sindicato de trabajadores estatales (ATE), la respuesta fue inmediata. Los delegados denunciaron que el acta enviada por la AABE trata a los trabajadores de "intrusos", una etiqueta que rechazan de plano. Según explican, las viviendas forman parte de sus condiciones laborales aceptadas hace más de 20 años al ser empleados del Estado Nacional encargados del cuidado del lugar. Florencia Marco Ruiz, delegada del sector, fue tajante al afirmar que no aceptarán ser expulsados sin la orden de un juez y que ya se encuentran bajo asesoramiento legal para presentar recursos de amparo que frenen la medida.
Chapadmalal: el futuro de los hoteles y el plan de privatización
El trasfondo de este ultimátum es el plan de licitación que el Ejecutivo Nacional impulsa para las unidades de Chapadmalal y Embalse (Córdoba). Según datos oficiales que maneja la Secretaría de Turismo, estos complejos representaban históricamente una pérdida millonaria para las arcas públicas. La decisión de traspasarlos a la órbita de la AABE para su posterior venta o concesión se apoya en la premisa de que el Estado no debe entrometerse en la actividad hotelera, una postura que también ha sido respaldada por cámaras empresariales del sector gastronómico y hotelero.
La controversia no solo es laboral, sino también ideológica y territorial. Mientras el Gobierno nacional busca desprenderse de la gestión de los hoteles para que los privados asuman el riesgo y la inversión, en la Legislatura bonaerense ya se mueven piezas para evitar la privatización. La senadora provincial Fernanda Raverta presentó un proyecto de ley con el fin de que la Provincia de Buenos Aires recupere la titularidad del dominio de la Unidad Turística. El objetivo es que la administración quede en manos provinciales para preservar el espíritu de turismo social y cuidar un patrimonio que consideran "de todos".
Por el momento, la incertidumbre reina entre las 50 personas que integran el staff de mantenimiento y sus familias. Los trabajadores aseguran que sus salarios, que en muchos casos no superan los 500 mil pesos, les impiden acceder a un alquiler en el mercado privado de forma inmediata, menos aún bajo la presión de un plazo de apenas diez días. "Quieren agarrar todo y dejarnos en la calle", denunciaron desde el gremio, anticipando que la batalla judicial por el control de la Ruta 11 recién comienza. Si no hay una respuesta formal de la Jefatura de Gabinete en las próximas horas, el conflicto podría escalar hacia medidas de fuerza directas en las puertas del complejo.