Yacobitti aseguró que las universidades podrían volver a marchar contra el gobierno
El conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno de Javier Milei atraviesa su momento de mayor tensión. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), volvió a defender la vigencia de la Ley de financiamiento universitario y lanzó una dura advertencia: si el Poder Ejecutivo persiste en su negativa de aplicar la normativa pese a los fallos judiciales, la comunidad académica volverá a las calles. "No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a convocar a la sociedad a que volvamos a salir a todas las plazas", sentenció el dirigente, poniendo como fecha límite mediados de mayo para una nueva marcha federal.
La estrategia de la UBA y el resto de las casas de altos estudios no se limitará a la movilización popular. Yacobitti adelantó que iniciarán acciones legales contra todos los funcionarios responsables del incumplimiento de la ley. Sin embargo, aclaró que la modalidad de protesta tendrá una particularidad para evitar que el Gobierno ignore el reclamo: las medidas se realizarán con las universidades funcionando. Según explicó, "cada día que Milei ve una universidad cerrada por paro, no se preocupa; por eso, las medidas serán con las aulas abiertas", buscando visibilizar el conflicto sin interrumpir la formación de los estudiantes.
Para el vicerrector, el trasfondo del desfinanciamiento no es meramente económico, sino ideológico. Yacobitti vinculó la política educativa oficial con posturas autoritarias internacionales que buscan "destruir un lugar que genera personas con capacidad crítica". En su visión, el modelo actual no tolera la diversidad de ideas ni la pluralidad que caracteriza a la UBA, una institución que, a pesar de los recortes, sigue posicionada entre las mejores del mundo gastando hasta diez veces menos por alumno que universidades comparables como la UNAM de México o la de San Pablo en Brasil.
El deterioro salarial y la fuga de investigadores
Uno de los puntos más críticos del diagnóstico presentado por Yacobitti es la estrepitosa caída del poder adquisitivo en el sector docente. Un profesor de colegios preuniversitarios como el Nacional de Buenos Aires o el Carlos Pellegrini perdió aproximadamente el 60% de su valor adquisitivo desde el inicio de la gestión de Milei, afectado en gran medida por la eliminación del FONID. Esta situación generó una brecha salarial alarmante: hoy, un docente puede cobrar un 32% más en jurisdicciones provinciales o en la Ciudad de Buenos Aires que en el ámbito de las universidades nacionales por la misma tarea.
Este escenario ya empezó a mostrar sus consecuencias más graves: la fuga de talentos. Yacobitti precisó que solo en la Facultad de Agronomía de la UBA, en los últimos dos años y pocos meses, se fueron 100 personas entre profesores e investigadores de alto nivel. Para el directivo, este desfinanciamiento pone en riesgo servicios vitales para la sociedad, desde la formación de médicos que salvan vidas en accidentes hasta la capacidad de respuesta científica ante futuras pandemias o desafíos productivos del país.
El argumento oficial y la batalla en la Corte Suprema
Desde la Casa Rosada, el discurso se mantiene firme en la restricción presupuestaria. El Gobierno nacional argumenta que cumplir con la ley de financiamiento implicaría un desembolso de 2,5 billones de pesos, una cifra que consideran imposible de afrontar sin romper el ancla del superávit fiscal. Tras haber perdido en primera y segunda instancia judicial, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, buscando que el máximo tribunal le otorgue un efecto suspensivo a la medida para no verse obligado a pagar de inmediato.
En los pasillos de Balcarce 50 admiten que es "altamente improbable" que la Corte les conceda ese alivio temporal, por lo que ya analizan fórmulas para escalonar los pagos y evitar el regreso del déficit financiero. Mientras tanto, Yacobitti insiste en la necesidad urgente de abrir un canal de diálogo genuino: "Voy a hacer lo imposible por generar alguna mesa donde el Gobierno traiga una alternativa", propuso, advirtiendo que cada día que pasa sin negociación es un día perdido para encontrar una solución que evite que cientos de miles de argentinos vuelvan a ganar las calles en defensa de la universidad pública.