Milei envió al Congreso el proyecto para pagarle a los fondos que reclaman por el default de 2001
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2026/03/612539.jpg)
Fondos buitre y default de 2001: el Gobierno dio el paso que faltaba para cerrar uno de los litigios más largos de la historia argentina. El Ejecutivo envió finalmente al Congreso el proyecto de ley que habilita el pago del acuerdo alcanzado con Bainbridge Fund y el grupo Attestor, dos fondos que seguían reclamando en tribunales de Nueva York por la cesación de pagos declarada hace más de dos décadas.
El proyecto lleva la firma del presidente Javier Milei, del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Si el Congreso lo aprueba, se cerrará un capítulo judicial que arrastra reclamos millonarios desde 2001.
El caso involucra a dos expedientes con demandas por cerca de u$s600 millones entre ambos fondos. Sin embargo, fuentes cercanas al acuerdo aclaran que el monto final a pagar sería bastante inferior. La razón: parte del colateral de los bonos Brady ya fue ejecutado por los acreedores en estos años de litigio.
Cuánto pagará Argentina y qué bonos están en juego
Según el acuerdo firmado el 1 de abril, ambas partes reconocen que Argentina pagará a Bainbridge un monto único de u$s67 millones. Esa cifra quedó formalizada ante la jueza Loretta Preska el 10 de abril, cuando los abogados argentinos informaron que el entendimiento estaba sujeto a aprobación del Congreso.
Una vez realizado el pago, Bainbridge entregará los bonos objeto del acuerdo a la Argentina, que dispondrá la cancelación definitiva de dichos títulos. El mecanismo es simple: se paga, se canjean los bonos, se cancela el litigio.
Los bonos Brady fueron títulos emitidos en los años 90 como parte de la reestructuración de deuda latinoamericana. Argentina los emitió tras la crisis de los 80. Cuando vino el default de 2001, muchos tenedores aceptaron canjes posteriores. Pero estos fondos no: prefirieron litigar.
Qué activos argentinos quedaban en riesgo y cómo los protege el acuerdo
La negociación también logró congelar medidas de ejecución que seguían abiertas en Estados Unidos. Bainbridge había intentado avanzar sobre activos estatales clave: las acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas. Ese frente quedó en pausa mientras se formaliza la salida legislativa del conflicto.
El acuerdo establece que las partes suspenden los litigios sobre bonos emitidos antes del 1 de enero de 2002 y se comprometen a no iniciar nuevas acciones, aunque cada parte se reserva el derecho de defender su postura sobre resoluciones previas.
Para evitar cualquier duda, Bainbridge aceptó por escrito que no realizará ninguna acción que dificulte, demore u obstaculice operaciones de obtención de capital, gestión de pasivos, ofertas de canje o refinanciaciones que lleve adelante la Argentina. Tampoco lo harán sus afiliados, agentes o abogados.
En la práctica, eso significa que el fondo no podrá sabotear futuras operaciones de deuda argentina. Una salvaguarda importante para la estrategia económica del Gobierno.
Qué dice el documento sobre la liberación de reclamos futuros
El texto del acuerdo es claro: Bainbridge acepta el pago como cumplimiento total y cancelación de todos los reclamos, ya sea por capital, intereses, intereses punitorios, honorarios, reintegro de gastos o cualquier otro concepto que pudiera tener en virtud de las sentencias, litigios o bonos del caso.
Además, libera y exonera en forma total y definitiva a la República de toda obligación, compensación por daños y perjuicios. Es decir: una vez pagado, no hay vuelta atrás. El capítulo se cierra para siempre.
Esa cláusula es clave para el Gobierno. No quiere sorpresas ni reclamos adicionales en el futuro. Por eso el acuerdo es tan detallado en este punto.
Por qué el Gobierno eligió pasar por el Congreso y no cerrar el trato por decreto
La decisión de enviar un proyecto al Congreso muestra que el oficialismo busca cerrar este litigio con aval parlamentario y no solo con una firma administrativa, lo que reduce el margen de futuras impugnaciones y le da mayor solidez política a un acuerdo que, por ahora, se mantiene bajo reserva.
En el Gobierno entienden que esa vía blindará mejor el acuerdo frente a eventuales cuestionamientos judiciales o políticos. Un decreto podría ser atacado. Una ley del Congreso, no tanto.
Ahora la pelota está en el Parlamento. Si aprueba el proyecto, Argentina cerrará uno de los últimos litigios remanentes del default de 2001. Un capítulo que lleva abierto más de dos décadas y que, finalmente, podría tener punto final.