Escándalo en obra social de Camioneros: piden intervención por supuesto desvío millonario a empresas de los Moyano

La legisladora porteña Graciela Ocaña pidió la intervención de la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA) argumentando que es manejada "como un bien propio" por la familia de Hugo Moyano "sin rendir cuentas" y por las graves deficiencias en su funcionamiento.

La solicitud la formuló al Superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, al remarcar que "la plata que se fue a las empresas familiares privó a los afiliados de la obra social de prestaciones adecuadas".

En su escrito, recordó que las intervenciones de este tipo "tienen como finalidad asegurar la correcta administración de los recursos y la adecuada prestación de los servicios de salud a los beneficiarios".

"En el caso de OSCHOCA, se configura una incorrecta o mala administración de sus recursos conjuntamente con la inadecuada prestación de sus servicios", sostuvo la diputada, que consideró que la obra social debería ser un "modelo de prestaciones" para la Argentina.

Sin embargo, señaló que estamos ante "una obra social pobre o con prestaciones deficientes y una familia Moyano rica". En ese sentido, Ocaña acusó a Hugo Moyano de distribuir los bienes de la obra social entre sociedades vinculadas a su esposa, Liliana Zulet, que nada tienen que ver con las prestaciones que debería brindar un agente de servicios de salud.

Presunto desvío de fondos a fideicomisos

Luego de hacer un pormenorizado detalle de las denuncias que formuló desde 2006 ante la Justicia, la extitular del PAMI dijo que 20 años después, La Nación publicó una investigación en la misma sintonía que destacó que "Hugo Moyano giró $900 millones en 12 días a fideicomisos vinculados a su esposa".

Según la nota, las operaciones se hicieron "desde las cuentas que el Sindicato de Camioneros y su obra social tienen registradas en el Banco Provincia" y los fondos fueron enviados a "tres fideicomisos creados hace poco más de un año y vinculados a Liliana Zulet, la esposa de Hugo Moyano y la administradora del holding de empresas que orbitan alrededor del gremio".

"Dos de los tres fideicomisos se registraron el mismo día (1° de noviembre de 2024) pero lo más sugestivo es el domicilio fiscal: los tres lo situaron en la avenida Belgrano 1255, donde están las oficinas de las empresas IARAI (de salud y asistencia), Aconra (una constructora) y Dixey (dedicada a la industria textil), históricas compañías que integran el holding que encabeza Zulet", señala la investigación.

Todas registran ganancias extraordinarias a pesar de tener a un solo cliente: el gremio de los camioneros, y en las tres sociedades figura contratado Jerónimo Moyano, el hijo de 26 años que tienen Zulet y el sindicalista, añade la publicación.

Una causa similar tramita en la Justicia hace 20 años

En la presentación ante la SSS, Ocaña recordó que denunció una situación similar hace dos décadas y que el expediente se encuentra actualmente delegado en la Fiscalía Federal 12.

Allí, se aportaron una serie de elementos que demostraban cómo los fondos recibidos por la obra social no eran aplicados a prestaciones y servicios de salud para los camioneros sino que se desviaban en beneficio exclusivo de un grupo empresario, cuya conducción es ejercida por familiares y gente de confianza de Moyano.

Se investigan los delitos de administración fraudulenta, infiel, y malversación de fondos públicos.

Específicamente, se identificaba a la firma IARAI S.A. como el vehículo principal para el traspaso de fondos: se trata de la empresa que actuaba como "gerenciadora" de la obra social, bajo el nombre de fantasía de "Conducir Salud.

El directorio tenía, al momento de la denuncia, como presidenta a Valeria Salerno, que sería la hija de Zulet, (a su vez cónyuge de Moyano), y ésta (Zulet) se desempeñaría como empleada en la mencionada empresa, según datos de la Anses.

Con el gerenciamiento de 3 sanatorios y 14 consultorios en capital y provincia de Bs. As., la firma, que tenía pérdidas, cambió su ecuación económica y aumentó su facturación 373 veces, según la denuncia hecha en su momento por la legisladora.

Los fondos que recibe IARAI S.A. son los provenientes de los aportes obligatorios realizados por empleadores y trabajadores del sector camionero, así como de prestaciones reintegradas por la Administración de Programas Especiales (APE), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y los fondos de la Superintendencia de Servicios de Salud (S.S.S.).

Con el mismo modus operandi se habrían desviado fondos a las empresas:

• Aconra S.A.
• Dixey S.A.
• Organización Las Marías

Todas ellas integradas o conectadas a la familia Moyano y mencionadas en la nota periodística.

La denuncia de la UIF: triangulación de dinero de la obra social

En 2013, se sumó a esta investigación una denuncia de la Unidad de la Información Financiera (UIF) para determinar si Moyano era el autor intelectual de una "ingeniería" empresarial que le permitió sustraer más de $570 millones a través de la contratación de prestatarias que gerenciaban su mujer, su hijo Pablo y otros familiares.

La maniobra se habría puesto en evidencia a partir de cuatro registros de operaciones sospechosas que remitieron los bancos. Una entidad advirtió que existía una triangulación de dinero que ingresaba proveniente de la obra social y el sindicato de camioneros que controlan Hugo y Pablo Moyano y volvían al entorno familiar a través de las empresas antes mencionadas.

Doce años después de la denuncia original, en 2018, Ocaña la amplío con información obtenida a través de la Inspección General de Justicia (IGJ) correspondiente a los balances de esas mismas sociedades.

Allí señaló que "el patrón defraudador continúa el mismo camino: IARAI S.A. es la nave insignia y la principal sociedad utilizada para el traspaso de fondos desde la OSCHOCA y además actúa como generosa 'prestamista' de las otras sociedades del grupo".

"Es decir, en lenguaje simple, una obra social que actúa como banco de inversión, para las empresas de la familia Moyano", indicó Ocaña.