Diputados oficialistas denuncian penalmente a Marcela Pagano por enriquecimiento ilícito
Diputados de La Libertad Avanza presentaron una denuncia penal contra Marcela Pagano, legisladora del mismo bloque. La acusan de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en su declaración jurada patrimonial y administración fraudulenta.
La presentación judicial fue radicada ante el fuero Criminal y Correccional Federal. Este fuero tiene competencia específica para investigar delitos cometidos por funcionarios nacionales en ejercicio de sus funciones.
Los denunciantes apuntan a hechos ocurridos desde que Pagano asumió su banca el 10 de diciembre de 2023, con foco en presuntas irregularidades vinculadas a su situación patrimonial y la evolución de sus bienes durante su desempeño como funcionaria.
Entre los firmantes aparecen 14 diputados nacionales. La lista incluye a María Celeste Ponce, Carlos Zapata y María Soledad Mondaca.
También pusieron su firma Jairo Guzmán, Sergio Figliuolo y Lilia Lemoine. Se suman Andrea Fernanda Vera, Valentina Loana Ravera y Miguel Rodríguez.
Completan la nómina Eliana Bruno, Andrés Leone, Atilio Basualdo, Santiago Santurio y María Cecilia Ibáñez. Todos pertenecen al bloque oficialista.
Qué delitos le imputan a Marcela Pagano y qué pena enfrentan
La denuncia apunta a varios delitos tipificados en el Código Penal argentino. El más grave es el enriquecimiento ilícito de funcionario público.
Este delito se configura cuando un empleado estatal incrementa su patrimonio de manera injustificada durante su gestión. La pena puede llegar hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La omisión maliciosa en declaración jurada patrimonial es otro de los cargos. Se refiere a ocultar bienes o ingresos en los formularios obligatorios que deben presentar los funcionarios.
Los legisladores también mencionaron la administración fraudulenta. Esta figura penal castiga el manejo irregular de fondos o recursos públicos que genere perjuicio al Estado.
La acusación incorporó estas tres figuras legales para ampliar el alcance de la investigación hacia eventuales maniobras que podrían haber afectado recursos públicos o configurado un ocultamiento patrimonial sistemático.
Cómo sigue el proceso judicial contra la diputada denunciada
La presentación fue formalizada con patrocinio del abogado Hernán Emilio Seivane. El letrado interviene en representación de los 14 legisladores denunciantes.
En el escrito, los diputados fijaron domicilio procesal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pidieron que se investiguen los hechos bajo órbita federal.
Ahora la causa quedó en manos de la Justicia Criminal y Correccional Federal. Un juez deberá analizar si existen elementos suficientes para avanzar en una investigación formal.
El magistrado puede citar a declarar a Pagano en calidad de imputada. También podría ordenar peritajes contables sobre su patrimonio y solicitar informes a organismos como la AFIP.
Si la Justicia considera que hay mérito, la diputada podría enfrentar un proceso penal. Esto incluiría medidas cautelares, restricciones para viajar y eventual desafuero si se comprueba la comisión de delitos.
El contexto político detrás de la denuncia entre compañeros de bloque
El caso suma tensión interna a La Libertad Avanza. Es inusual que legisladores del mismo espacio político denuncien penalmente a una compañera de bancada.
La presentación se da en un contexto de creciente judicialización de la política argentina. Las denuncias por presuntas irregularidades patrimoniales adquieren protagonismo mediático.
Fuentes parlamentarias señalan que la movida responde a diferencias internas. Algunos legisladores buscan marcar distancia de figuras cuestionadas dentro del bloque.
La denuncia busca que se determinen responsabilidades y se esclarezca si existieron conductas incompatibles con el ejercicio de la función pública, según consta en el documento presentado ante la Justicia Federal.
La situación de Marcela Pagano quedó ahora bajo análisis judicial. La diputada no emitió declaraciones públicas sobre la acusación que pesa en su contra.
El expediente deberá transitar las etapas procesales habituales. La definición sobre el futuro de la causa podría demorar varios meses, según el ritmo de la Justicia Federal.