Cómo es la doctrina judical que atormentó al kirchnerismo y por la cual ahora piden la detención de Adorni

El pedido de detención contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presentó la diputada Marcela Pagano en la Justicia fue tomado por el Gobierno como una maniobra más de una dirigente que pasó de oficialista a enemiga férrea, pero la "Doctrina Irurzun" que invocó la legisladora es una amenaza concreta y latente para el funcionario.

Tras conocerce la declaración del contratista Matías Tabar, quien reveló que Adorni habría pagado u$s245.000 en efectivo por suntuosas remodelaciones en su casa del country Indio Cua, Pagano presentó el pedido de detención por "entorpecimiento de la investigación" en el Juzgado Federal de Ariel Lijo y este martes subió la apuesta al reclamarle públicamente al juez celeridad para resolver ese planteo.

"La resolución del juez Lijo debe ser inmediata", apuntó Pagano en declaraciones a distintos medios al tiempo que justifico la rapidez que pide para la detención en que Adorni "ostenta poder y lo que busca es callar a los testigos". En su denuncia la diputada resaltó que Tabar dijo haber sido contactado por el entorno del funcionario antes de ir a declarar.

En ese sentido, la legisladora se ocupó de recordar que su pedido se basa en la Doctrina Irurzun por la cual fueron detenidos en el pasado reciente el exministro de Planificación Julio de Vido y el exvicepresidente Amado Boudou, incluso por orden del mismo juez Liijo. "Si se usó para funcionarios, ahora hay mayor asimetría de poder, más que nunca debería aplicarse", subrayó.

La insistencia de la diputada para aplicar la Doctrina Irurzun en la situación de Adorni representa un giro irónico para el gobierno de Milei como pocas veces se vio: una argumentación que fue usada principalmente contra el kirchnerismo, hoy es invocada para cercar al jefe de Gabinete libertario.

¿De qué se trata concretamente la Doctrina Irurzun por la piden detener a Manuel Adorni? 

El principio general en el derecho argentino dicta que la prisión preventiva es una medida excepcional y que toda persona debe transitar su proceso judicial en libertad, a menos que exista un riesgo concreto de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Sin embargo, en 2017 un fallo de la Cámara Federal porteña impulsado por el juez Martín Irurzun introdujo un paradigma que cambió las reglas del juego para la política.

Aquel fallo de 2017 ordenó la detención preventiva del exministro -y por entonces diputado nacional- Julio De Vido en la causa por irregularidades en la mina de carbón de Río Turbio, con el argumento de que existían "vínculos de poder" con los cuales el exfuncionario podría obstaculizar la investigación judicial.

Con anterioridad a ese caso, para dictar una prisión preventiva el juez debía probar que el imputado tenía pasajes para huir o que había amenazado físicamente a un testigo. La Doctrina Irurzun expande ese criterio al de los "vínculos de poder" o "poder residual".

La doctrina sostiene que un funcionario o exfuncionario posee una estructura de contactos, y/o jerarquías que le permiten desviar una investigación. Según este criterio, la permanencia en un cargo de alta jerarquía -o haberlo dejado recientemente pero mantener terminales en el Estado- es razón suficiente para presumir que el imputado está en capacidad de alterar pruebas o presionar a posibles testigos.

Los antecedentes clave: la doctrina judical que atormentó al kirchnerismo

El caso fundacional de la doctrina Irurzun fue el de De Vido en 2017. La Cámara Federal consideró que, por haber manejado el ministerio con mayor presupuesto durante 12 años, De Vido tenía una red de influencias que ponáin en riesgo la transparencia de la investigación si permanecía en libertad. Así fue que se lo detuvo incluso antes de tener una condena firme.

Poco después fue detenido Boudou en el marco de la causa Ciccone. En este caso, la doctrina se refinó: el argumento fue que, aunque ya no ocupaba ningún cargo público (a diferencia de De Vido, que era diputado nacional) poseía "poder residual" por sus contactos en la estructura del Estado y mantenía, por lo tanto, capacidad para alterar el proceso.

En el mismo año, la aplicación de la doctrina Irurzun también justificó la detención del exsecretario de Legal y Técnica durante los 12 años de gobierno kirchnerista Carlos Zannini como parte de la causa por el Memorándum con Irán que firmó el gobierno de Cristina Kirchner.

La doctrina no aplicó solo a políticos sino también a empresarios vinculados al Estado. Tal fue el caso de Cristóbal López, detenido en 2017 por presunta administración fraudulenta agravada bajo la misma jurisprudencia que marcó Irurzun: el argumento fue que el poder económico derivado de contratos públicos también constituye una herramienta de posible entorpecimiento que justificaba la prisión preventiva.

La insistencia de Marcela Pagano y el "poder" de Adorni

En 2019 la Cámara de Casación Penal intentó poner límites a esta doctrina a través de un nuevo Código Procesal Penal que exige a los jueces agotar todas las medidas menos graves antes de dictar la prisión. Sin embargo, Pagano señala que esto ya no es posible en el caso de Adorni porque, según dice, está probado el "apriete" a testigos.

La tesis de que el cargo público actual o reciente es, por sí mismo, una herramienta de obstrucción judicial, es el espejo en el que hoy se mira preocupado Adorni. A diferencia de los casos anteriores, donde el poder de entorpecer la investigación se presumía, la diputada señala que ahora la obstaculización está probada por la misma declaración del testigo.

Pagano sostiene en la denuncia que Adorni utilizó su posición para contactar al contratista de la refacciones a través de Whatsapp e intentar alinear su relato antes de la declaración testimonial que dio ante el fiscal Gerardo Polliccita. "Es un claro entorpecimiento de la investigación y debe aplicarse la doctrina Irurzun", señaló la legisladora.

En efecto, la doctrina encajaría a la perfección en el caso de Adorni: ocupa un cargo de máxima jerarquía y, si el testigo o los peritos tienen algún tipo de vínculo con el Estado el jefe de Gabinete podría tener influencia directa o indirecta sobre ellos. A su vez, el mismo testigo dio cuenta de que hubo una comunicación, lo que podría presumirse -si se comprueba- como un intento de entorpecer o desviar la investigación.

"Si nos amparamos en esto, ahora le digo al juez Lijo que si en ese caso se detuvo a Boudou y luego a De Vido, Zannini y (Roberto) Baratta, ¿cómo no vamos a pedir la detención de Adorni, que ocupa el tercer lugar en el mando del Gobierno?", abundó Pagano este martes en declaraciones a la prensa.

Ahora, la Justicia dispuso un peritaje sobre el teléfono celular de Tabar para buscar registros de comunicaciones entre el contratista y Adorni, dado que el mismo testigo señaló el último lunes que algunos mensajes habían sido borrados. Esta medida de prueba podría ser clave para el futuro procesal de Adorni.

Una acusación que se extiende al gobierno de Milei

La insistencia de Pagano con su pedido para que el jefe de Gabinete sea detenido de inmediato cayó como una bomba en Casa Rosada, pero no solo por haber remarcado la doctrina judicial que fue el terror de los exfuncionarios kirchneristas y ahora podría aplicar a Adorni, sino porque disparó munición gruesa sobre la cúpula del gobierno de Milei.

"Hay más cosas que van a salir porque Adorni es el cajero de Karina Milei", disparó Pagano en una de las entrevistas que dio este martes. La diputada señaló que ya declaró esto ante un juez y un fiscal, con precisiones sobre mecanismos, lugares y personas.

Al respecto, Pagano sostuvo que Adorni "se llevaba su parte" y agregó: "Yo di precisiones de dónde se reunían, a quién le cobraban, cómo les cobraban, y para qué le cobraban. Incluso, cobraba la intermediación el propio Adorni, las intermediaciones entre empresarios y algunos ministros de primera línea entonces.

"Lo sabemos todos. Somos pocos y nos conocemos mucho. Estamos en manos de la Justicia", remató la diputada que ingresó al Congreso por La Libertad Avanza gracias a su vínculo cercano con Milei, pero rápidamente se distanció del Gobierno por su enfrentamiento con los Menem, que reportan a Karina Milei.

La diputada Marcela Pagano subió así el tenor de los cuestionamientos a Manuel Adorni al extenderlos hasta la figura más poderosa del Gobierno después de Javier Milei, aunque el aspecto central es el pedido de detención basado en la "Doctrina Irurzun", porque deja un argumento potente contra el funcionario y a la vez pone en una encrucijada a la Justicia: aplicar el mismo criterio que se usó contra el kirchnerismo o explicar por qué, en este caso puntual, el riesgo procesal sería menor.