Reforma laboral: la Justicia anunció medida clave y ratificó que el fuero laboral quedó afuera
La disputa judicial por la reforma laboral sumó un capítulo decisivo y consolidó un cambio central en el expediente: la exclusión definitiva de la Justicia del Trabajo de la causa impulsada por la CGT.
La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal intimó al juez laboral Raúl Horacio Ojeda a remitir el expediente en un plazo de 24 horas, con habilitación de días y horas inhábiles, y dejó asentado que la discusión sobre la competencia "se encuentra definitivamente resuelta".
La resolución no solo reafirma lo decidido el 28 de abril —cuando el tribunal estableció que el caso debía tramitar en el fuero contencioso administrativo federal—, sino que además expone de manera directa el incumplimiento del magistrado, que hasta ahora no había enviado las actuaciones.
En el texto, la Cámara advierte que interviene ante el incumplimiento del juez laboral respecto de lo ordenado previamente y subraya que, dado que el conflicto de competencia ya fue saldado, corresponde ordenar la remisión inmediata del expediente. En ese marco, dispuso que el envío se concrete en un plazo perentorio de 24 horas, con habilitación de días inhábiles, un recurso excepcional que busca evitar demoras.
El mensaje es claro: por un lado, clausura cualquier margen de discusión sobre el fuero competente; por otro, marca un límite frente a la resistencia del juez a acatar lo resuelto por la instancia superior.
Reforma laboral: estrategia oficial y rol de la Procuración
Detrás de este movimiento judicial aparece la estrategia de la Procuración del Tesoro de la Nación, organismo encargado de la defensa jurídica del Estado. Bajo la conducción de Sebastián Amerio, tuvo un rol clave en el planteo de inhibitoria que permitió trasladar el caso al fuero contencioso administrativo federal.
El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano y con el patrocinio de la Procuración, también solicitó el levantamiento de la medida cautelar dictada por Ojeda, que suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral. Ese planteo fue presentado en el nuevo fuero, en línea con la intención de discutir la validez de la ley en un ámbito federal.
Además, la Procuración cuestionó el trámite en la Justicia del Trabajo, al considerar que se vulneraron garantías procesales, entre ellas la exclusión del organismo del patrocinio, el rechazo de planteos de nulidad y la negativa a remitir el expediente.
El antecedente que cambió el rumbo
La decisión actual tiene como base el fallo del 28 de abril, cuando la Cámara determinó que la causa iniciada por la CGT debía tramitar en el fuero contencioso administrativo federal.
El tribunal entendió que el caso excedía el marco del derecho laboral tradicional, ya que involucra la validez de una ley sancionada por el Congreso y la actuación del Estado nacional. Ese encuadre implicó, en la práctica, desplazar al juez Ojeda, quien había hecho lugar a una cautelar que frenó una parte sustancial de la reforma.
La Cámara también remarcó que las normas sobre competencia judicial son de orden público y deben aplicarse de inmediato, sin margen para interpretaciones.
La tensión con el juez laboral
Uno de los puntos más sensibles del nuevo fallo es la referencia explícita al incumplimiento del juez Ojeda. Según lo informado por la jueza del fuero contencioso administrativo, el magistrado no había remitido el expediente pese a las órdenes previas.
Esto obligó a la Sala IV a intervenir nuevamente con una orden directa, fijando un plazo concreto y habilitando días inhábiles para asegurar su cumplimiento.
Se trata de un movimiento poco habitual que refleja la tensión generada por el conflicto de competencia y la necesidad del tribunal de hacer cumplir sus decisiones.
El trasfondo: la cautelar de la CGT
El origen del conflicto está en la presentación de la CGT, que cuestionó la constitucionalidad de la reforma laboral y obtuvo una medida cautelar favorable en la Justicia del Trabajo.
En ese fallo, Ojeda suspendió más de 80 artículos de la norma, en uno de los primeros reveses judiciales para el Gobierno. La respuesta oficial fue inmediata: apelación de la cautelar y planteo de inhibitoria para cambiar el fuero.
El objetivo fue desplazar la discusión hacia un ámbito considerado más adecuado desde el punto de vista federal, alejándola del fuero laboral, históricamente más receptivo a los reclamos sindicales.
Qué cambia a partir de ahora
La orden de la Cámara tiene impacto inmediato. Si el juez cumple con lo dispuesto, la causa quedará radicada en el juzgado contencioso administrativo federal N° 12, que deberá analizar la cuestión de fondo.
Este cambio no es menor: define el marco jurídico desde el cual se evaluará la constitucionalidad de la reforma y condiciona el desarrollo del proceso.
Además, limita el margen de la CGT para sostener la discusión en la Justicia del Trabajo, donde había conseguido su principal avance.
El escenario que viene
A partir de ahora, el foco estará en la resolución de fondo. El juzgado contencioso administrativo deberá definir si los artículos cuestionados se ajustan a la Constitución.
En paralelo, el conflicto podría escalar hacia instancias superiores, con la Corte Suprema como posible árbitro final.
Mientras tanto, el Gobierno logró consolidar una posición clave: la discusión sobre la reforma laboral ya no se dará en el fuero laboral, un dato que redefine el tablero judicial en uno de los frentes más sensibles de su agenda.