La Justicia levantó el secreto fiscal de Adorni y su esposa en ARBA: buscan determinar cómo financió propiedades y viajes de lujo
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La Justicia le levantó el secreto fiscal al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su esposa Bettina Angeletti. La medida fue ordenada por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.
El objetivo: reconstruir en detalle la evolución patrimonial, económica y financiera del matrimonio para determinar si los gastos declarados coinciden con los ingresos que percibió Adorni desde que ingresó al Gobierno nacional, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.
La investigación apunta a esclarecer el origen de los fondos utilizados para financiar viajes al exterior junto a su familia. También pone la lupa sobre la adquisición de varias propiedades.
Fuentes judiciales confirmaron que los gastos registrados y las deudas no coincidirían con los ingresos del funcionario. Esa discrepancia disparó la necesidad de profundizar el análisis.
Qué propiedades investiga la Justicia en la causa de Adorni
Entre los bienes bajo análisis figuran inmuebles ubicados en el barrio porteño de Caballito. También propiedades en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.
Además, la investigación alcanza otros bienes vinculados al matrimonio que aún están siendo relevados por el tribunal.
El levantamiento del secreto fiscal es una herramienta judicial clave que permite acceder a información impositiva, bancaria y financiera que normalmente está protegida por ley.
Préstamos por 300 mil dólares en el foco de la investigación
Uno de los puntos más sensibles de la causa tiene que ver con el financiamiento de algunas compras inmobiliarias. Según testimonios incorporados al expediente, dos de las propiedades habrían sido adquiridas con fondos aportados por terceros.
Esos terceros habrían facilitado en total unos u$s300.000 en distintas operaciones. El dinero habría llegado en forma de préstamos o aportes de capital.
A partir de estos datos, el juez Lijo también dispuso levantar el secreto fiscal de las personas que figuran como prestamistas o acreedoras, entre ellas dos jubiladas y dos integrantes de fuerzas de seguridad.
La Justicia busca determinar si esos préstamos fueron formales, si se devolvieron, y si las condiciones pactadas se ajustaron a parámetros de mercado.
El vínculo con Marcelo Grandio y la productora ImHouse
En paralelo, la investigación ordenó revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio. Grandio mantiene una relación cercana con Adorni y lo acompañó en un viaje reciente a Punta del Este en un avión privado.
El produtor está vinculado a la productora ImHouse, que habría celebrado contratos con la Televisión Pública. Ese organismo depende de la órbita de la Jefatura de Gabinete, el área que conduce Adorni.
La medida judicial incluye el análisis de los contactos de Grandio tanto con Adorni como con otros involucrados en la estructura societaria de la productora.
El objetivo es determinar si existió algún tipo de conflicto de interés o beneficio irregular vinculado a la contratación pública.
Cómo avanza el levantamiento del secreto fiscal en organismos provinciales
La medida judicial abarca requerimientos de información tanto a nivel nacional como provincial. Si bien previamente se había dispuesto el levantamiento del secreto fiscal en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ahora se amplió el alcance hacia organismos provinciales.
En esas jurisdicciones, la normativa exige autorizaciones específicas que deben tramitarse por separado.
El objetivo es obtener una radiografía completa de los movimientos económicos del funcionario, incluyendo ingresos por salarios públicos, gastos corrientes, mantenimiento de los inmuebles bajo su titularidad, y cualquier otro movimiento financiero relevante.
La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y análisis de documentación. El levantamiento del secreto fiscal aparece como una herramienta clave para determinar si hubo inconsistencias patrimoniales.
También busca establecer si existieron posibles irregularidades en el manejo de fondos por parte del funcionario y su entorno familiar. Los plazos procesales dependerán de la respuesta de los organismos requeridos.